El espionaje en la 4T

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Aunque se ha informado –especialmente por el Comité Cerezo México– el sexenio de Enrique Peña Nieto aun no logra dimensionarse en la opinión pública en la magnitud del proceso represivo que implicó decenas de muertos, desaparecidos, presos y agredidos, entre otras cosas, por vigilancias ilegales.

30 octubre, 2019 | arturorodriguezg | Opinión

Por Arturo Rodríguez García

Los resultados de una nueva investigación del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, apunta a la continuidad en las prácticas de espionaje que, a través del malware Pegasus, se ha venido realizando contra opositores, defensores de derechos humanos y periodistas que son incómodos para el gobierno.

La revelación se soporta también en la investigación que Whatsapp hizo y la denuncia por haber vulnerado su seguridad, responsabilizando directamente NSO Group, una firma de servicios de seguridad de origen israelí que en los últimos años se ha colocado en el centro de la polémica tras revelarse el uso masivo de sus infecciones a teléfonos celulares.

En México, la Red en Defensa de los Derechos Digitales ha sido particularmente persistente en evidenciar los alcances del espionaje, así como de impulsar diferentes acciones para que se transparente, cese y se evite la repetición de las sofisticadas prácticas de policía política en un contexto, inevitable decirlo, de vulnerabilidad para defensores de derechos humanos y periodistas.

De hecho, en febrero pasado, dicha red consiguió que la Fiscalía General de la República (FGR), informara oficialmente que había suspendido el uso de Pegasus de los equipos donde se operaba. Naturalmente, la duda sobre el destino de la información hasta entonces obtenida de manera legal o ilegal, prevalecerá por encima de discursos e informes.

Esto último tiene especial relevancia en un arranque de gobierno que entre sus muchas premisas está la de agotar los esquemas de espionaje político. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido insistente en declarar el fin de esas prácticas, como parte de su plan por modificar la operación de lo que hoy es el Centro Nacional de Inteligencia, antes el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), asociado a las vigilancias ilegales sobre opositores o sobre aquellos que el gobierno en turno considerara que lo eran.

Aunque se ha informado –especialmente por el Comité Cerezo México– el sexenio de Enrique Peña Nieto aun no logra dimensionarse en la opinión pública en la magnitud del proceso represivo que implicó decenas de muertos, desaparecidos, presos y agredidos, entre otras cosas, por vigilancias ilegales. O quizás la espectacularidad de la corrupción acapara las agendas mediáticas.

Y, sin embargo, es precisamente en relación con los negocios al amparo del poder que ese proceso represivo se desplegó de manera exponencial contra quienes se oponían, y en eso, el espionaje fue una herramienta indispensable para el régimen.

En realidad, el espionaje ha sido parte importante de cada gobierno desde el gobierno de don Venustiano Carranza, y en las últimas cuatro décadas, de manera destacada, López Obrador fue objeto de seguimientos constantes como el mismo ha dicho, refiriéndose a su larga carrera política, primero en el PRI y desde 1989 en la oposición.

Lo recordó precisamente al prometer que, con la extinción del Cisen terminaba también el espionaje político, por supuesto, acudiendo a su reiterada diferenciación del gobierno que encabeza respecto a los del pasado.

Hasta ahora los denunciantes no han dado a conocer quiénes podrían ser las víctimas del espionaje y tampoco se sabe quiénes son los beneficiarios de este.

En cualquier caso, esta es una oportunidad propicia para que el gobierno que aun no llega a un año, despeje cualquier duda en el asunto y que exhiba a quienes recurren a esa práctica ilegal. También para que, ante la vulnerabilidad expuesta, pensando bien y en caso de que no sea el gobierno federal el que lo esté ejecutando, abre la puerta para una regulación impostergable sobre la que ya el Alto Comisionado en Derechos Humanos así como otros organismos multilaterales se han pronunciado, mientras que el Estado Mexicano se ha mantenido omiso sin más.

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