Supera a Ulises Ruiz Con Cué, la peor represión en Oaxaca

OAXACA, Oax. (proceso).- La noche del martes 5, cientos de personas se concentraron en el barrio de El Paragüito, en un cerro de Xoxocotlán, municipio conurbado de esta capital, para visitar la vivienda donde era velado el profesor José Caballero Julián.

Tres semanas antes, el 11 de junio, un operativo con 800 policías llegó a las inmediaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para desalojar un plantón de la Sección 22, integrado por profesores que protestaban por la detención del secretario de Organización, Francisco Villalobos Ricárdez. Como a las 23:00 horas, sin mediar palabra, los agentes arremetieron contra la muchedumbre.

El comunicado oficial estableció que no hubo heridos de gravedad. Sin embargo, a José Caballero lo impactó una bomba de gas en la cabeza, por lo que estuvo hospitalizado hasta el martes 5, cuando murió a consecuencia del golpe.

No era la primera vez que la policía estatal llegaba a una concentración sin dialogar con los inconformes. A decir de Gustavo Manzano Sosa, secretario técnico de la Sección 22, el preámbulo de un operativo es un diálogo que casi siempre termina con la protesta replegada pacíficamente. Son negociaciones en caliente, en las que inconformes y policías van cediendo 20 metros, un desbloqueo de vialidad, o inclusive, el retiro de los contingentes.

No sería la última vez que se privilegiara la violencia antes del diálogo. También sin negociación se retiró el bloqueo de Nochixtlán el 19 de junio, aun cuando el Manual de Uso de la Fuerza, de la Policía Federal, ordena la conciliación como preámbulo de cualquier procedimiento que implique la fuerza (Proceso 2071).

Por eso Manzano dice que la represión con Gabino Cué superó a la de sus antecesores. Aun la de Ulises Ruiz, que era gobernador durante el conflicto social de 2006. Y en eso coincide la mayoría de los dirigentes sociales.

Una consulta a los registros de las diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos que documentan ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, encarcelamientos y agresiones contra activistas da cuenta de la cantidad de víctimas del gobierno de Cué.

La estadística refleja que, en el sexenio, se han registrado al menos 44 ejecuciones extrajudiciales, 12 desapariciones, 220 detenciones arbitrarias y 29 agresiones en distintas modalidades, que han afectado a numerosas organizaciones sociales, sin contar las agresiones masivas como la del operativo de Nochixtlán.

La estadística se integró a partir de los informes anuales sobre represión que desde 2010 publica el Comité Cerezo México; el Comité de Familiares de Desaparecidos-Detenidos Hasta Encontrarlos, así como de aquellas víctimas que reportan organizaciones como la Sección 22, el Frente Popular Revolucionario (FPR), Comuna Oaxaca y el Consejo Indígena Popular de Oaxaca-Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM).

Se trata de unos 300 ataques, la mayoría enderezados contra dirigentes de organizaciones, destacadamente opositores a proyectos gubernamentales, obras de infraestructura o políticas públicas.

La carretera o la vida

Las carreteras son peligrosas para los dirigentes sociales oaxaqueños. A Ignacio García Maldonado lo asesinaron en la Oaxaca-Istmo el 29 de marzo de 2014. Y en un paraje de San Andrés Huaxpaltepec mataron a balazos a Enrique Quiroz Quiroz el pasado 1 de abril.

Ellos pertenecían a Comuna Oaxaca y, como en muchos de los otros 42 casos de asesinatos de dirigentes sociales durante el sexenio de Cué, tuvieron una participación activa en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en 2006.

A su vez, la Comisión para la Verdad de Oaxaca, instancia oficial de carácter ciudadano creada para investigar las violaciones de derechos humanos en 2006-2007, sólo pudo documentar nueve casos, aunque en su informe final, emitido en febrero pasado, asienta que fueron 28 muertes.

La diferencia es sustancial, pues aun aceptando que las 28 muertes ocurridas durante el conflicto de 2006-2007 sean todas por ejecución extrajudicial, en lo que va del gobierno de Cué –que concluye en diciembre próximo– se contabilizan 44, sin tomar en cuenta tres muertes que denuncia la Sección 22, perpetradas el 19 de junio, y que son rechazadas por los gobiernos estatal y federal.

La historia roja

En 2006 el CIPO-RFM fue uno de los protagonistas de la ola de inconformidad contra el gobierno del priista Ulises Ruiz. Para los miembros de dicha organización la represión no es novedad, pues en el sexenio de Diódoro Carrasco Altamirano les encarcelaron al menos a 150 miembros.

En el sexenio de José Murat, amenazas, allanamientos y otras acciones de hostigamiento se volvieron tan frecuentes que el dirigente y fundador de la organización, Raúl Gatica, vive exiliado desde 2005 en Canadá. Luego llegó el conflicto 2006-2007 y, finalmente, el sexenio de Cué. Hoy, su dirigente, Miguel Cruz Moreno, expresa: “Sentimos que no hay diferencia entre un gobierno y otro. El tipo de gobierno ha sido represor, ha cuidado los momentos y las formas. La diferencia es que es peor con Cué, porque neutralizó al movimiento social”.

Para Cruz Moreno, lo que ocurrió es que Cué hizo un pacto de impunidad con Ruiz, que se renueva ahora, con el gobierno de Enrique Peña Nieto y el regreso del PRI al gobierno del estado.

Cuando dirigentes de movimientos sociales denunciaron hostigamiento y amenazas de muerte, la Defensoría de Derechos Humanos del Estado pidió medidas cautelares para que el gobierno del estado las extendiera sobre los afectados. Es el caso de la dirigencia de Comuna, del Frente Popular Revolucionario y de CIPO-RFM.

El coletazo más reciente

El operativo en Nochixtlán del pasado 19 de junio dejó un saldo oficial de ocho muertos, dos desaparecidos y 23 detenidos, la mayoría civiles sin militancia política. El extremo del abuso excesivo de la fuerza y la arbitrariedad policial fue la detención de esas 23 personas, pues 19 de ellas formaban parte de una familia que estaba en el panteón, sepultando a un pariente.

Las detenciones masivas han ocurrido en diferentes ocasiones y es la policía estatal las que las efectúa. Por ejemplo, el 14 de febrero de 2014, integrantes de la Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades (Ucidebacc)realizaban una protesta en Pinotepa Nacional cuando un contingente policiaco llegó y barrió con hombres, mujeres y niños. Un total de 20 personas en la misma redada.

La organización ha sido de las más golpeadas en el sexenio de Cué, pues entre las detenciones arbitrarias destacan las de dos de sus integrantes, Antonio Zárate Bernal y Juan Rojas Viviano, el 27 de agosto de 2011. El 16 de octubre siguiente fue capturado el dirigente Librado Baños; su esposa, Eva Rivero, y Rey Simeón Chávez.

A Bonifacio Cruz Reyes, miembro también de la Ucidebacc, lo detuvo una patrulla de la policía estatal el 17 de enero de 2012, y al día siguiente fue encontrado sin vida en los antiguos terrenos del basurero municipal de Pinotepa Nacional. En varias ocasiones sus compañeros han sido objeto de allanamientos, detenciones y la lista sigue, e incluye un intento de asesinato contra Eva Rivero.

Si una organización ha padecido detenciones arbitrarias y tiene militantes en prisión es el FPR. En lo que va del actual sexenio suma 53 detenciones arbitrarias, la cuarta parte de las contabilizadas por el Comité Cerezo México en Oaxaca, tal como se lee en su informe de represión en el país.

El dirigente del FPR en Oaxaca, Macario Otalo Padilla, así como los entrevistados, Flavio Sosa, de Comuna; Miguel Cruz, de CIPO-RFM, y Gustavo Manzano, de la Sección 22, han coincidido en denunciar que desde el gobierno estatal se está operando una campaña de desprestigio contra las organizaciones sociales:

A raíz de los hechos de Nochixtlán, diferentes publicaciones en medios locales y nacionales empezaron a señalar a varios dirigentes de las organizaciones sociales como responsables de la reacción de la población en esa comunidad mixteca, e inclusive les han atribuido vínculos con la guerrilla.

Manzano afirma que el referente histórico es que hay 65 presos políticos en Oaxaca; por ejemplo los de los Loxicha, detenidos en los noventa, a quienes vincularon con el Ejército Popular Revolucionario. Y es él quien también expresa preocupación porque Comuna y Cipo-RFM, entre otras organizaciones, sean señaladas frecuentemente para endilgarles actos ilícitos o actos de violencia.

Flavio Sosa, quien durante un año y medio estuvo preso, se explica lo ocurrido hace una década, en una serie de crisis que detonó la explosión social.