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ESTADO MEXICANO PRETENDE LEY DE DESAPARICIÓN FORZADA QUE ALIENTA IMPUNIDAD: OSC

Lunes 24 de abril de 2017, por Comité Cerezo México

Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Jueves 20 de abril de 2017

El Estado mexicano incumple acuerdos con familiares de víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, y a unos días de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones en el Senado de la República intenta la aprobación de una Ley General en la materia que garantiza mayor impunidad, denunciaron organizaciones civiles que integran la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México.

A través de un boletín de prensa, precisaron que la ley que impulsa el gobierno de la República no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y no cuenta con la aprobación de familiares de víctimas, organizaciones populares y de derechos humanos, pues a pesar de que en reunión del 31 de marzo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a incluir sus propuestas, ahora “el gobierno federal da a conocer, mediante un documento, los comentarios al proyecto de dictamen, el cual no es más que una contra propuesta del Ejecutivo. Contra propuesta que lejos de cumplir con todo lo necesario para garantizar que la Ley General contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares garantice los derechos de memoria, verdad, justicia, reparación del daño y medidas de no repetición, muestra una vez más la falta de voluntad política del Estado mexicano para erradicar las desapariciones forzadas y desnuda la simulación de diálogo que durante dos años ha mantenido con las organizaciones de víctimas y de derechos humanos”.

Alertaron que el Ejecutivo federal intenta que en la iniciativa final, “alegando la pronta activación de la búsqueda en los casos de desaparición de personas, se incluya el término Persona No Localizada en toda la redacción de la Ley”. Y permitirlo en la legislación cuyo fin es investigar, sancionar y prevenir una violación grave a derechos humanos y un grave delito, como lo es la desaparición forzada y la desaparición a manos de particulares, “solamente va servir para que el Estado mexicano diluya su responsabilidad respecto a las desapariciones forzadas, puesto que el término de Persona No Localizada va en contra de la naturaleza específica de la desaparición forzada”.

También, agregan, se pretende usar el término genérico de Personas desaparecidas para las víctimas de desaparición forzada y víctimas de la desaparición a manos de particulares, “sin que se especifiquen protocolos diferenciados cuando se comete una violación a los derechos humanos (desaparición forzada) y cuando se comete un delito (desaparición a manos de particulares) es diluir la responsabilidad del Estado en cuanto a las desapariciones forzadas y generará más impunidad”.

En el tema de sanciones, la iniciativa del Ejecutivo “quita a la cadena de mando como responsable de la comisión del delito de desaparición forzada, contraviniendo los Tratados Internacionales en materia de desaparición forzada de personas, los cuales el Estado mexicano ha firmado y ratificado; por lo que está obligado a cumplirlos”. Aunado a ello, se intenta desaparecer los apartados relacionados con las desapariciones forzadas cometidas durante la etapa de la guerra sucia, pese a que las desapariciones forzadas cometidas en éste periodo son de carácter continuo y cuentan con diversas recomendaciones y una sentencia por parte de instancias internacionales.

En cuanto al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, denuncian que a la Comisión Nacional de Búsqueda se le reducen atribuciones y se le quitan herramientas indispensables para dar con el paradero de las víctimas de desaparición forzada y de desaparición cometida por particulares.

Y además de que en ninguna parte del documento que impulsa el Ejecutivo federal se retoman las exigencias hechas por las organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de desaparición forzada, como la de establecer los mínimos del protocolo para la búsqueda e investigación de casos en específico, y se deja de lado la importancia de contar con un capítulo específico para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes víctimas de desaparición forzada o cometida por particuares.

Lo que se aprecia es “la insistencia del Estado mexicano por diluir su responsabilidad ante las desapariciones forzadas, así como intentar equiparar está grave violación a derechos humanos con cualquier delito e incluso equipara la desaparición forzada con la No Localización de una persona, a sabiendas que este término por sí mismo no configura una violación de derechos humanos o algún delito”.

Por todo ello, hicieron un llamado a todas las familias de víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, a las organizaciones de derechos humanos, populares e indígenas, a los organismos internacionales en materia de derechos a no permitir la aprobación de una Ley General en materia de Desaparición Forzada de personas y desaparición cometida por particulares. “Le recordamos al Estado mexicano, que los derechos humanos no son negociables y que está obligado a garantizar su protección”.

Las organizaciones que integran la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México y que firman el documento, son el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos; Comité Cerezo México; Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero; Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos; Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos; Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y sierra Oriental (CODHHSO); Comité Independiente de Derechos Humanos de Puebla; Red de Defensa de los Derechos Humanos; Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, desaparecidos y asesinados en Guerrero; Taller de Desarrollo Comunitario; Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM); Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS); Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT); Brigada Multidisciplinaria; Ajusco Radio y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM).


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