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Boletín de prensa: La Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada exige a la Cámara de Diputados hacer las modificaciones necesarias a la Ley General contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares antes de ser votada

Miércoles 30 de agosto de 2017, por Acompañamiento

La Ley General que fue votada en el Senado fue aprobada por los partidos que firmaron el Pacto por México (PRI-PAN-PRD) y con ella pretenden resolver el grave problema de las desapariciones forzadas en México, problema que ellos mismos crearon y que su propuesta de Ley General, tal y como está, sólo les garantizará mayor impunidad.

Boletín de prensa:
La Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada exige a la Cámara de Diputados hacer las modificaciones necesarias a la Ley General contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares antes de ser votada

Ciudad de México a 30 de agosto de 2017
Como integrantes de la Campaña Nacional contra la desaparición forzada en México exigimos a la Cámara de diputados a que, en este periodo de sesiones, trabaje en la integración de diversas observaciones y exigencias que aún se tienen con respecto a Ley General contra la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares. Es necesario que realicen las adecuaciones pertinentes a esta Ley, si en realidad hay voluntad política para acabar con la impunidad y garantizar realmente el acceso a los derechos de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición para las víctimas de este grave crimen.
En el mes de abril , como Campaña hicimos público nuestra negativa de avalar la Ley General que se aprobó en el Senado, debido a que aún existen serias deficiencias en el Dictamen. Denunciamos que mañosamente se pretendió engañar a las familias haciéndolas creer que se integrarían todas las exigencias que se trabajaron en las mesas, de las cuales, si bien algunas fueron retomadas, solamente fue de nombre, más no de fondo. Dando como resultado un Dictamen alejado de las exigencias de las familias y de muchas de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos.
La Ley General que fue votada en el Senado fue aprobada por los partidos que firmaron el Pacto por México (PRI-PAN-PRD) y con ello pretenden resolver el grave problema de las desapariciones forzadas en México, problema que ellos mismos crearon y que su propuesta de Ley General tal y como está, sólo les garantizará mayor impunidad.
La Ley General que pretender imponer no permitirá ver un cambio real de la situación que hoy se vive en México a consecuencia de la impunidad que prevalece desde hace más de 40 años y de la falta de acceso a la verdad y justicia en los casos de desaparición forzada.
En el actual sexenio se ha observado la agudización de la criminalización, la represión política, de las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas; lo cual pone de manifiesto y de manera más clara que estas graves violaciones a los derechos humanos no son hechos aislados, sino que forman parte de una política de Estado.
Día con día desaparecen al menos 10 personas en el país y, “oficialmente”, se reconocen más de 32 mil personas desaparecidas. Por lo menos, desde el sexenio de Felipe Calderón y contemplando el actual encabezado por Enrique Peña Nieto, se ha denunciado que podrían ser miles más que no están registradas en ninguna base de datos y una cifra “negra”, que se podría también contar por miles, ya que muchas familias no denuncian por miedo, por ello no podemos permitir que nos quieran imponer una ley hecha a modo y que no sirva en los hechos para erradicar este flagelo.
Hoy, 30 de agosto día Internacional de las víctimas de desaparición forzada y a 7 años de la conformación de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, exigimos que la Ley General que se encuentra en la Cámara de Diputados no sea aprobada hasta que se realicen las modificaciones que hemos hecho del conocimiento público desde hace meses, y que a continuación volvemos a mencionar.
1.- Bajo el pretexto de que para activar la Búsqueda inmediata y no caer en actos de incongruencia legal, el Estado mexicano deja en el Dictamen el término persona No Localizada. Este término se utiliza también para nombrar el “nuevo registro” de Personas Desaparecidas, el cual llevará el nombre de Registro Nacional de Persona Desaparecidas y No Localizadas. Con lo cual se demuestra que el Estado mexicano, bajo el argumento de “buscar” a todas las personas desaparecidas, oculta intencionalmente la práctica de la Desaparición Forzada que de manera sistemática y generalizada y la cual es cometida por agentes del Estado mexicano o con su aquiescencia. Además, no crea un registro que responda a la naturaleza y especificidad de la desaparición forzada.
2.- Para garantizar impunidad a los responsables intelectuales de cometer desapariciones forzadas, el Estado mexicano se negó a establecer la responsabilidad de los superiores jerárquicos como lo mandata la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada en su Artículo 6; por lo que exigimos establecer la responsabilidad para superiores jerárquicos, y no sólo para los responsables materiales de cometer las desapariciones forzadas.
3.- Respecto a la creación de instancias eficaces para la Búsqueda, se eliminó la instancia encargada de realizar la Búsqueda inmediata y permanente de las víctimas de desaparición forzada. Eliminaron también establecer, dentro de los mínimos aceptables, el acceso a todos los lugares de probable detención de las víctimas incluidos campos militares o cualquier instalación perteneciente a las Fuerzas Armadas, así como de detención. En su lugar se crea una Comisión Nacional de Búsqueda, que no es nacional y que no posee atribuciones ni herramientas necesarias para hacer la búsqueda adecuada en campo.
4.-A pesar de que en varias partes de la Ley se reconoce la necesidad de contar con un órgano que realmente sirva para la investigación forense, bajo el alegato de no contar con recursos suficientes, el Estado mexicano se niega a crear un Instituto Autónomo de Ciencias Forenses, y sólo crea una figura llamada Banco Nacional de Datos Forenses, que solamente agrupará Bases de Datos, que serán alimentadas por los mismos peritos dependientes de las Procuradurías, de esas mismas Procuradurías que no investigan y que hacen lo imposible para que los familiares de las víctimas no denuncien.
5.-El Estado mexicano reconoce que las desapariciones forzadas en México de la época de la “guerra sucia” deben ser investigadas, pero no crea una instancia de búsqueda inmediata, es decir, la Ley General no contempla encontrar a las víctimas de desaparición forzada, pese a que la desaparición forzada es un delito continuo.
6.- Como ha sido una constante durante más de cincuenta años, y más aún durante este sexenio, el Estado mexicano se negó a integrar cualquier artículo donde se hiciera alusión a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, lo que garantiza la posibilidad de que éstas sean juzgadas bajo su propia jurisdicción.
7.- La Ley General no contempla la reclasificación de los delitos, lo cual seguirá dejando a todos los casos que no son investigados como desapariciones forzadas o desapariciones cometidas por particulares sin la posibilidad de exigir que se clasifiquen adecuadamente al momento de entrada en vigor de la Ley.
8.- Como se ha visto hasta ahora, la Ley General de Víctimas ha sido un mecanismo eficaz para desmovilizar a los familiares de las víctimas, y la Ley General contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares hace referencia en todo momento a la Ley General de Víctimas para cualquier petición de búsqueda e identificación de peritos independientes que puedan llegar a solicitar los Familiares.
9.- Debe incluir la inhabilitación de por vida de todos aquellos agentes del Estado involucrados en una desaparición forzada.
10.- Falta explicitar que la pena mínima, aún con beneficios procesales, no pude ser menor a 20 años de privación de la libertad para los casos de desaparición forzada
La existencia de un marco jurídico en materia de desaparición forzada de personas en estos momentos es sumamente necesaria, sin embargo, éste debe ser acorde a los marcos internacionales, a las exigencias que se han hecho desde hace décadas y sobre todo no debe permitir que los responsables en ningún caso queden en la impunidad. Reiteramos que ninguna ley por si sola podrá resolver el grave problema de los miles de detenidos desaparecidos que existen en nuestro país si no existe la voluntad real del Estado mexicano de dejar de desaparecer a las personas. Sin embargo, gracias a la lucha y exigencia de los familiares hoy existe la posibilidad de tener una ley en la materia y es necesario que esta ley no tenga deficiencias desde el origen ya que difícilmente será una herramienta que nos permita contribuir a denunciar estos crímenes, es por esto que como Campaña seguimos exigiendo una ley que responda a la gravedad de lo que estamos enfrentando y que no sea sólo una simulación para salir del paso.
Por todo lo anterior, como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, exigimos a la Cámara de Diputados adoptar las observaciones y exigencias señaladas por los familiares y organizaciones que hemos trabajado en el tema ya que de ser aprobada como la envió el Senado se seguirá perpetuando la impunidad y el Estado mexicano continuará sin garantizar a las víctimas, familiares y sociedad en su conjunto los derechos de MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN.
Por último, hacemos la invitación a asistir al Mitin frente a la Cámara de Diputados el día jueves 7 de septiembre para entregar las observaciones a la Ley General contra la desaparición forzada y desaparición a manos de particulares.
Presentación con vida de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, el defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, el indígena chatino Lauro Juárez, el profesor Carlos René Román Salazar, los activistas Teódulfo Torres Soriano, Gabriel Gómez Caña, Fidencio Gómez Sántiz, los 43 normalistas de Ayotzinapa y las más de 30 mil víctimas de desaparición forzada en México.
¡Los detenidos desaparecidos son del pueblo!
! Vivos se los llevaron, vivos los queremos ¡
! No avalamos la Ley General del PRI, PAN Y PRD ¡
¡ Sí a la Ley General elaborada por las familias, organizaciones de derechos humanos y populares ¡
Atentamente
Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Comité Cerezo México, Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C, Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y sierra Oriental (CODHHSO), Comité Independiente de Derechos Humanos de Puebla, Red de Defensa de los Derechos Humanos, Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, desaparecidos y asesinados en Guerrero, Taller de Desarrollo Comunitario A.C., Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Brigada Multidisciplinaria, Ajusco Radio y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM)

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