Agresiones al alza, Mecanismo en picada

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%

Para el caso de personas defensoras de derechos humanos, el Comité Cerezo en su 6to informe “Defender los derechos humanos en México. La ejecución extrajudicial como respuesta del Estado”, contabilizó de enero de 2011 a mayo de 2017 un total de 4,581 violaciones de derechos humanos (es decir, son casos en donde intervienen directamente agentes del estado o personas privadas bajo aquiescencia del estado) contra las personas que defienden derechos humanos, de este total, 164 corresponden a ejecuciones extrajudiciales.

Agosto/2017
Texto: Gisela Martínez @giseleando
Análisis: Daniel Gómez
Arte: Ale Moreno
Fotografía interiores: Nora Hinojo @MorasFurthur
Dataviz: Daniel Gómez
Edición y coordinación: Oliver Morales

El asesinato del periodista Cándido Ríos no pasó desapercibido. Una afirmación que sólo se entiende si sabemos que nos referimos a México, el país en que la violencia ha sido normalizada, donde las cifras no dan cuenta ya de la magnitud del terror.

Las altas cifras de agresiones y asesinatos contra las personas que defienden derechos humanos o ejercen el periodismo han generado que diversos organismos internacionales emitan al Estado Mexicano recomendaciones para atender la grave crisis. Varias de estas recomendaciones giran en torno a la labor que desarrolla el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El Mecanismo tiene su base en la Ley Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Su objetivo es garantizar que periodistas y personas que defienden derechos humanos puedan continuar con su actividad sin riesgo para su integridad física.

El Mecanismo es coordinado por la Secretaría de Gobernación (Segob) a través de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos, y cuyo máximo órgano de toma de decisiones es la Junta de Gobierno.

De acuerdo con el “Informe Estadístico Julio de 2017” publicado por Segob, de octubre de 2012 a julio de 2017 el Mecanismo había recibido 562 solicitudes de incorporación tanto de periodistas como de personas defensoras de derechos humanos que han sufrido agresiones o que se sienten en riesgo; de estas solicitudes 84 fueron rechazadas, por lo que el Mecanismo actualmente tiene admitidos 478 casos, 116 por casos extraordinarios (cuando la vida de la persona está en peligro inminente) y 362 en casos ordinarios.

En su mayoría quienes acuden a solicitar protección del Mecanismo son periodistas: 324 solicitudes en comparación con las 238 solicitudes de personas defensoras de derechos humanos. Estas cifras discrepan con el contexto de emergencia que vive tanto el periodismo como el activismo actualmente. Según la organización Reporteros Sin Fronteras, México es considerado el tercer país más peligroso de mundo para ejercer el periodismo. Sin embargo, sólo una cuarta parte de los casos que atiende el mecanismo se tratan de casos en los que está en peligro la vida de las personas.

 Un mecanismo insuficiente

A pesar de que el Mecanismo se creó como una medida para garantizar el derecho a la libre expresión y el derecho a defender los derechos humanos, los casos que atiende son mínimos en comparación con el número de agresiones que sufren defensores y periodistas, según lo que han documentado organizaciones de la sociedad civil.

Para el caso de personas defensoras de derechos humanos, el Comité Cerezo en su 6to informe “Defender los derechos humanos en México. La ejecución extrajudicial como respuesta del Estado”, contabilizó de enero de 2011 a mayo de 2017 un total de 4,581 violaciones de derechos humanos (es decir, son casos en donde intervienen directamente agentes del estado o personas privadas bajo aquiescencia del estado) contra las personas que defienden derechos humanos, de este total, 164 corresponden a ejecuciones extrajudiciales.

Por su parte, la organización Artículo 19, en su informe de 2016 “Libertades en resistencia” contabilizó 1,858 agresiones contra la prensa en el período de 2011 a 2016, la organización incluye en su registro ataques a familiares de periodistas, propietarios de medios y a colaboradores y empleados no editoriales. En su registro, enumera no sólo violaciones a derechos humanos contra la prensa sino también ataques de particulares o sin conocer el tipo de agresor. Aunque la misma organización estableció que durante lo que va del sexenio han sido asesinados 39 periodistas por causas relacionadas a su oficio.

Estas cifras muestran el vacío en la protección a periodistas. Si hacemos un ejercicio comparativo de las cifras que reportan las organizaciones civiles con las cifras oficiales de las solicitudes admitidas, el Mecanismo únicamente está protegiendo al 14.69% de los casos registrados en el tema de periodistas (contando que son 1,858 las agresiones registradas contra los 273 casos admitidos), porcentaje que disminuye alarmantemente en el caso de personas defensoras al 4.47% (205 solicitudes admitidas en relación a las 4,581 agresiones documentadas).

 Las medidas de protección

El mecanismo puede otorgar medidas extraordinarias de protección cuando existe un alto riesgo contra la vida, las cuales tienen que implementar en menos de 9 horas; o dar medidas de protección ordinarias cuando hay un riesgo para la persona pero su vida no está en peligro iminente, aquí el Mecanismo tiene que elaborar un análisis de riesgo en 10 días y aplicarse en 72 horas.

La medida que más otorga es un “Botón de Pánico”, dispositivo que registra la ubicación de la persona beneficiaria en todo momento y que cuando es activado envía una alerta para que la persona sea auxiliada por alguna autoridad. Este dispositivo es tanto una medida ordinaria como extraordinaria y es el que mayores cuestionamientos ha tenido.

En su informe de 2015 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consideró que el botón de pánico es una medida de poca “eficacia” para personas que viven en comunidades rurales, aisladas o montañosas; además, el botón está conectado a gobiernos locales con los que la federación no se articula o que han sido señalados como ser las agresoras de las personas beneficiarias.

Según Comité Cerezo, para el periodo junio de 2015 a mayo de 2016, los 5 estados de la república con mayor registro de violaciones a defensores de derechos humanos fueron Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Ciudad de México. Para el caso de periodistas, los estados con más agresiones fueron: Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Guerrero, según Artículo 19.

Otros de los cuestionamientos que se han hecho al Mecanismo es su carácter meramente reactivo. De acuerdo con los datos, las Medidas de Prevención -aquellas medidas necesarias para revertir el contexto de riesgo que se vive en México y evitar ataques potenciales a la prensa y personas que defienden derechos humanos- no se han implementado sistemáticamente y desde 2014 son mínimas.

En 2013 fue el año que más medidas de protección se implementaron con 14, en 2014 fueron 5, para 2015 sólo 2 y en 2016 aumentó a 3, una de ellas fue la declaración de «Alerta Temprana» en el estado de Chihuahua, no obstante el 23 de marzo pasado la periodista Miroslaba Breach del diario La Jornada fue asesinada cuando llevaba a su hijo menor a la escuela.

Lo mismo ocurre en el estado de Veracruz, desde noviembre de 2015 opera la «Alerta Temprana», pero a la fecha han sido asesinados los periodistas Anabel Flores, Manuel Torres, Pedro Tamayo y el más reciente Cecilio Ríos, de Hueyapan de Ocampo.

«La Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis», el órgano responsable de implementar este tipo de medidas entró en operación apenas el año pasado, sin que hasta el momento haya cumplido con las publicaciones que le indica la ley como los mapas de riesgos o los reportes mensuales sobre agresiones a nivel nacional.

 Medidas de protección:

 Beneficiarios agredidos

Pero ni todos los esfuerzos ni los recursos invertidos han logrado detener los ataques. Los atentados contra el periodista Julio Omar Gómez así como contra la defensora Alma Barraza, donde en hechos separados, sus escoltas (parte de las medidas otorgadas por el mecanismo) fueron asesinados al protegerles; la defensora también denunció la ineficacia del botón de pánico al momento del ataque en una entrevista que otorgó a la Revista Proceso en su edición 2113. La misma publicación recopila los casos de Brenda Rangel Ortiz y Víctor García, integrantes del colectivo Desaparecidos Justicia, de Querétaro, y a quienes tampoco funcionó su botón de pánico cuando fueron agredidos.

Las agresiones fueron escalando hasta llegar al homicidio de Cecilio Pineda, asesinado después de que se le retiraron las medidas, y el de Cándido Ríos, donde a pesar de ser beneficiario, las medidas otorgadas no fueron capaces de salvarle la vida.

Tanto periodistas como defensores de derechos humanos coinciden: el tema principal es que a 5 años de su creación el Mecanismo no ha podido evitar la violencia estructural ni el contexto de agresiones que vive el país, sobre todo si consideramos que más de un tercio de las agresiones provienen por parte de servidores públicos (35.87%):

 ¿Carpetazo o eficacia?

El cierre de las carpetas ha encendido una alarma a raíz del homicidio del periodista Cecilio Pineda Brito, acribillado en el estado de Guerrero el pasado 2 de marzo. Desde el año 2015 el comunicador recibió varias amenazas de muerte por lo que se le incorporó como beneficiario del Mecanismo y su caso se calificó como de riesgo extraordinario pues su vida estaba en riesgo inminente.

Sin embargo, un año después, en octubre de 2016, la Junta de Gobierno del Mecanismo cierra el caso porque el periodista se negó a aceptar la medida de reubicación -según refiere un boletín de prensa-, sin embargo, el propio órgano no aclara si el comunicador tuvo una alternativa a una medida que la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) calificó como extrema, pues la reubicación implica dejar su hogar y abandonar su profesión para vivir en calidad de refugiado.

De acuerdo a las cifras disponibles, desde su creación a la fecha el Mecanismo ha cerrado 120 casos, de ellos: 69 se debe a la disminución del riesgo y 20 por el desistimiento que hacen las personas beneficiarias de seguir dentro del Mecanismo -18 casos correspondientes a periodistas y 2 a defensores de derechos humanos-.

Si consideramos los 478 casos que ha admitido el Mecanismo, los 69 casos cerrados por disminución de riesgo equivalen tan solo al 14.4%, un índice de eficacia que describe el nivel de cumplimiento del Estado Mexicano en su responsabilidad de proteger, promover y garantizar los derechos a informar y defender derechos humanos.

En una editorial que la organización Periodistas de a Pie emitió a raíz del homicidio de la periodista Miroslava Breach, se dibuja el sentimiento de desconfianza y recelo que impera entre un sector de la prensa hacia este Mecanismo:

«Nada de medidas políticas que ayuden a quitarle a otros las ganas de matarnos. Nada de apretarle las tuercas a las fiscalías para que investiguen la actividad periodística o a los gobiernos estatales para que realmente investiguen. Nada de mapas de actores políticos o estrategias que permitan prevenir las agresiones.»

Fuente de los datos: Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Informe Estadístico, Julio 2017.

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