El Frente Nacional de Lucha por el socialismo es una de las organizaciones que ha sufrido de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y hostigamiento.
Por: Nayeli Valencia | 11 julio, 2021
Armando Hernández Sánchez no prestó mucha atención a la combi blanca estacionada cerca del lugar donde toma el autobús hasta que estuvo en ella. Ese 28 de septiembre de 2019 no llegó a casa después de trabajar como obrero de la construcción. Hombres vestidos de civil lo sujetaron por detrás, lo golpearon y le cubrieron los ojos.
El siguiente lugar en donde estuvo fue un cuarto oscuro. Ahí continuaron las patadas y empezó la tortura. Envuelto en una cobija y atado de pies y manos, por momentos, sintió cómo se ahogaba. Los hombres continuaban con el interrogatorio: “¿Quiénes son sus líderes?”. Le enseñaban fotografías y pedía reconocer a las personas que estaban en ellas.
Armando Hernández Sánchez no tenía nada qué decir. Cuando no se desempeñaba como trabajador de la construcción, laboraba en la siembra, en boteos informativos, mítines, marchas o cumplía responsabilidades como Comisario Ejidal del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, organización a la que pertenece.
De acuerdo con su hija, Blanca Mariela Hernández González, ser parte del FNLS significa ser personas políticas, donde con sus capacidades, disposición y voluntad las desarrollan con base en las tareas de la organización: “En ella aprendemos a perder el miedo, a conocer la realidad en la que vivimos y a comprender la necesidad de organizarnos y luchar de manera independiente”.
En Chiapas, el FNLS arrebató tierras a grandes terratenientes porque vivían acasillados. “El gran triunfo es haber logrado una tierra para vivir, para trabajar, para lograr una vida digna por lo menos”, señala Francisco Cerezo, del Comité Cerezo México, organización que surge en agosto de 2001 tras la detención de sus hermanos Alejandro, Héctor y Antonio y de los coacusados Pablo Alvarado Flores y Sergio Galicia Max.
Francisco recuerda que el Frente surgió de varias organizaciones que apoyaron la libertad de sus hermanos. Ahora colaboran desde los derechos humanos documentando ejecuciones extrajudiciales, hostigamiento, casos de tortura y detenciones arbitrarias, como el caso de Armando Hernández Sánchez.
El de Armando es uno de los cuatro casos de detenciones arbitrarias con delitos y procesos fabricados del FNLS en Chiapas, señala Francisco Cerezo: “Lo que hemos visto es que desde el gobierno federal sí hay una orden de no represión, no así desde el ámbito local”.
Para el defensor de derechos humanos la lógica represiva es la misma porque, pese a que en Chiapas gobierna Rutilio Escandón, de Morena, “son los que habían ganado como Partido Verde, los que habían ganado como PRI, son exactamente lo mismo, entonces las lógicas represivas son exactamente igual que en el pasado”.
Esas lógicas han hecho el proceso jurídico de Armando Hernández “amañado” porque no respetaron su debido proceso, dice su hija Blanca Mariela Hernández:
“Los fiscales basan sus fuentes en la declaración de un sujeto, quien asegura haber escuchado los nombres de diez personas con apellidos y cargos, hecho que demuestra la complicidad de las autoridades para mantenerlo el mayor tiempo posible en la cárcel y prolongar su proceso jurídico como una forma de castigo”.
De acuerdo con la organización, la Fiscalía General del Estado de Chiapas utiliza el recurso de “prórrogas” en la investigación complementaria, para mantener privado de su libertad a Armando en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados, CERRSS, 14 en el municipio de Cintalapa.
En tanto, la comunidad se hace cargo de las necesidades de la familia de Armando, de quien dependen económicamente su esposa y cuatro hijas menores de edad. Es que en el Frente todo funciona y lo enfrentan de manera colectiva. Hay comisiones para la siembra, la resolución de problemas, para ver quién está a cargo de niños y niñas cuando integrantes de la organización salen a protestar.
Chiapas, la lucha por la tierra y el paramilitarismo
Chiapas retumbó en el mundo, sobre todo, a partir de 1994 con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces el Estado utilizó a grupos de confrontación que rodearon la zona zapatista, la llamada contrainsurgencia. Su objetivo es aniquilar o contener la lucha de organizaciones sociales que defienden el territorio, señala Francisco Cerezo.
En el caso del Frente la confrontación se hace en los municipios de Ocosingo y Venustiano Carranza a través del grupo llamado “Los Petules”, a quienes han denunciado ante el gobierno local por homicidios y hostigamiento sin ninguna respuesta. Aunque el hostigamiento también lo cometen policías estatales o del ejército en retenes o rondines en las carreteras que pasan por sus comunidades.
“Eso es con la intención de contener la lucha que impulsamos con la organización porque nos hemos caracterizado por ser independientes y abrazar demandas de justicia, es el caso de la solidaridad con los familiares de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, quienes fueron detenidos desparecidos el 25 de mayo de 2007 en el estado de Oaxaca”, señala Blanca Mariela Hernández.
Desalojos, gente vestida de civil que empieza a vigilar la zona, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones son parte de las acciones documentadas contra el FNLS por el Comité Cerezo México.
“Lo difícil es poder demostrar que un grupo es militar, sin embargo, por la documentación de contexto que se ha hecho durante muchos años es la denuncia de otras organizaciones que han sido atacadas por estos mismos grupos… Aunque este hecho de campesinos o indígenas pues es un grupo que fue creado por el Estado, entrenado por militares y que funciona, para golpear a organizaciones. En este caso Los Petules incluso hay familiares del FNLS y por eso lo toman como peleas intracomunitarias o intrafamiliares”, menciona Francisco Cerezo.
Aunque el Frente no sólo se aglutina en Chiapas, tienen integrantes en Puebla, Michoacán, Hidalgo y Veracruz, estado donde la represión es sintomática porque no los detienen militares vestidos de civil ni de forma violenta, tampoco hay tortura, como en Chiapas; e inmediatamente los llevan al Ministerio Público. Es decir, cuidan todo para que desde los derechos humanos no puedan denunciar los hechos, aunque al no presentar orden de aprehensión ya se considera una detención arbitraria.
Para estas organizaciones se normaliza la violencia en su contra. Para ellos estar preso y pasar de entre dos y siete años privados de su libertad por motivos políticos es “tener suerte” porque saben que pudieron ser ejecutados extrajudicialmente o desaparecidos.
“Entonces terminar en la cárcel dicen no pues es lo mejor y luego tener pocos años en la cárcel dicen no pues fue de maravilla… Eso no quiere decir que no tengan miedo a ser detenidos, torturados, estar en la cárcel, pero puede más su defensa del territorio, su tejido social fuerte e ideológico que les permite sobrevivir a este tipo de situaciones sin que se disuelva su organización e incluso se vuelve más fuerte”, señala Francisco Cerezo.
¿Qué dice Armando de su detención?
“Que es injusta, no debería estar ahí, el responsable de que esté preso es el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, quien a través de sus cuerpos policíacos me ha torturado, amenazado de muerte y hecho preso por delitos que no cometió, éstos son fabricados por pertenecer al FNLS y defender el legítimo derecho a la posesión de la tierra”, dijo Armando a Aguamala.
La lucha por la tierra en el FNLS los ha llevado a tener ejecuciones extrajudiciales, como el caso de Humberto Morales Sántiz en 2017; víctimas de desaparición forzada, como el caso de Fidencio Gómez Sántiz en 2016; cinco intentos de ejecución extrajudicial en la Ciudad de México en 2015, así como prisión por motivos políticos, como el caso de Javier González Díaz (2019), Armando Hernández Sánchez (2019), Asunción Gómez Sánchez (2019), Venturino Torres Escobar (2019), Leobardo Reyes Meza (2020) e Higinio Bustos Navarro (2021).