Familiares de eperristas desaparecidos piden a la SCJN que confirme sentencia del 6 de mayo de 2019

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Gloria Leticia Díaz
29 enero, 2020

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), desaparecidos forzadamente en mayo 2007, exhortaron a la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) a confirmar una sentencia de amparo que obliga a la Fiscalía General de la República (FGR) a esclarecer el caso, y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a abrir sus cuarteles para buscar a los combatientes.

En conferencia de prensa, Nadine Reyes (hija de Edmundo) y Margarita Cruz (hermana de Gabriel) denunciaron que el 6 de mayo de 2019 el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México emitió una sentencia que reconocía “la grave violación de derechos humanos” en contra de los eperristas “por parte de agentes del Estado mexicano”, sin embargo, la FGR y la Sedena presentaron recursos de inconformidad en contra de la resolución, procedimiento que quedó radicado en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, instancia que determinó enviar el caso a la SCJN el pasado 12 de diciembre.

“En las próximas semanas sabremos si el máximo tribunal del país decide atraer el caso de Edmundo y Gabriel, y resolverlo en definitiva dejando firme la sentencia dictada el 6 de mayo de 2019 y con ello garantizar los derechos de acceso a la justicia, a conocer la verdad y a una reparación integral del daño a favor de las víctimas de desaparición forzada, sus familiares y de la sociedad”, explicó Nadine Reyes, integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos.

La desaparición de los dos eperristas –añadió– “es una nueva oportunidad histórica para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en la vía de los hechos, cumpla con su compromiso de impartir justicia y terminar con la impunidad en los casos de desapariciones forzadas”.

Nadine Reyes resaltó que desde mayo de 2019, cuando los familiares, sus representantes legales y organizaciones que los acompañan se reunieron con el subsecretario Alejandro Encinas, no han vuelto a tener contacto con el funcionario.

En su momento, abundó, Encinas se comprometió a encomendar a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, que presentara un plan de búsqueda para localizar a los eperristas, sin que al momento se haya recibido “alguna muestra de voluntad política que devele el interés de buscar y encontrar a Edmundo y Gabriel”.

La sentencia del Juzgado de Distrito que fue recurrida por la FGR y la Sedena ordena, entre otras cosas, “investigar de manera pronta, completa, imparcial y exhaustivamente la desaparición forzada de ambos desaparecidos”, indagatoria que ha determinado la participación de miembros del Ejército mexicano, Secretaría de Seguridad Pública del estado de Oaxaca, Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca y Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Oaxaca.

Además, a la FGR se le instruye a “mantener el curso de la investigación hasta que se ejerza la acción penal en contra de todos los responsables de la desaparición forzada de los eperristas y hasta que se dé con el paradero de los mismos”; tomar declaraciones de los mandos militares que estuvieron en funciones en mayo de 2007 en Oaxaca, “para dilucidar su posible participación en la desaparición forzada”, y en caso de que se advierta el uso de instalaciones para el ocultamiento de desaparecidos, “se deberán ordenar las diligencias de búsqueda en las mismas”.

Asimismo, reconocer la creación de una Comisión Especial de Búsqueda para localizar a los desaparecidos y publicar la investigación “sin que se pueda testar los nombres de los agentes del Estado que participaron en los hechos”.

La sentencia ordena a la Sedena “un reconocimiento simbólico de modo personal; publicar por una ocasión un extracto de la resolución en un diario de circulación nacional”, y dar las facilidades para que la FGR realice su investigación, “permitiendo la entrada a cualquier instalación militar” para buscar a Reyes Amaya y a Cruz Sánchez.

De acuerdo con la resolución, las dependencias del estado y municipio de Oaxaca estarían obligadas a publicar un extracto de la sentencia en un diario de circulación estatal, en tanto que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) debería inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a ambos desaparecidos; brindar atención médica y psicológica a Nadine Reyes Maldonado y a Margarita Cruz Sánchez, y dar una compensación económica “que deberá ser proporcional al daño sufrido por tratarse de una desaparición forzada”.

Tras puntualizar que ni las dependencias estatales, ni el municipio de Oaxaca y mucho menos la CEAV impugnaron la sentencia, el abogado de los familiares de los desaparecidos, Sandino Rivero, explicó que como representante interpuso una “revisión adhesiva, para que la sentencia se mantuviera en el sentido resuelto”. Lo hizo ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, órgano que puso el recurso en consideración de la SCJN.

Según el abogado, si la SCJN mantiene el sentido de la sentencia “se crearían criterios jurisprudenciales, beneficiarían a nuevos asuntos en los que se litiga desaparición forzada mediante un amparo, pero también asuntos que ya existen, porque la desaparición no prescribe hasta que se determina el paradero o destino de la víctima”, y permitiría “interpretar el derecho a la reparación integral del daño”, previsto en la Constitución.

La SCJN deberá determinar “si atrae este recurso de revisión”, y de hacerlo tendría como camino “confirmar lo que dijo en primera instancia el Juzgado de Distrito (…) o bien que quiera desinflar la protección amplia y bajar al mínimo los efectos de esta sentencia”, recalcó.

Rivero sostuvo que se está a la espera de la resolución de la SCJN para recurrir o no a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), si es que no se mantiene el contenido de la actual resolución del Juzgado de Distrito.

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes integrantes de la Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, Santiago Corcuera Cabezut y Gilberto López y Rivas, Susana Aguilar –del Frente Nacional por el Socialismo– y Héctor Cerezo, del Comité Cerezo.

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