Frente a policías estatales de Nayarit y elementos del Ejército, hombres en 20 camionetas interceptan a defensores de DH, los retienen y amenazan con quemarlos con gasolina, ahorcarlos y cortarles la cabeza

by Alfredo Acosta 18 abril, 2018

(18 de abril, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- Los defensores de derechos humanos Cristian Chávez González y Carlos González García, se dirigían al poblado de Huajimic, estado de Nayarit, dando acompañamiento a una comisión del Tribunal Unitario Agrario de Tepic, que se dirigía a restituir tierras al pueblo Wixárika, las cuales habían sido ganadas en los tribunales, cuando fueron víctimas de violencia.

De acuerdo con la información proporcionada a Revolución TRESPUNTOCERO, cerca de Huajimic, municipio de La Yesca, Nayarit, más de 20 camionetas interceptaron a la comisión. Carlos González y Cristián Chavez fueron retenidos y amenazados de muerte: “con ser quemados con gasolina, de ser ahorcados, de cortarles la cabeza.”

Se dijo también que los agresores poncharon las llantas del vehículo en el que viajaban los defensores e intentaron voltear la camioneta a un barranco al lado del camino. Los perpetradores han sido identificados y son los pequeños propietarios que se niegan a restituir los terrenos comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán, Jalisco.

Estos hechos duraron aproximadamente dos horas y fueron presenciados por más de 20 integrantes de la policía estatal de Nayarit, quienes no intervinieron. También elementos del Ejercito mexicano observaron la agresión y sólo se retiraron del lugar.

Carlos González y Cristian Chávez han acompañado al pueblo Wixárika de Jalisco y Nayarit en la defensa de su territorio, que les ha sido despojado por ganaderos de la región. Ambos son integrantes de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Concejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena.

En su informe de su última visita a México, el relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, señaló que los defensores de derechos humanos de comunidades indígenas están entre los grupos de mayor riesgo, en particular quienes defienden los derechos de tierra y territorio de los pueblos y comunidades indígenas.

Sobre el caso, el Frayba solicitó de manera urgente al Estado mexicano garantice la vida, integridad y seguridad de los defensores de derechos humanos Carlos González y Cristian Chávez, se realicen las investigaciones de los hechos ocurridos y se sancione a los responsables.

“Los responsables también lo son los militares y los policías estatales, quienes hubieran sido también responsables de uno o dos homicidios de haber sucedido. La intervención era inmediata. Lo que demuestra que estamos hablando de deshumanización y rechazo hacia aquellos que defienden las luchas sociales o dan acompañamiento.

Y ese tipo de conducta y rechazo se construyó con mucho esmero durante el gobierno de Felipe Calderón y se reforzó con el de Enrique Peña Nieto. Hemos pasado por masacres, corrupción, impunidad y se redobla sexenio a sexenio de la derecha, donde los perseguidos no son los delincuentes sino los defensores de derechos humanos, porque quien esté con el pueblo siempre será enemigo del neoliberalismo que siempre se ha sentado en el poder de manera ilegitima”, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO, la activista Selene Hernández.

De acuerdo con el Comité Cerezo de México, en 2017 se contabilizaron 48 ejecuciones de defensores de Derechos Humanos. En tanto, ante el pleno de Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Michael Forst, relator especial de Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, aseguró que “en México no sólo se obstaculizó su trabajo sino incluso se criminalizó”.

Afirmó que “las actividades de los defensores de los derechos humanos en México han sido criminalizadas a través de un mal uso deliberado de la legislación criminal y de la manipulación de los poderes punitivos de las autoridades, tanto por actores estatales como no estatales, para entorpecer e incluso paralizar los esfuerzos de ejercer su legítimo derecho a promover y proteger los derechos humanos”.

“El relator especial quedó atónito por la extrema violencia en México, el clima de casi absoluta impunidad y la supuesta corrupción e infiltración de las fuerzas fiscales y de seguridad por elementos criminales”, afirma Forst en el informe que redactó tras su visita al país norteamericano.

“Esta criminalización normalmente empieza con la denuncia de alegaciones infundadas (…) después siguen múltiples violaciones a los derechos humanos, que incluyen acoso, persecución por cargos inventados, y detención sin una orden judicial”.

Para el relator de la ONU, parece que la criminalización del trabajo de derechos humanos se lleva a cabo tanto por elementos federales como estatales, incluyendo la Policía, el Ejército, la Marina, las autoridades de Gobierno, y la Judicatura, lo observamos en el caso que se nos presenta, existen pruebas que el brazo ejecutor del gobierno ataca de manera impune, porque para este gobierno hasta la ONU vio ‘chica’, y la hace menos ante las observaciones, comenta la activista.

También se informó que, “el bajo nivel de independencia del sistema judicial, la corrupción entre los funcionarios públicos, y la explotación del sistema de justicia por compañías, que presentan quejas criminales contra los defensores de derechos humanos, todo contribuye a la criminalización de su trabajo”.

Sobre el tema, Hernández puntualiza que este martes asesinaron también a un activista en Chihuahua, “su delito era proveer de medicinas y alimentos a los indígenas tarahumaras. Es atroz cómo el gobierno los ataca porque les son incómodos al exhibir como se enriquece la cúpula en el poder y denigra al que por derecho le corresponde ser ayudado. En distintos puntos del país continúan los crímenes contra activistas, este gobierno busca exterminarlos en cualquier oportunidad, no la pierde”.