Con informe, contradicen dicho de «nosotros no reprimimos» de López Obrador

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 10%

Por Redacción Yessica Morales
18 noviembre, 2020

*Durante el periodo del 01 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2020 en Chiapas sucedieron 15 eventos que implican 204 actos de otras violaciones de Derechos Humanos, en especial aquellos quienes ejercieron su derecho humano a la protesta, pues fue el mayor número de víctimas.


Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A. C., Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada presentaron el informe “Defender los derechos humanos en México: La impunidad no Termina. Informe junio de 2019 a mayo de 2020, caso Chiapas” donde documentan el contexto y situación de violaciones a los derechos humanos cometidas contra personas defensoras de derechos humanos.

Las organizaciones, mencionan que los casos recogidos en el documento son de aquellos que cumplieron con todos los siguientes criterios: las víctimas son personas defensoras de derechos humanos, el perpetrador es del Estado mexicano y los hechos son consecuencia de denuncia política o defensa de los derechos humanos que realizaba la víctima.

Añadieron que, en Chiapas existen muchos otros casos de desaparición forzada, detención arbitraria, ejecución extrajudicial y otras violaciones de derechos humanos (VDH) en contra de la población en general y de sectores que no aparecen reflejados en el informe debido a que el análisis se centra en los mecanismos de represión política estatal.

Puntualizan que documentaron actos cometidos por particulares sin la aprobación del Estado, ya que registrar todo tipo de agresiones disuelve la responsabilidad del Estado o pone en el mismo nivel de agresión a otros particulares que no tienen, ni tendrán, la misma capacidad del Estado para agredir y mantener la impunidad.

Las organizaciones citan una frase de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República “Nosotros no reprimimos”, sin embargo, mencionan que lo que sucede en Chiapas lo contradice.

Asimismo, exponen que Rutilio Escandón, Gobernador del Estado proviene de las dinastías familiares que han gobernado por cientos de años, es decir, que la estructura represiva se mantiene, en particular la ejercida por grupos paramilitares.

Estos grupos han sido la mano siniestra de gobiernos anteriores y que por complicidad están aliados actualmente a gobiernos estatales, tanto de los provenientes de partidos de la oposición de derecha como de MORENA, como es el caso de Chiapas, mencionan las organizaciones.

Señalan la agresión represiva que ha vivido el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), no sólo en Chiapas, pero es aquí donde uno de sus integrantes fue ejecutado de manera extrajudicial por parte de grupos paramilitares y otro fue desaparecido de manera forzada por policías municipales, estas violaciones a derechos humanos son consideradas graves por sus efectos.

Documentamos un caso de ejecución extrajudicial, contra un integrante del FNLS. Los perpetradores de esta grave violación a los derechos humanos fueron paramilitares, es decir, el propio Estado buscó disminuir el costo político a través de particulares que actúan bajo su aquiescencia, acentúan las organizaciones.

Resaltan que, el FNLS, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Movimiento Campesino Regional Independiente, adherido a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (MOCRI-CNPA) han tenido mayores víctimas de esta grave violación a los derechos humanos, con un 19% de los casos cada una.

Desaparición Forzada

Las organizaciones dan a conocer que, de 2014 a mayo de 2020, el estado tiene el registro de 7 casos de desaparición forzada, sin embargo, no significa que disminuyera la represión, pues señalan que, el Estado utilizó otros mecanismos de represión política como desalojos y detenciones arbitrarias.

Los casos del informe arrojaron registro de una desaparición forzada en contra un integrante del FNLS, la organización con el mayor número de víctimas desde el año 2014 hasta la fecha, con el 72% de los casos cometidos en Chiapas.

La CNTE y la Unión Campesina Democrática UCD son las otras dos organizaciones con víctimas de desaparición forzada, con 14% de los casos cada una.

Detención arbitraria

El informe señala la documentación de 33 actos de detención arbitraria cometidas en el Estado, un 99% corresponden a presos de conciencia y solo tienen el registro de una detención injusta asociada a motivos políticos, así mismo, casi la totalidad de las personas que fueron está afiliada a alguna organización.

Resaltan que, el 91% de las detenciones arbitrarias se les ha imputado delitos del fuero común y ninguno del fuero federal, así como, la documentación de 12 casos en los cuales la detención fue cometida mediante aprobación y por órdenes del agente rural, pero sin que se levantaran cargos, implicando la liberación de los detenidos.

Asimismo, mencionan que, del total de detenciones arbitrarias documentadas, 13 de las víctimas de detención arbitraria permanecen en la actualidad en prisión, el equivalente al 39% de los casos.

or otro lado, respecto al sexo de las víctimas de detención arbitraria observaron que, el mayor porcentaje corresponde a hombres.

Las organizaciones comparten que, a nivel nacional han documentado que, desde hace dos años, el uso de la detención arbitraria es parte de la estrategia de represión política que tiene como fin, frenar o desarticular el ejercicio al derecho humano a la protesta.

En Chiapas también se replica esta dinámica e igual el derecho humano a una vida digna se encuentra en el segundo lugar de derechos defendidos por las personas que sufrieron detenciones arbitrarias, añaden las organizaciones.

Hicieron notar que, de acuerdo a la información recopilada en los 8 informes anteriores, Chiapas como el estado de Guerrero, siempre han ocupado los primeros lugares en la lista de entidades federativas con alto número de actos que constituyen otras VDH en contra de personas defensoras de derechos humanos.

Ante dicho contexto, las organizaciones, recomiendan al gobierno a diseñar e implementar una política integral de protección.

Así como cumplir con sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos, en particular con las personas defensoras y periodistas.

Que el gobierno del estado de Chiapas tome las medidas concretas para apegarse al Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión emitido por la Organización de las Naciones Unidad, mencionaron las organizaciones.

También que, el gobierno ponga fin a las amenazas, hostigamientos y ataques contra los familiares y personas defensoras de derechos humanos que luchan contra la desaparición forzada.

Por último, que acate en el ámbito de su competencia las recomendaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en su visita a México en 2014.

Ver en línea : Con informe, contradicen dicho de «nosotros no reprimimos» de López Obrador

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