Ciudad de México | Desinformémonos. Las desapariciones forzadas forman parte de una “política sistemática y un crimen de Estado” en México y otros países regionales y en el mundo, afirmó el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos frente a las instalaciones de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Hoy frente a la fiscalía de personas desaparecidas, le corresponde llevar a cabo las acciones necesarias para encontrar y localizar a nuestros familiares y porque desde hace tres años existe una resolución judicial histórica que exigimos asuma para que sea acatada”, aseguraron los integrantes del Comité al recordar el caso de la desaparición de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya hace diez años.
Señalaron que luego de una década del crimen, los responsables aún no han sido sancionados “y siguen en la impunidad”. “Estos tienen nombre y apellido: Felipe Calderón, quien en su momento era presidente, Ulises Ruiz como gobernador de Oaxaca, así como una larga lista de responsables que estuvieron a cargo de los cuerpos policíacos y militares en el 2007, a los cuales se han sumado muchos más en estos años por su omisión al no investigar y castigar a los responsables intelectuales materiales de este crimen”, agregaron.
Junto con el Comité Cerezo, los familiares de desaparecidos en México refirieron que han presentado pruebas y documentado la participación de los agentes del Estado en la detención y desaparición forzada de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, pues “existen diversos recursos jurídicos y de derechos humanos que así lo constatan”. “Por ello demandamos a esta fiscalía cumpla con su obligación de realizar la búsqueda de nuestros familiares en los cuarteles militares en centros de detención como lo ordena la resolución judicial 29/2104”, exclamaron.
Por último, el antropólogo Gilberto López y Rivas enfatizó que desde el 2007 México ha estado inmerso en una “guerra y un conflicto armado interno que se ha considerado a nivel mundial como el país más letal después de Siria por el número de ejecuciones extrajudiciales y más de 200 mil desapariciones forzadas”.
“El gobierno reconoce más de 20 mil, pero sabemos que son más de 50 mil, así como incluso la ejecución de 126 periodistas”, subrayó.