Peña Nieto convirtió a México en el país más violento para los defensores de derechos humanos; un activista fue agredido cada día de 2013 a 2018

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En tanto el Comité Cerezo, ha informado que, la actual estrategia socioeconómica del Gobierno de México se basa en tres elementos: la imposición de un modelo económico neoliberal, la limitación de los derechos de los/as trabajadores/as y la criminalización de la disidencia.

Por: Alfredo Acosta | 1 noviembre, 2018 |en Principales

(01 noviembre, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- El 14 de octubre de 2017, se encontró el cadáver de Bernardo Ranferi Hernández Acevedo entre los restos quemados de su coche cerca de Nejapa, Chilapa de Álvarez, en el estado de Guerrero, a medio kilómetro de un puesto de control militar.

El líder político fue asesinado en la carretera Chilapa-Ahuacoutzingo, en el centro de la ciudad de Guerrero, una región particularmente afectada por la lucha entre organizaciones criminales que quieren controlar el tráfico y el cultivo de opio. Se informó a la policía de la existencia de un coche incendiado en la carretera; cuando llegaron al lugar, encontraron el auto con los cuerpos de Bernardo, su esposa, su suegra y su conductor, informaron diversas organizaciones civiles.

“Ranferi, de 64 años, era un defensor de Derechos Humanos respetado que había sobrevivido a la llamada Guerra Sucia de los años 70. Fue un mordaz crítico de Rubén Figueroa, exgobernador de Guerrero, a quien había acusado del asesinato de 17 campesinos en Aguas Blancas en 1995.

Como consecuencia, se emitieron más de 35 órdenes de detención en su contra y en 1997 se exilió en Francia durante 4 años. A su regreso a México en 2001, se dedicó a organizar a comunidades campesinas e indígenas para exigir sus derechos, se dio a conocer.

“Son de especial preocupación las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad de las mujeres, la niñez, las personas migrantes, defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos”, ha denunciado la Comisión Interamericana sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas.

En tanto el Comité Cerezo, ha informado que, la actual estrategia socioeconómica del Gobierno de México se basa en tres elementos: la imposición de un modelo económico neoliberal, la limitación de los derechos de los/as trabajadores/as y la criminalización de la disidencia.

Sobre el tema, la Red TDT, señala que el núcleo de la estrategia económica del Gobierno se centra en la necesidad de maximizar los beneficios del mercado legal, aumentar el beneficio para el Estado del mercado ilegal y limitar los derechos de los trabajadores, los salarios y las horas de descanso.

“Cuando esto se combina con la privatización de bienes y servicios básicos como los alimentos, el agua y la electricidad, indispensables para un nivel de vida digno, estas políticas no solo privan a la población de sus recursos naturales y territoriales, sino que convierten estos servicios en productos comerciales a los que solo pueden acceder las personas con dinero. En relación con los derechos humanos, el objetivo claro del Gobierno es tildar a las personas que se oponen a su agenda neoliberal de «enemigos del desarrollo»”.

El conjunto de estos elementos, se indica, crea un contexto en el que las agresiones y los asesinatos de DDH pasan a ser frecuentes sin que exista una rendición de cuentas. Desde junio de 2016 a mayo de 2017, se produjeron 1.442 ataques contra DDH en México, es decir, 4 al día.

Solo en Chiapas y Oaxaca, se producen dos ataques al día. En el período de 2013 a 2018, 144 defensores de Derechos Humanos fueron asesinados, 31 de ellos solo en Oaxaca.

En 2017 fueron asesinados/as 48 defensores de Derechos Humanos; el 58% formaba parte de estas cuatro categorías principales: Defensores de la libertad de expresión y el periodismo (10 víctimas); de los derechos de los pueblos indígenas (6 víctimas); del derecho al territorio o a la tierra (6 víctimas) y del derecho a un nivel de vida digno (6 víctimas).

Los estados con el mayor número de asesinatos de estas personas fueron Guerrero (8 víctimas), Jalisco (6 víctimas), Oaxaca (6 víctimas), Michoacán (6 víctimas).

Hay que destacar que estos crímenes tuvieron lugar en 16 de los 32 estados, incluido en Ciudad de México. “Un elemento importante de estos crímenes es la combinación entre lo delictivo y lo político.

“Un buen ejemplo de ello es el asesinato a tiros de la periodista Miroslava Breach a manos de un hombre armado que trabajaba para uno de los cárteles; el verdadero motivo de su asesinato fueron sus actividades de periodismo de investigación, que amenazaban con exponer los vínculos entre la política y el narcotráfico”, se ha mencionado.

El documento Basta de Asesinatos, revisado por Revolución TRESPUNTOCERO y editado por Front Line Defenders, da cuenta de la visión de IM Defensoras, que advierten que: “México es el país más violento para las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica.

“De 2013 a 2016, es decir, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ocurrieron mil 360 agresiones contra defensoras, en promedio, una cada día. En el mismo período, al menos 22 defensoras fueron asesinadas. En algunos lugares, las mujeres han sido blanco específico de algunos asesinatos”.

Puntualizando en el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde, desde 1993 ya cientos y posiblemente miles de mujeres habían desaparecido o sido asesinadas, indicando que se han encontrado muchos cadáveres de mujeres en el desierto, a menudo víctimas de brutales asesinatos.

Se han encontrado muchos cadáveres de mujeres en el desierto, a menudo víctimas de brutales asesinatos. En su mayoría eran pobres o trabajaban en las fábricas o en la economía informal; algunas habían sido violadas o mutiladas, y muchas más siguen desaparecidas.

Según una fuente -que aportó información para el documento-, hay razones para creer que entre 2006 y 2012 se produjeron 4 mil 306 feminicidios. Asimismo, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, RNDDHM, identificó 615 ataques a defensoras de los derechos de las mujeres entre principios de 2012 y finales de 2014, incluidos 36 asesinatos.

En la investigación para su informe de 2016, la CIDH señaló: “Respecto a la situación de las defensoras de derechos humanos en México, la CIDH ha dictado una serie de medidas cautelares con el fin de proteger la vida y la integridad personal de las defensoras que han sido agredidas, amenazadas y acosadas como consecuencia directa de su labor”.

Se ha informado que, las graves violaciones de derechos humanos contra los pueblos y comunidades indígenas en México se producen generalmente en tres ámbitos: la violencia en el contexto de megaproyectos en tierras y territorios ancestrales que han sido autorizados sin garantizar el debido proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado; el contexto de las reclamaciones de titularidad sobre sus tierras o la falta de un debido proceso en los casos penales contra defensores de Derechos Humanos.

Los pueblos indígenas han denunciado en reiteradas ocasiones la autorización de concesiones estatales a empresas privadas, algo que vulnera su derecho a la consulta previa.

“Como resultado de la lucha por sus tierras, se han producido repetidos intentos de criminalizar el trabajo de las personas que defienden los derechos de los pueblos indígenas, consideradas como obstáculos para el desarrollo económico del país”.

Durante su visita a México en noviembre de 2017, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, se refirió a “un serio patrón de exclusión y discriminación, que a su vez se refleja en la falta de acceso a la justicia, entre otras violaciones de derechos humanos”.

Tanto en 2016 como en 2017, el 37% de los/as defensores de Derechos Humanos asesinados/as eran activistas indígenas.

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