La defensa de la tierra y la lucha por la libertad
Comité Cerezo México
La lucha por defender la tierra y el territorio en el estado de Chiapas comenzó un nuevo ciclo con la llegada al poder del actual gobernador Rutilio Escandón Cadenas, en el 2018, bajo el manto del partido Morena.
En febrero de 2019 las autoridades de ese estado iniciaron una campaña que nombraron “Programa Seguridad y Justicia para reivindicar los derechos de propiedad y posesión de las y los chiapanecos” [1]; en esa fecha, el actual diputado federal por el partido Morena Jorge Luis Llaven Abarca, hizo el anuncio como Fiscal General del estado de Chiapas.
Los resultados de dicho programa, hasta el 04 de noviembre de 2019 eran, según el mismo funcionario, la realización de 65 operativos donde han participado elementos de distintas corporaciones estatales y federales y la cantidad de tierras recuperadas había sido hasta esa fecha, de 7 mil 798 hectáreas.
Este fue el contexto en el cual se dio la detención de Javier González Díaz, en Villa de las Rosas, el día 17 de julio de 2019. Javier fue detenido y torturado por la policía municipal y entregado a las autoridades penitenciarias; hasta hoy, noviembre de 2021, Javier sigue preso en espera de su libertad.
El día 28 de septiembre de 2019, detuvieron en el municipio de Chiapa de Corzo a Armando Hernández Sánchez; al igual que Javier fue torturado antes de ser trasladado al penal de El Amate y el día 21 de octubre de ese mismo año, Asunción Gómez Sánchez y su esposo Venturino Torres Escobar fueron detenidos en Tuxtla Gutiérrez por la policía municipal. Todos los detenidos que nombramos tienen en común su militancia en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), en defensa de la tierra, pues todos luchan por el respeto a la posesión colectiva de la misma y la defensa activa del territorio, ejerciendo su derecho a la protesta social.
Después de dos años de lucha, Armando, Asunción y Venturino lograron su libertad el 11 y el 29 de octubre de 2021 respectivamente.
Los casos de los campesinos integrantes del FNLS son un ejemplo de cómo la lucha por la tierra y el territorio se combina con la lucha por un proyecto político diferente al enarbolado por el gobierno federal: frente a la política económica que pretende construir un Estado de Bienestar dentro de los marcos del capitalismo, los pueblos campesinos e indígenas organizados bajo la bandera del FNLS luchan por la construcción del socialismo.
Escrito así parecería que nos ubicamos en los tiempos del gobierno de Lázaro Cárdenas, pero no es así; lo que sí refleja esta problemática del estado de Chiapas es una visión de futuro que se construye como solución a los problemas del presente.
En Chiapas se expresa una realidad que se vive en menor o mayor medida en todo el país; una minoría de empresas acapara las mejores tierras para la producción y esas tierras no son destinadas para la producción de alimentos básicos que garanticen la soberanía alimentaria, sino que son destinadas a producir productos destinados a la exportación.
Una de las soluciones ejecutadas por el gobierno federal para impulsar la producción de granos básicos y leche ha sido establecer precios de garantía para los pequeños productores; de hecho, esos precios se elevarán el año 2022. Por ejemplo, la tonelada de maíz será adquirida por Seguridad Alimentaria Mexicana a un precio de 6, 060 pesos y la de frijol a 16 mil.
Pero lo que cuestiona la organización de campesinos e indígenas que luchan por el socialismo es si la solución más efectiva para lograr la soberanía alimentaria es el apoyo a la pequeña propiedad o, por el contrario, el apoyo a la propiedad y producción colectiva de la tierra. Incluso en el proyecto Cardenista, la propiedad colectiva de la tierra en forma de ejido o bienes comunales se incentivó por medio del reparto agrario; quienes se resistieron a dicho reparto fueron los grandes caciques que utilizaron a las guardias blancas y una parte del ejército para someter la aspiración campesina de la tierra. Los campesinos se organizaron y formaron Ligas Agrarias para defenderse de los ataques.
Esta confrontación es la que de facto se vive en Chiapas: los caciques eternos utilizan en la actualidad a los grupos paramilitares, a la policía del estado y municipales para golpear al movimiento campesino e indígena que lucha por defender la tierra, recuperada a los caciques desde la década de los setenta. Es más, los grupos caciquiles en el poder del estado y representados por Rutilio Escandón Cadenas, utilizan el discurso de la Cuarta Trasformación para legitimar sus intereses económicos y su ofensiva contra todo el movimiento popular; no hay organización que no haya sufrido el ataque paramilitar, sea el movimiento legal o el armado, como es el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que el 13 de octubre de 2021, sus bases de apoyo de la comunidad autónoma de Moisés Gandhi fueron atacadas por el grupo paramilitar de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO).
En Chiapas se expresa una realidad que se vive en menor o mayor medida en todo el país; una minoría de empresas acapara las mejores tierras para la producción y esas tierras no son destinadas para la producción de alimentos básicos que garanticen la soberanía alimentaria.
En el caso del FNLS, el grupo paramilitar de “Los Petules” ha sido el encargado de ejecutar las desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales contra miembros de dicha organización. Mientras el gobierno federal hace malabares políticos y resuelve el dilema de Estado de bienestar capitalista o socialismo a favor del capitalismo, el gobierno del estado de Chiapas mantiene a Javier González Díaz en prisión y en espera de justicia. •