Embestida vs defensores, otro mal social

Es necesario que el gobierno actual fortalezca el mecanismo de protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas con el propósito de erradicar la violencia contra estos grupos, instó la organización Acuddeh.

Marisol Velázquez 20 de marzo de 2019, 23:10

Es necesario que el gobierno actual fortalezca el mecanismo de protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas con el propósito de erradicar la violencia contra estos grupos, así como desarrollar un análisis de riesgo diferenciado de género y localidad, instó la organización Acción Urgente para los Defensores de los Derechos Humanos (Acuddeh).

De acuerdo con un estudio del Comité Cerezo, durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, 184 defensores de los derechos humanos fueron asesinados, entre los que se incluyen algunos periodistas como Miroslava Breach y Javier Valdez por su labor activista. Del total, 11 se dedicaban a la defensa y protección del medio ambiente.

Entrevistado por El Economista, el coordinador general de Acuddeh, Alejandro Cerezo, detalló que la mayoría de las medidas que establece el mecanismo de protección para defensores son físicas, es decir, botones de pánico, cámaras de vigilancia y escoltas; sin embargo, llamó a que el Estado reconozca la labor de riesgo de estos grupos y realice las debidas investigaciones para sancionar a los perpetradores de algún tipo de violencia en contra de ellos.

“Es necesario un análisis que corresponda a la realidad de cada persona defensora y que por lo tanto se puedan brindar medidas adecuadas de protección o un plan que incluya las medidas de prevención, protección y seguridad”, exigió.

De acuerdo con el estudio, las entidades con mayor número de asesinatos de defensores fueron Oaxaca con 49; Guerrero, 41 y Chiapas, 16.

Cerezo expresó que estas entidades concentran el mayor número de homicidios al tener mayor presencia de movimientos sociales.

El pasado 21 de febrero, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato del defensor y comunicador comunitario Samir Flores Soberanes, ejecutado un día antes.

Cabe señalar que el activista de 32 años fue el principal impulsor de la organización contra el Proyecto Integral Morelos que contempla la operación de una termoeléctrica en la entidad, mismo que se sometió a consulta ciudadana tres días después de su asesinato.

Sobre este caso,Cerezo afirmó que su asesinato impactó psicológicamente y políticamente a los defensores del medio por el contexto de los mega proyectos del actual gobierno.

“Lo primero que tiene que haber en este caso es una investigación de campo, si no hay investigación y no hay sanción de los perpetradores materiales e intelectuales podemos decir que no hay voluntad del Estado de resolver la problemática con las personas defensoras; por Estado me refiero a los tres niveles de gobierno”.

Otro homicidio fue el de Julián Carrillo, defensor indígena de los derechos humanos del pueblo rarámuri de Chihuahua, atacado en Coloradas de la Virgen por hombres armados. Un día antes, la víctima conoció que sus agresores lo estaban vigilando, por lo que buscó refugio en un cerro cercano.

“El señor Carrillo Martínez realizaba una valiosa labor de defensa del bosque ante la tala indiscriminada de árboles en la región. Entre otras actividades, impulsaba, con otros miembros de la comunidad, la nulidad del permiso de aprovechamiento de recursos forestales otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente a actores locales”, describe la ONU-DH.

Carrillo ya había sido víctima de reiteradas agresiones.