La criminalización de la protesta social y la represión son fenómenos casi generalizados en América Latina, y México no es la excepción.
Colectivos para la defensa de derechos humanos y por la libertad de presos políticos y de conciencia, familiares y experseguidos llevaron al Senado de México una propuesta de iniciativa de Ley de Amnistía General para presos, perseguidos y excarcelados por motivos políticos.
Según documentan el Comité Cerezo y las organizaciones que lo respaldan, en 10 años han sido ejecutados extraoficialmente al menos 228 defensores de derechos humanos y 165 activistas han sido víctimas de desaparición forzada. Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, han detectado cerca de 3 mil detenciones arbitrarias.
El documento entregado en el Senado fue suscrito por 145 organizaciones nacionales, 25 organizaciones internacionales y 562 personalidades solidarias y democráticas.
La propuesta de iniciativa de Ley de Amnistía redactada por el Comité Cerezo no busca el perdón sino el olvido, y el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos de los presos políticos.
Sara Morales Gallego, Ciudad de México.