ONU-DH alerta sobre el incremento de ataques contra activistas que participan en manifestaciones

La oficina en México de la ONU-DH alertó sobre el incremento de ataques contra activistas que participan en manifestaciones, de manera particular mujeres y adolescentes.

Por Gloria Leticia Díaz
martes, 24 de agosto de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El representante adjunto de la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jesús Peña Palacios, alertó sobre el incremento de ataques contra activistas que participan en manifestaciones, de manera particular mujeres y adolescentes, así como el uso de redes sociales para desacreditar a personas defensoras de derechos humanos.

Durante su participación en la presentación del informe “Defender los Derechos Humanos en México: Sin Verdad y sin Justicia no hay transformación”, realizado por Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (Acuddeh) y el Comité Cerezo, Peña Palacios coincidió en que la violencia contra manifestantes es uno de los rasgos preocupantes durante los últimos meses que reporta el documento, en el que se detectaron 441 actos de detención arbitraria, “cuyo blanco y objetivo principal fue desarticular el ejercicio y la defensa del derecho humano a la protesta”, incrementándose el número de mujeres detenidas.
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“Desde la ONU-DH hemos documentado incidentes preocupantes en ese contexto, como es el aumento significativo de ataques hacia mujeres y adolescentes en el marco de las protestas, incluso en las protestas feministas”, resaltó.

Dijo que lo que la justificación que las autoridades han dado para ejercer el uso de la fuerza es “por la alteración del orden, por la molestia a terceros, por el carácter no pacífico de ciertos elementos que participaban en la manifestación”, argumentos que no están contemplados en los estándares internacionales de derechos humanos.

Apuntó que si bien el informe de Acuddeh en su décima edición, que contempla el periodo de junio de 2020 a mayo de 2021, no consideró los ataques cibernéticos, la oficina de la ONU-DH detectó que por la pandemia “se han agudizado los ataques en línea; no podemos olvidar esa otra modalidad que también ha contribuido a la deslegitimación y a la estigmatización de la importante labor de las personas defensoras de derechos humanos”.

El diplomático recordó que el Estado “tiene la obligación de proteger, facilitar y no obstaculizar el derecho de manifestación pacífica, que constituye una piedra angular de toda democracia participativa, en la cual todas las voces de la sociedad pueden y deben expresarse”.

Peña Palacios resaltó que si bien la metodología del informe para llevar el registro de abusos cometidos contra defensores difiere de la que utiliza ONU-DH, “compartimos preocupaciones por la difícil situación que estas cifras reflejan”.

De la numeralia que muestra el informe, alertó sobre el incremento de violaciones graves a derechos humanos contra defensores, como las 18 ejecuciones extrajudiciales, frente a nueve cometidas en el periodo anterior, así como 21 desapariciones forzadas, contra cinco del año anterior del análisis, aunque también considera algunas disminuciones en otro tipo de abusos “en lo que va del sexenio de López Obrador, como desalojo, golpes o disparaos con armas de fuego, junto con hostigamientos o amenazas”.

Asimismo, destacó que la tendencia es que la mayor parte de las violaciones a derechos humanos contra defensores fueron cometidas por autoridades de los estados y no del gobierno federal.

Alertó que ante “esta disminución positiva, hay la tentación de autoridades federales de atribuir la violencia contra personas defensoras a autoridades de las entidades federativas, a actores locales o al crimen organizado, y este discurso parecería llevar al Estado mexicano a exonerarse frente a violaciones, lo que consolidaría una impunidad preexistente como uno de los principales factores de la perpetración de los principales abusos cometidos contra las personas defensoras”.

Peña Palacios puntualizó que para la ONU-DH “la impunidad es uno de los principales motores de la violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos”, y aunque reconoció “avances en casos que gozan de una mayor visibilidad, las cifras conocidas públicamente nos indican que más de 90% de los crímenes cometidos en México siguen en la impunidad o siguen sin resolverse”.

Concluyó que esta baja de enjuiciamiento y de crímenes también contra personas defensoras de derechos humanos “envía un mensaje peligroso de que tales crímenes tienen cero consecuencias, creando un entorno propicio para nuevas violaciones e ir socavando las aspiraciones generales de derechos humanos en México”.