La represión en tiempos de la 4T

El autoritarismo mexicano está vigente y se expresa en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, detenciones arbitrarias y numerosas agresiones que en distintas modalidades padecen dirigentes sociales por todo el país

Arturo Rodríguez García / Notas sin Pauta / Opinión El Heraldo de México

El autoritarismo mexicano está vigente y se expresa en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, detenciones arbitrarias y numerosas agresiones que en distintas modalidades padecen dirigentes sociales por todo el país.

Desde el inicio del sexenio y hasta mayo pasado, unas 71 personas fueron asesinadas; hay al menos 35 desaparecidos con motivación política, además de que hubo cientos de detenciones arbitrarias y agresiones varias.

La dimensión abruma porque la cantidad de violaciones a derechos humanos cometidas contra personas que defienden el ejercicio de un derecho fundamental refleja la calidad de la democracia en un país.

Hace un mes la numeralia del proceso represivo se colocó con inusitado interés en la discusión pública, algo quizás explicable en el intento de contrastar las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre no reprimir opositores contra la realidad que han padecido cientos de víctimas.

Ahora bien, desde hace diez años el Comité Cerezo México, emite su informe anual sobre represión, un documento de enorme valor que, el próximo 24 de agosto difundirá por lo correspondiente al último año. Con interés profesional he seguido el informe cada año (que solía pasar inadvertido para la mayoria de los medios y aun más para actores políticos) y, en el contexto actual, es preciso observar que, aun siendo grave que una sola persona muera, desaparezca, vaya a la cárcel o sea agredida físicamente, hostigada, amenazada o intimidada, el contraste con el pasado es necesario.

Por ejemplo, en los primeros dos años y medio del gobierno de Enrique Peña Nieto hubo 78 desapariciones forzadas; en el mismo período con López Obrador van 35 casos. En cada modalidad la disminución es considerable.

Hay un primer factor destacable en esto: las principales agresiones documentadas reflejan que los perpetradores son principalmente agentes de gobiernos municipales o estatales, con una disminución importante de participación federal. Segundo, que además de quién sea el perpetrador hay condiciones de modo, tiempo y lugar que reflejan como beneficiarios a poderes estatales, municipales y entidades privadas, cuando en los sexenios pasados era el federal.

Un tercer elemento es el incremento de víctimas mujeres, especialmente en agresiones y detenciones arbitrarias, cuya represión se inserta en las movilizaciones feministas y se suma a la persistente persecución a normalistas, siendo dos de los grupos más grandes objeto de violación de derechos humanos.

Estos tres aspectos permiten observar que es cierto —como dice López Obrador— que su definición política renuncia a la represión, aunque eso no necesariamente permea en otros miembros de Morena, pues en gobiernos municipales y estatales emanados de esa formación, la represión campea.

El caso más destacado es Chiapas, que gobierna Rutilio Escandón con la mano muy pesada cuando se trata de mujeres, estudiantes y campesinos indígenas, como también ocurre en Puebla, gobernado por Miguel Barbosa.

Inclusive hay conexiones: Escandón encarceló a un centenar de normalistas de Mactumactzá, mientras que, en el contexto de la represión barbosista a los normalistas de Teteles, hubo dos ejecuciones extrajudiciales. Pero el talante represivo no tiene distingo partidista y sea en el Michoacán de Silvano Aureoles, en el Oaxaca priísta de Alejandro Murat, en el panista de Guanajuato que encabeza Diego Sinhue Rodríguez, lo mismo que en el emecista de Jalisco, Enrique Alfaro, el acumulado de víctimas es alarmante.

Y si bien, en los casos mencionados destaca que la represión se ejecuta para imponer una política pública o por la incomodidad que les provoca la movilización social, especialmente la feminista, el grueso de represiones en el país tiene un componente:

La imposición de proyectos mineros a diferencia del sexenio pasado cuando la causa de represión era la oposición a megaproyectos energéticos y de infraestructura.

Es cierto, López Obrador no parece tener inclinaciones represoras aunque si deben hacerse dos apuntes adicionales en lo que el informe del Comité Cerezo se hace público: Uno es que el presidencial desbordamiento discursivo suele estigmatizar movimientos sociales y periodistas, poniendo así las condiciones para que las agresiones sucedan por lo que, si es auténticamente democrático se debería atemperar.

Lo otro es que no debe ser omiso en la atención de las diferentes modalidades de agresión que implican a grupos paramilitares como hasta ahora lo ha sido.

POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

COLABORADOR HERALDO RADIO

@ARTURO_RDGZ