LSI perfecciona represión que inició Calderón; 2017, 48 activistas muertos

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 12%

Por Norma Trujillo Báez

El total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el año 2017 suman 48, las cuales fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y cuyo perpetrador fue un agente de Estado. En Veracruz se registraron cinco ejecuciones, ocupando el quinto lugar a nivel nacional, de acuerdo con la documentación realizada por el Comité Cerezo México.

La aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI), no obstante, no es un parteaguas o una acción que inicia un proceso de represión política generalizada en México, ya que esta estrategia, junto con las otras que existen de control social mediante el terror y los mecanismos contrainsurgentes han avanzado gradualmente a partir de la declaración de guerra de Calderón en 2006.

Tampoco quiere decir que la aprobación de la LSI no sea cualitativamente diferente a otras reformas legislativas que intentan legalizar lo ilegal de las violaciones a los derechos humanos, a pesar de los cambios en la redacción que se aprobó en comparación con la formulación inicial.

Era claro el intento de disminuir el costo político que ha generado la militarización del territorio nacional y el actuar sistemático y generalizado de las violaciones a derechos humanos en contra de la población en general y de la disidencia política en particular, así como reducir el espacio democrático de la libertad de defender los derechos humanos en México.

"En el plano de la vida democrática que se ha visto mutilada en años anteriores, el cambio cualitativo reside en el peligro de que con la LSI, se rompe el equilibrio entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así, la LSI, cual médium, invoca al espíritu de Porfirio Díaz para reinstaurar en México una nueva suspensión de las Garantías Constitucionales Mexicanas como en 1867, encontrando que cualquier pretexto real o ficticio de un ataque a la Seguridad Interior, justifica la disolución legal de los poderes Legislativo y/o el Judicial.

"Gracias al análisis de la aprobación de la LSI se puede explicar el proceso de ampliar los márgenes de impunidad al legalizar las violaciones a los derechos humanos, recordemos la aprobación en 1996 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la cual se ha perfeccionado, mediante reformas a la ley ocurridas en 2010, 2012, 2014 y 2016, que permiten la violación a los derechos humanos de manera más fina y efectiva.

"Es claro que, a partir del inicio del sexenio actual se han intensificado las propuestas de ley que violan ‘legalmente’ los derechos humanos y criminalizan el derecho humano a la protesta, también es cierto que no todas han podido aprobarse, debido a la crítica de las organizaciones de derechos humanos mexicanas y, sobre todo, de las organizaciones internacionales en la materia".

Dichas críticas han obligado a las autoridades a derogar o modificar dichas leyes y frenar la intención de incrementar "legalmente" la estrategia de represión política, ejemplos de estas leyes pueden verse desde 2013 con el Protocolo para el Control de Multitudes en la hoy CDMX; la llamada Ley Bala en Puebla en 2014, así como en Veracruz, San Luis Potosí, Estado de México, Quintana Roo, Chiapas, Puebla, entre otras entidades, cabe mencionar que también han intentado aprobar este tipo de leyes y existen propuestas legislativas a nivel federal, expone el reporte del Comité Cerezo.

"La violación a derechos humanos va en crecimiento y en 2017 se dieron 48 ejecuciones extrajudiciales, sobresalen los casos de periodistas, los cuales suman 10; mientras que, con seis casos cada uno, le siguen los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas, al territorio, y a una vida digna, en la que agrupamos a las víctimas de ONG, cabe señalar que en la antesala de las elecciones del presente año, hay cuatro víctimas que defendían el derecho humano a unas elecciones libres y democráticas.

"Guerrero sigue siendo uno de los estados donde ocurren más casos de ejecuciones extrajudiciales, le siguen Michoacán y Oaxaca con seis casos cada uno, tres estados donde también, en años anteriores, la estrategia de represión política se traduce en ejecuciones extrajudiciales, luego está Jalisco, en cuyo caso no habíamos documentado estos incidentes en años anteriores, alcanzó los seis casos, también es pertinente mencionar que las ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en 16 de los 32 estados de la República Mexicana".

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