El PRI a sus 93: descrédito, aliancismo y disputa interna

El PRI, con sus antecedentes el PNR y el PRM, llegó a 93 años en el descrédito, la disputa de sus facciones internas y un escenario poco halagüeño para las elecciones por venir pese a la alianza con sus rivales históricos, el PAN y el PRD, empequeñecidos también desde 2018, en el caso del tercero, subsistiendo apenas.

El descrédito es producto de un último gobierno plagado de ilegalidad, de corrupción desbordada, que potenció los vicios del añejo autoritarismo. Muy temprano, en 2014, vio perdida su segunda oportunidad histórica, con la desaparición de los 43 muchachos de la normal de Ayotzinapa y el escándalo de la “Casa Blanca”, casos emblemáticos de lo que en distintos niveles significó el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Durante el sexenio de Peña Nieto, las detenciones arbitrarias de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, afectaron a casi 3 mil personas. Hablamos de defensores del medio ambiente, del territorio o de un derecho social, es decir, dirigentes sociales o políticos no necesariamente adheridos a un partido formal, frente a un Estado que cobró la vida por acción, omisión o aquiescencia de al menos 183 personas y motivó la desaparición de unas 111 personas más.

El total es abrumador: cerca de 6 mil episodios de represión, claramente identificable como violación de derechos humanos, conforme a los datos recabados en esos años por el Comité Cerezo México, organización que emite un informe anual sobre el proceso represivo con acciones, nombres y fechas plenamente identificables.

La dimensión es enorme y abrumadora, en especial porque hablamos de una mayoría de víctimas que lo fueron en una correlación con el avance de megaproyectos de infraestructura, actividades extractivas energéticas o mineras y políticas públicas que intentaron imponerse bajo la argucia de implementar un tinglado de leyes favorecedoras de negocios al amparo del poder que se nos presentaron como “reformas estructurales” surgidas del llamado “Pacto por México”. Es decir, negocios sucios y represión, todo aparejado.

La diferencia de los regímenes del pasado hegemónico que fue hasta el fin del siglo XX, es que ese partido siendo gobierno entonces acudió con brutalidad y de manera masiva a la represión para garantizar la conservación del poder, mientras que, con el nuevo PRI de regreso en diciembre de 2012, el proceso represivo fue desmasificado, focalizado a los lugares donde se impedía el avance de los negocios de la elite mexiquense y sus asociados privados.

Esos asociados privados, muchas veces trasnacionales que incorporaron en sus directorios a políticos en retiro pero bien conectados, suelen quedar fuera de las revelaciones de corrupción, excepción hecha de Odebrecht, OHL (hoy Aleática), Grupo Higa y unas cuantas firmas más que, sin embargo, al quedar expuestas fueron suficientes para generar la decepción, el hastío, la indignación.

Quizás por lo anterior suenan tan huecas las denuncias de corrupción contra el gobierno actual, aun cuando haya bases para hacerlas, si estas proceden de aquellos que contribuyeron a mantener el mal gobierno y de eso se sirvieron.

Quizás por eso, la alianza con el PAN y el PRD, nacidos para oponerse al autoritarismo del pasado, sea hoy percibida como confirmación de añejos pactos de impunidad, protagonistas de una simulación democrática y falsarios que, ahora en la derrota, abrazan causas ahí donde siempre agraviaron, por ejemplo, la de la libertad de expresión.

Así, devino la bancarrota electoral con la que el PRI sucumbió en 2018 y fue perdiendo terreno hasta hoy. Empero, camaleónico, se adapta en un papel legislativo que se asocia a veces al partido gobernante, condiciona lo que le queda de valor y esgrime, cuando no la frivolidad “del presidente más guapo”, la idea de un pensamiento revolucionario cuyo ciclo hace mucho tiempo se agotó.

No obstante, ese valor legislativo y una cierta representación, así sea atenuada, es vigente hoy y, por lo tanto, es botín atractivo para facciones que no pueden ni por asomo conseguir el salto a Morena y la nueva aproximación hegemónica que avanza a cada proceso electoral.

Y es que los priístas no transitan sin liderazgo claro y contundente, ya no digamos identificable en el añejo presidencialismo, sino al menos en un perfil, un gobernador, un dirigente que conmine a la unidad de los feudos subsistentes. Su presidente nacional, Alejandro Moreno, no convence y es recriminado por la lógica de facción, mientras que otra facción lo pone en aprietos por su efectividad en el manejo de la comunicación política y el marrullerismo.

La facción se alza en conflicto con la figura interna del exgobernador oaxaqueño Ulises Ruiz y otros veteranos, mientras en lo externo, se presenta batalladora eficaz a través de Latinus. Esas dos expresiones conducen a un perfil apenas visible, como lo es Roberto Madrazo Pintado.

Pd.- La muerte de Pedro César Carrizales Becerra, “El Mijis”, es episodio doloroso. Pocas veces en la historia política del país, los representantes de los estratos más amplios de la sociedad, han podido llegar a la escena nacional muy a pesar de la discriminación, la ofensa y el clasismo imperantes. Muchas dudas por responder, pocas voces exigiendo respuestas y menos tomadores de decisiones comprometidos por alcanzar la verdad. Abrazo solidario a los suyos.

Por: Arturo Rodríguez García

COLABORADOR HERALDO RADIO

@ARTURO_RDGZ