Los conservadores

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Justo es decir que hay una disminución en los indicadores de agresión a dirigentes sociales desde que inició el nuevo gobierno -según el informe emitido a finales de agosto por el Comité Cerezo México que, por lo pronto, lo coloca al mismo nivel de víctimas que había en los últimos años de Felipe Calderón. Pero esas declaraciones presidenciales y la impunidad que les siguió, lo hacen responsable de haber puesto las condiciones para que el crimen ocurriera.

Arturo Rodríguez García
2 octubre, 2019

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Uno de los aspectos lamentables del discurso presidencial en lo que va del gobierno es que suele identificar a todo lo que se le opone o es contrario a sus decisiones, en un mismo bloque: sus “adversarios, los conservadores”.

En esa designación genérica cabe el reclamo de comunidades indígenas y campesinas por el acto de prepotencia que significa una mega obra energética como el Proyecto Integral Morelos. La oposición de siete años a la que el propio López Obrador saludó desde 2014, fue sometida a un proceso represivo que mandó a la cárcel a líderes sociales en Puebla y Morelos, padeció golpizas y hostigamientos constantes, para resultar descalificados con el presidente del “cambio de régimen” que los llamó “radicales conservadores”. Días después de eso, ocurrió el asesinato de Samir Flores, el dirigente de Amilcingo, radialista comunitario, gente de paz que se resistía a una consulta ilegal impuesta por el mandatario que se obstinó en su realización.

Ese asesinato, que tiene todos los signos de ejecución extrajudicial por acción, omisión o aquiescencia, ha significado uno de los peores episodios al que el presidente suele sacarle la vuelta.

Justo es decir que hay una disminución en los indicadores de agresión a dirigentes sociales desde que inició el nuevo gobierno -según el informe emitido a finales de agosto por el Comité Cerezo México que, por lo pronto, lo coloca al mismo nivel de víctimas que había en los últimos años de Felipe Calderón. Pero esas declaraciones presidenciales y la impunidad que les siguió, lo hacen responsable de haber puesto las condiciones para que el crimen ocurriera.

Entre quienes levantaron la voz -y lo siguen haciendo- por Samir, destaca el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que, por su parte, en un intrincado juego retórico, ha sido puesto también en el costal de los conservadores, pues a juicio del presidente lo son, de izquierda sí, pero es “cuando los extremos se tocan”.

La declaración tiene como aspecto relevante la oposición del EZLN a la implementación de otros megaproyectos como el Tren Maya y el Tren Transístmico, así como al despliegue militar que con las siglas de la Guardia Nacional incrementó presencia en el sureste.

Conservadores son también los grupos cercanos a la cúpula empresarial que se oponen al proyecto aeroportuario de la Ciudad de México, que pretende habilitar la base área militar de Santa Lucía, integrada en el colectivo “No más derroches” y en el que destaca la participación de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, asociación civil que preside Claudio X González, hijo del magnate homónimo que se ha opuesto desde los tempranos dosmiles a su oferta política.

Como ocurre con los otros megaproyectos que tienen oposición del movimiento social por los daños ambientales que suponen y su legítima defensa del territorio –por cierto, apoyados por un amplio sector de especialistas y personalidades próximas a las izquierdas a las que descalificó como “los abajo firmantes” y declaró el fin de los tiempos de los especialistas para dar paso a la sabiduría del pueblo que él mismo encarna– no parece ser relevante para el presidente López Obrador si los argumentos legales de “No más derroches” apuntan a errores de su gobierno porque, simple y llanamente, los considera adversarios y conservadores.

Las motivaciones son variadas en cada caso y la única coincidencia es oponerse a la voluntad presidencial. Es más sencillo ubicarlos en un mismo “adversario” y si consiguen amparos no es por fallas en su acción de gobierno, sino porque los jueces son corruptos… porque todos los conservadores son corruptos.

Los mismo con los medios de comunicación que resultan críticos a su desempeño público. Son conservadores, así, sin más. Porque todo el buen periodismo debe estar a favor de las transformaciones y él se asume la encarnación de una, la cuarta.

Y, aunque no tienen adscripción, los encapuchados que disturbian marchas, así en general, son también conservadores. Hasta ahora no hay atisbo de identificación ni análisis oficial claro. Anarquistas conservadores que evidentemente no corresponden a las corrientes internacionales que suelen ser más precisas en sus objetivos, ni a los colectivos de anarquismo tradicional mexicano y, por diferentes indicios se perciben más próximos al PRD capitalino con intereses oscuros. No importa, son conservadores radicales de izquierda según se dice desde la tribuna presidencial.

El conjunto es preocupante entre otras razones porque el discurso del poder tiene un rasero para todos: los que están con él y los que se le oponen. Así, sin matices, sin comprensión de las demandas ni apuesta por la política para resolverlas, propio de un autoritarismo blando, hasta ahora discursivo, incapaz de admitir que hay quienes pueden pensar diferente entre sí y del presidente, negado, cerrado a la idea del pluralismo inherente a una democracia.

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