Por Gerardo Romo/// Ágora
- Los actos violatorios a derechos humanos que señala el informe se resume en 1609 agresiones físicas, 19 actos de hostigamiento, 18 casos de criminalización que incluye 16 judicializaciones (intento de que los defensores y defensoras paguen con cárcel por protestar) y 13 casos de amenazas.
- De las 1477 agresiones violatorias contra derechos humanos, que corresponden el 89 por ciento del total son cometidas por policías estatales, le siguen con 136 casos las policías municipales, equivalente al 8 por ciento del total y con 46 casos, equivalentes al 3 por ciento, las autoridades federales.
Ciudad de México (24-08-2020).- Durante el periodo junio 2019-mayo 2020 en México se registraron 1,659 actos contra personas defensoras de derechos humanos cometidas principalmente por autoridades estatales, municipales y federales, que derivaron en la detención de 125 mujeres y 124 hombres.
Además, la mayoría de las agresiones (1395) se concentraron en contra de 25 comunidades indígenas y no indígenas y un total de 193 agresiones y actos violatorios a los derechos humanos se perpetraron contra 17 organizaciones defensoras en el País.
Los estados donde más se cometieron actos de violaciones contra personas defensoras de los derechos humanos son Guerrero con 856, Yucatán 403, Chiapas 205, Campeche 100 y Ciudad de México 46; también aparece Zacatecas con 7 casos.
De las 1477 agresiones violatorias contra derechos humanos, que corresponden el 89 por ciento del total son cometidas por policías estatales, le siguen con 136 casos las policías municipales, equivalente al 8 por ciento del total y con 46 casos, equivalentes al 3 por ciento, las autoridades federales.
“Con todo el descaro las corporaciones policiales son quienes están violando los derechos humanos en México en un 99 por ciento de los casos”, explicó Alejandro Cerezo Contreras coordinador de Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH A.C.) al presentar el noveno informe “Defender los Derechos Humanos en México, la impunidad no termina”, presentado por el Comité Cerezo México.
Los derechos que ejercían las defensoras y defensores de derechos humanos al momento de ser agredidos era fundamentalmente la protesta social ( aún no reconocido en México), la vida digna, libertada de expresión, derechos de los migrantes, de las mujeres, de las víctimas.
“Queremos remarcar que no basta con que disminuyan las violaciones a derechos humanos por parte del gobierno federal, si no se juzga a quien viola los derechos humanos a nivel estatal y en muchos casos hay delitos como la tortura, la desaparición forzada o ejecución extrajudicial que se persiguen desde el ámbito federal. No hay pretexto para el gobierno federal de no perseguir esos delitos y mucho menos de no sancionar a los perpetradores, lo mismo estamos hablando de los grupos paramilitares que operan en Chiapas y otros estados que siguen en total impunidad y que bien se les podría aplicar el delito de delincuencia organizada para juzgarlos”, señaló Alejandro Cerezo Contreras
Sin embargo, en el informe se señala que si bien existe una responsabilidad del gobierno del Presidente López Obrador para castigar a los responsables de las agresiones a defensores de derechos humanos, se reconoció que hay una disminución considerable de las violaciones cometidas por las instancias federales en lo que va de la actual administración.
Sin embargo, se enfatiza que en muchas de las protestas en estados donde posteriormente se cometieron violaciones contra los derechos humanos de defensores y defensoras, hubo omisión por parte de la Guardia Nacional quien a pesar de estar presente durante los hechos, si bien no participaron en los actos de represión, tampoco evitaron que ocurrieran a manos de autoridades estatales o municipales.
“Ya se presenta la tendencia en la cual la Guardia Nacional está presente durante los operativos y no evita ni hace nada porque no se realicen las violaciones a derechos humanos en operativos conjuntos con guerzas estatales, lo cual preocupa mucho, entonces, dónde está el papel de la Federación para evitar la consecución de violaciones a derechos humanos a comunidades y personas defensora, estando presentes y pudiendo evitar ésas agresiones”, advirtió Alejandro Cerezo, durante la presentación del informe de manera virtual. este día.
En el informe se recuerda que en Marzo de 2019 fue presentada una Propuesta de Ley General para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que fue apoyada por más de 122 organizaciones de 25 estados del País y firmada por los integrantes de la Comisión de Población y Gobernación de la Cámara de Diputados y que por “motivos políticos” tanto el poder ejecutivo federal como el legislativo están retenidendo la emisión de ésa ley, la cual se advierte debe ser discutida, aprobada y publicada con urgencia para evitar se incrementen los casos de violaciones a los derechos humanos y la criminalización de la protesta.
Y como ejemplo se cita que actualmente en la Ciudad de México y el municipio de Texcoco se infracciona por ejercer la libertad de expresión al pegar un cartel en un poste o en cualquier lugar de la ciudad sobre personas desaparecidas forzadas o sobre la libertad de presos, también las autoridades del metro ya no pueden hacer brigadas quie violan el derecho humano de manifestación y expresión.
“La emisión de esta ley evitaría esto y obligaría a los 3 niveles de gobierno a coordinarse y eliminar normativas que estuvieran contraponiéndose a esta ley general en términos de las personas defensoras”, se señala.
“Sobrevivimos a la guerra de Calderón, a Peña Nieto y esperemos sobrevivir a López Obrador para seguir trabajando a favor de los derechos humanos”, señaló Francisco Cerezo Contreras al concluir la presentación del informe.