EDITORIAL: Con la impunidad de siempre. Paramilitares en Chiapas ayer y hoy

Con la impunidad de siempre

Paramilitares en Chiapas ayer y hoy

La forma más perversa en la cual las autoridades cometen violaciones a derechos humanos contra la población, a la que tienen la obligación de proteger, se llama aquiescencia.

Para no perder legitimidad, las autoridades forman, protegen y financian a grupos de personas que, sin ser parte de la estructura formal del Estado, violan los derechos humanos de la población, principalmente de la que se organiza para luchar por una vida más digna. Estos grupos son conocidos como paramilitares.

El paramilitarismo, como forma generalizada de control social y lucha contrainsurgente, fue aplicado en México a partir del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa en 2006, con participación del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, la creación de grupos paramilitares para cometer masacres ya se había utilizado en Chiapas, en el contexto del surgimiento público del movimiento guerrillero en 1994 y 1996.

Ernesto Zedillo, presidente de 1994 a 2000, es el responsable de la masacre de Acteal realizada por el grupo paramilitar “Paz y Justicia” en contra de población indígena desplazada de sus hogares. Indígenas armados y entrenados por el ejército federal, masacraron a 45 personas indígenas: 21 mujeres, 15 niños y 9 hombres. A las mujeres embarazadas les sacaron del vientre a sus hijos, para matarlos.

En la actualidad, ningún funcionario ha sido sancionado por estos hechos, a pesar de que está documentada la participación de varios, así como la del ejército en la conformación de diferentes grupos paramilitares. Los autores materiales pasaron varios años en la cárcel hasta que fueron liberados por “errores” en el proceso judicial.

La impunidad ha sido la característica de la actividad de los grupos paramilitares. Como si nada hubiese cambiado, el grupo paramilitar “Los Petules” detuvo en Ocosingo, Chiapas, a Angelina Sántiz López y a su esposo Carlos López Gómez el 8 de junio de 2020, al día siguiente, detuvo en el mismo municipio a Enrique Herrera Jiménez integrante de la cooperativa de transportes "El Quetzal". Angelina, Carlos y Enrique son indígenas tzeltales y luchadores sociales, pertenecen al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), la cual lucha por el derecho a la tierra, al trabajo digno y por la presentación con vida de víctimas de desaparición forzada.

Las autoridades del estado de Chiapas no han liberado a las personas detenidas a pesar de que su vida corre riesgo. Este grupo paramilitar es responsable de la desaparición forzada de Fidencio Gómez Santíz (marzo de 2016), de la ejecución extrajudicial del niño Humberto Morales Sántiz (marzo de 2017), así como de ataques con arma de fuego, hostigamientos, amenazas y robo de ganado en contra de comunidades organizadas en el FNLS.

Impunidad para los paramilitares y más represión contra el FNLS, esa es la respuesta del gobierno de Chiapas. Al mismo tiempo que no liberan a los luchadores sociales, el fiscal del estado, Jorge Llaven Abarca, informa el 12 de junio que se integran carpetas de investigación contra integrantes del FNLS. Quienes recurriendo al legítimo derecho a la protesta social se movilizan en diferentes lugares del estado para que presenten con vida a sus compañeros.

Ante la tardanza del Estado para presentar con vida a los detenidos, la ONU por medio de su Comité Contra la Desaparición Forzada activó: “[…] el procedimiento de acción urgente enviando una nota al Estado parte [México], en la cual ha expresado su grave preocupación por la integridad física y psicológica de la Sra. Angelina Sántiz López y del Sr. Carlos López Gómez y ha requerido la acción urgente del Estado parte para buscarles y localizarles".

Por fin el día 14 de junio, gracias a la presión popular, los tres indígenas detenidos fueron presentados, sin embargo la obligación del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos de la población no puede ser a medias. Hay impunidad o hay verdad y justicia, hay respeto por el pueblo o hay paramilitares protegidos por las autoridades cometiendo crímenes, hay desarticulación de los grupos paramilitares y sanción a quienes los protegieron y crearon o hay impunidad.

¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos!