La ejecución extrajudicial y los derechos humanos

El Estado busca legitimar el uso de la violencia mediante la legalidad, sin embargo en muchos casos no le basta con utilizar métodos legales para reprimir una protesta, siendo que la legalidad ha sido instituida por él mismo. Lo que hace es optar por violar sus propias leyes para responder a intereses privados. Por ejemplo: hace detenciones arbitrarias (detiene a los manifestantes sin que estén infringiendo la ley); realiza desapariciones forzadas (en vez de llevar a un detenido al ministerio público el Estado lo detiene por tiempo indefinido, negando que lo ha hecho) y en el peor de los casos efectúa ejecuciones extrajudiciales (asesina y niega que cometió tal ejecución, soliendo atribuir tal atrocidad a particulares).

De este modo, el Estado genera una supuesta paz mediante el uso extremo de la violencia, pues en lugar de resolver la falta de vida digna de la mayor parte de la población, usa los recursos públicos para contener la protesta y en el peor de los casos utiliza el exterminio. Es decir, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial son utilizados para generar terror en la población, para eliminar a los luchadores sociales y al mismo tiempo para no asumir su responsabilidad, contratando a particulares (como a narcotraficantes), para efectuar esto que puede llamarse una guerra contra el pueblo.

De este modo, muchas manifestaciones suelen ser reprimidas con el uso de la violencia (sobrepasando el uso de la fuerza), encapsulando a los participantes, quitándoles sus pertenencias, deteniéndolos arbitrariamente y en el peor de los casos, desapareciéndolos o ejecutándolos. En todo caso, aun cuando algunos manifestantes decidan usar la violencia como método de lucha o como forma de defensa ante una represión, el Estado no debe ejercer la violencia, dado que posee los suficientes mecanismos legales y pacíficos para sujetar a los manifestantes a su debido proceso penal.

En pocas palabras, la realización de la paz implica que se cumplan los derechos humanos, los cuales sólo son posibles si el Estado garantiza una vida digna a toda la población y permite el ejercicio del derecho a la protesta social, atendiendo integralmente las peticiones.