Defensores de derechos humanos en riesgo

Escrito por Carolina Duarte

La Universidad Iberoamericana de Puebla fue el lugar elegido para realizar el foro Defensores de Derechos Humanos en Riesgo, el cual contó con la asistencia de Michel Forst, relator especial del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la materia.

En su visita no oficial a México, Forst advirtió que viene a conocer, a grandes rasgos, la problemática por la que atraviesan los defensores de derechos humanos y reunir elementos para proponer una visita oficial, para conseguir algunas mejoras en ese ámbito.

El foro fue inaugurado por el rector de la Ibero de Puebla, Fernando Fernández Font, quien señaló que “los estados deben adoptar todas las medidas para garantizar la protección de la persona ante amenaza, represión y condiciones adversas”.

Agregó: “hace falta la suma de actores para lograr esto que buscamos, por eso también las universidades tenemos la responsabilidad de formar ciudadanos que velen por el cumplimiento de los derechos fundamentales”.

Durante la realización del evento se dieron a conocer datos que refieren la situación actual de los defensores de derechos humanos.

Galilea Cariño Cepeda, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.C., dio a conocer que “de junio de 2012 a mayo de 2015 en nuestro país, según datos del Comité Cerezo y de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, se registraron casos de violación a los derechos humanos en contra de 471 personas, 119 organizaciones y 69 comunidades”.

El relator Michel Forts dijo que su objetivo era reunirse con pueblos indígenas de Puebla, Chihuahua, Ciudad de México, Chiapas y Oaxaca, con el fin de conocer las dificultades que los aquejan, observarlos, elaborar un informe, presentarlo ante la ONU, conseguir que el gobierno de México pida su intervención, regresar al país en una visita oficial, reunirse con todas las partes afectadas, evaluar y presentar los resultados, además de propuestas. “Debo cuestionar a los gobiernos sobre lo que están haciendo mal, el gobierno tendrá 60 días para responder y por último acordaremos una reunión para colocar en práctica los acuerdos logrados”.

Luego del foro abierto al público en general, tanto el comisionado como los defensores de derechos humanos que asistieron al evento, se reunieron en un salón de la universidad, a manera de mesa de trabajo, donde el relator escuchó y anotó testimonios de diferentes grupos vulnerables del país.

Esa sección de la jornada contó con seis mesas de trabajo donde se trataron temas relacionados con periodistas amenazados, asesinados, libertad de expresión, violencia contra las mujeres, derecho al trabajo, explotación de los recursos naturales y temas territoriales.

Cabe resaltar que en las mesas de trabajo se prohibió cualquier tipo de grabación, por la crudeza de los testimonios y a que la mayoría son investigados.

Las radios indígenas y comunitarias tuvieron una fuerte participación en el foro. Los fundadores y locutores narraron las adversidades que viven con el gobierno, con el crimen organizado y los obstáculos para mantener al aire las emisoras.

Un testimonio registrado en diferentes medios de comunicación y, por supuesto, en la revista Zócalo, es el de Indalecio Benítez, fundador de la radio comunitaria Calentana Mexiquense, del municipio de Luvianos, Estado de México, quien sufrió el asesinato de su hijo Juan Diego, de 12 años, a manos de un grupo de sicarios. Pese a ello, Calentana Mexiquense siguió sus transmisiones con normalidad.

Posteriormente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) le confiscó el equipo de transmisión, mediante una acción en la que los emisarios del organismo estuvieron acompañados de elementos de la Secretaría de Marina

Por las irregularidades y violaciones a su persona física y moral, Benítez recibe apoyo de diferentes organizaciones civiles a favor de los derechos humanos y de la libertad de expresión. Hoy está a la espera de la concesión para que su emisora sea legal bajo los protocolos del IFT.

Indalecio Benítez presentó a los asistentes documentos que evidencian las incoherencias del gobierno del Estado de México y del IFT, así como su intención de obtener una concesión.

A una voz, los integrantes de radios indígenas y comunitarias denunciaron amenazas, hostigamiento, tortura, asesinatos y desapariciones forzadas de comunicadores, por lo que le pidieron al relator de la ONU intervenir, pues la información es un derecho, principalmente de las comunidades indígenas alejadas, donde es difícil acceder a ella pues se carece de electricidad. Además, demandan información transmitida en su idioma.

Al hacer alusión a la campaña del IFT “Se busca por robo”, una persecución de radiodifusoras carentes de concesión, señalaron que el espectro electromagnético no tiene dueño y no pueden acusarlos de ladrones.

Irina Vázquez, coordinadora ejecutiva de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México (AMARC), aseguró que “las radios comunitarias no se legalizan porque no quieran, las razones van más allá, son comunidades donde muchas personas no saben leer ni escribir, donde no tienen luz y por lo tanto internet, y por lo obvio no saben manejarlo. Transportarse a la Ciudad de México se les dificulta en cuanto a gastos, además muchos requieren traductores para entenderse con las autoridades correspondientes. Son muchos factores que no son tomados en cuenta por los reguladores”.

El evento concluyó con el compromiso, por parte del relator Michel Forst, de hacer llegar a la ONU los testimonios a los que tuvo acceso durante la jornada. Mientras tanto, los defensores de derechos humanos siguen en el activismo no reconocido y tachado de criminalización.