Informe. Defender los derechos humanos en México: entre la omisión y la simulación - Junio de 2021 a mayo de 2022

RESUMEN EJECUTIVO

Las cifras de este informe son el resultado de las violaciones de derechos humanos que fueron cometidas por el Estado mexicano en contra de las personas defensoras de los derechos humanos durante el periodo que va del 01 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022. Lo que quiere decir que la información contenida en este texto da cuenta de las cifras de personas, organizaciones y comunidades que, por ejercer o defender uno o varios derechos humanos, fueron agredidas, detenidas de manera arbitraria, encarceladas, ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidas de manera forzada en México durante el periodo indicado.

El presente informe es realizado por las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C., el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, organizaciones formadas por personas solidarias y voluntarias que, como monitores de derechos humanos capacitados por el Comité Cerezo México, tienen los conocimientos necesarios para identificar una violación a los derechos humanos, así como para realizar el registro inicial de los eventos y actos de esta naturaleza. Los monitores, de manera voluntaria y solidaria, realizan también la búsqueda hemerográfica y de otras fuentes públicas para completar los registros, por ello, como cada año, debemos reconocer que, sin este trabajo solidario, sería imposible realizar esta gran labor de documentación de violaciones a los derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos en México.

En el presente informe sólo se documentan los casos que cumplen con los siguientes criterios: las víctimas deben ser personas defensoras de derechos humanos, mientras que el perpetrador o perpetradores deben ser (por comisión, omisión o aquiescencia) agentes del Estado mexicano, y los hechos que constituyen la violación a los derechos humanos deben ser consecuencia de la denuncia política o defensa de los derechos humanos que realizaba la víctima. Esto quiere decir que en nuestro país existen muchos otros casos de desaparición forzada, detención arbitraria, ejecución extrajudicial y otras violaciones de derechos humanos en contra de la población en general y de sectores en específico que no aparecen reflejados en este informe debido a que nuestro análisis se centra en los mecanismos de represión política estatal. También debemos señalar que no documentamos actos cometidos por particulares sin la aquiescencia del Estado, ya que registrar todo tipo de agresiones diluye la responsabilidad del Estado o pone en el mismo nivel de agresión a otros particulares que no tienen, ni tendrán, la misma capacidad del Estado para agredir y mantener la impunidad y, además, lo que es más importante, no tienen obligación de respetar y proteger los derechos humanos en México.

Seguimos afinando nuestra metodología y trabajo, lo que nos permite dar cuenta de quiénes son los beneficiarios de las violaciones a los derechos humanos que se cometen contra las personas defensoras, así como tener un registro de cuál es el principal derecho humano que las víctimas defendían. Esto hace posible que se puedan analizar, de modo más detallado, las estrategias y tendencias represivas del Estado mexicano.

A lo largo de los 12 meses que abarca el informe, ACUDDEH nos indica que hubo 118 eventos que violaron los derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos, en ellos se cometieron 203 actos que implicaron otras violaciones a los derechos humanos (que no son detención arbitraria, ejecución extrajudicial ni desaparición forzada) contra personas defensoras de derechos humanos en México. Estos 118 eventos afectaron a 39 organizaciones, 28 comunidades, 48 personas y 3 familiares. Los datos de estas otras violaciones a los derechos humanos cometidas contra las personas defensoras de los derechos humanos nos muestran que su uso se despliega, preferentemente, para atacar a aquellas personas que ejercen y defienden el Derecho humano a la protesta, además es evidente que los principales perpetradores de estos actos son las Policías de las entidades federativas que mantienen preferencia por las mismas clases y tipos de agresiones, hostigamientos y amenazas que caracterizaron la estrategia represiva de los sexenios anteriores.

Asimismo, durante el periodo documentado, hubo 307 actos de detención arbitraria, cuyo blanco y objetivo principal fue desarticular el ejercicio y la defensa del Derecho humano a la protesta. Además, en ese mismo periodo de tiempo 28 personas fueron víctimas de ejecución extrajudicial; y 19 personas fueron víctimas de desaparición forzada. Como se detalla en el informe, el uso de la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada se utiliza como una estrategia represiva de desarticulación y aniquilamiento en contra de los defensores del Derecho humano a la protesta, a la vida digna y al territorio. Además, los perpetradores de estas dos graves violaciones a los derechos humanos son los Policías de entidades federativas y municipales y los grupos paramilitares vinculados a los gobiernos de las entidades federativas, al Ejército y a la Guardia Nacional.

Nos interesa insistir en el hecho de que la disminución del uso de estos mecanismos de represión política está muy lejos de ser suficiente ante lo que el pueblo organizado necesita luego de los dos sexenios anteriores en que se lanzó una guerra en contra de todo aquel que se organizara para defender la vida digna. Como se muestra en las conclusiones de cada uno de los apartados de este informe, el Gobierno Federal ha desplegado también una estrategia de omisión ante las graves violaciones a los derechos humanos del pasado inmediato y una política de simulación para con los Derechos a la memoria, la verdad y la justicia de las víctimas que, al menos de 2000 a 2018, sufrieron graves violaciones a los derechos humanos. Al mismo tiempo, despliega un discurso que justifica su omisión ante las graves violaciones de derechos humanos que, justo ahora mismo, se cometen en entidades federativas y municipios que están en manos de gobiernos no emanados del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), pero también ante las excepciones de entidades federativas como Chiapas, Michoacán y Puebla en donde sí gobierna MORENA.

A esto se agregan las deficiencias, resultado de la falta de voluntad política, de la Ley de Amnistía que no ha permitido la salida de ningún preso por motivos políticos, como de la Ley en contra de la desaparición forzada, así como la reticencia del Gobierno Federal para aprobar la propuesta de Iniciativa que contiene el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6º y 73 constitucional y proyecto de ley general para respetar, proteger, garantizar y promover los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y personas periodistas elaborada por ACUDDEH, con lo que no hacen sino olvidar y desamparar a las personas que, como parte del pueblo organizado, lucharon en contra de la profundización de las medidas neoliberales, y a favor de un México más democrático, uno en el que pudiera llegar al poder, incluso, un partido que se autonombra de izquierda.

Los datos muestran claramente que el Gobierno Federal no ha cumplido con las responsabilidades que tiene con respecto a los Derechos a la memoria, la verdad y la justicia de las víctimas de graves VDH, responsabilidades que no sólo emanan de lo indicado en los instrumentos internacionales, sino de la responsabilidad moral que tiene ante el pueblo de México.

Así, si bien la disminución, en general, de los números en las graves violaciones a los derechos humanos en contra de las personas defensoras, con respecto al sexenio anterior, implica un cambio positivo; existen dos elementos preocupantes en el periodo que abarca este informa: por un lado, el aumento, frente a años anteriores del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, del número de actos en el uso de ciertos mecanismos de represión política, así como el mantenimiento de ciertas estrategias que ya se habían observado en sexenios pasados; y, por el otro, la simulación, la mantenida omisión y la falta de compromiso para con graves violaciones a los derechos humanos ocurridas fuera de su periodo de mandato e incluso dentro de él pero en entidades federativas donde el Gobierno Federal excusa no poder intervenir lo que es, a fin de cuentas, una forma callada y silenciosa que también perpetúa la impunidad, esa sombra oscura que, como hemos insistido, informe tras informe, es el caldo de cultivo que permite que las graves violaciones de derechos humanos se sigan perpetrando.

Comité Cerezo México