Defensoras de derechos humanos, en alto riesgo y desigualdad: Ancheita Pagaza

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En el informe Defender los derechos humanos en México: ¿el fin de la impunidad? se apunta que “una característica que perduró hasta la salida de Enrique Peña Nieto [del gobierno federal] fue que, ante la decisión de cometer la gran parte de las violaciones de derechos humanos en contra de personas defensoras por agentes de Estado, y frente a la denuncia de los grupos organizados de estas acciones, se respondía, de manera oficial, siempre de la misma manera:

Autor: Karen Ballesteros

En México, las mujeres que defienden derechos humanos enfrentan agresiones vinculadas a la violencia sexual y a la difamación de su trabajo, señala la doctora Alejandra Ancheita Pagaza. En entrevista, asegura que además del alto riesgo, las defensoras padecen desigualdad y precariedad salarial

El trabajo de las mujeres que defienden los derechos humanos en México es una labor de alto riesgo, con desigualdad y precariedad salarial, pues además de que corre peligro su calidad de vida y su integridad física, también están expuestas a “un riesgo diferenciado de violencia respecto de los hombres defensores”, explica la doctora Alejandra Ancheita Pagaza.

Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de mayo de 2019, dos defensoras de derechos humanos fueron ejecutadas extrajudicialmente, indica el informe Defender los derechos humanos en México: ¿el fin de la impunidad?, elaborado por Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, Comité Cerezo México y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada.

Se trata de Estelina Gómez López, integrante de la Organización Proletaria Ricardo Flores Magón, asesinada el 23 de enero pasado en Chiapas; y de Eulodia Lilia Díaz Ortiz, miembro del Consejo Indígena de Trueque, cuyo homicidio ocurrió el 26 de marzo de 2019 en el Estado de México.

En entrevista con Contralínea, la defensora Ancheita Pagaza –reconocida recientemente con un doctorado honoris causa por la Université Paris Nanterre– asegura que la situación de riesgo a la que se enfrentan las mujeres que defienden derechos humanos en el país es “alarmante”, pues las agresiones también van vinculadas a la violencia sexual y a la difamación del trabajo que realizan.

Aunque pareciera que padecen los mismos riesgos que los hombres al momento de defender los derechos humanos, las mujeres se enfrentan, además, a los estereotipos de género y las percepciones sociales que se tienen sobre ellas, detalla la abogada.

Prueba de ello es la doble o hasta triple jornada que llegan a tener las defensoras, pues de acuerdo con Ancheita, “aún existe desigualdad respecto del cuidado de nuestras familias, así como la brecha salarial: una situación de violencia normalizada que, desafortunadamente, vivimos todas las mujeres. Y en la defensa de derechos humanos, esto se reproduce”.

Impunidad

De acuerdo con la CNDH, los defensores son quienes, de manera individual o colectiva, en el ámbito nacional o internacional, como parte del Estado o desde el sector privado, llevan a cabo cualquier labor o acción tendente a la promoción, defensa y reconocimiento de los derechos humanos en su conjunto o algunos de éstos en específico, ya sea que se trate de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, ambientales o culturales. Éstos realizan una labor fundamental en la consolidación del estado de derecho y de una sociedad democrática, ya que coadyuvan con el deber del Estado de promover y proteger los derechos más esenciales de las personas, a través de las acciones que realizan en favor de la promoción y defensa de los mismos.

En mayo de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por el aumento de agresiones contra defensores de derechos humanos en México, pues durante los primeros 4 meses de 2019 fueron asesinados nueve hombres y una mujer; cifra cercana a los 13 casos documentados en todo 2018. Para Ancheita, esto “supone un significativo aumento de la violencia”.

Este panorama de riesgo se debe a la “profunda” corrupción e impunidad existente en el país, ya que se puede amenazar o llegar al extremo de la desaparición o asesinato de las personas defensoras y “no pasa nada”, considera. “En la medida en que no haya un claro mensaje de que las violaciones de derechos humanos serán perseguidas y sancionadas, evidentemente, el riesgo se mantiene para los defensores y las defensoras de derechos humanos”.

Ancheita Pagaza exhorta al gobierno mexicano a atender de manera particular y eficiente todos los riesgos y amenazas a las que se ven expuestas las personas defensoras.

Para la CNDH, cualquier agresión en contra de los defensores deriva en el menoscabo del ejercicio efectivo, para el resto de la sociedad, de prerrogativas fundamentales, particularmente de aquellas personas que se benefician con su apoyo y asistencia, ya que sin la colaboración de defensores de derechos humanos quedan expuestas a un posible estado de indefensión.

En el informe Defender los derechos humanos en México: ¿el fin de la impunidad? se apunta que “una característica que perduró hasta la salida de Enrique Peña Nieto [del gobierno federal] fue que, ante la decisión de cometer la gran parte de las violaciones de derechos humanos en contra de personas defensoras por agentes de Estado, y frente a la denuncia de los grupos organizados de estas acciones, se respondía, de manera oficial, siempre de la misma manera:

“a) Se negaban los hechos

“b) Se acusaba a las víctimas que denuncian de ser ellas las que atacaron o se acusaba, también, a terceros desconocidos

“c) Cuando ya no podía negarse la participación del Estado, se afirma que fueron actos individuales, de personas aisladas que se salieron de control, que no actuaron dentro del protocolo.”

En la actualidad, agrega el análisis, se mantienen los primeros dos: con mayor tendencia a no negar los hechos pero sí negar la participación del gobierno en ellos y de acusar a terceros desconocidos como los culpables.

La abogada Alejandra Ancheita exige la instrumentación de una “política circular” con perspectiva de género, que defienda los derechos de las mujeres y cuente con atención especializada para las defensoras. “Ése es el mayor reto, y no necesariamente el contenido de las leyes del país”.

Karen Ballesteros

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