ONG piden incluir responsabilidad de Estado mexicano en ley de desapariciones

México, EFE Organizaciones civiles mexicanas denunciaron hoy que el borrador emitido por el Senado de la ley sobre desapariciones forzadas no reconoce a todas las víctimas y exime al Estado de responsabilidad en una práctica "sistemática y generalizada" en el país.

Las organizaciones, agrupadas bajo la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, emitieron un posicionamiento en que aseguran que el borrador "parte del supuesto de que la mayoría de las personas que han sido desaparecidas en México" lo han sido a manos de particulares y no por agentes del Estado.

De esta forma, el texto, elaborado por diferentes comisiones del Senado, no se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y elude la responsabilidad de las autoridades, aseguraron en un comunicado.

La expresión "desaparición forzada", explican, se refiere a aquellas cometidas "de manera directa o indirecta por agentes del Estado o por grupos que actúan con su consentimiento o aquiescencia".

Por tanto, el Estado es el "único responsable de proteger, garantizar y respetar los derechos humanos" e "investigar, sancionar y reparar toda desaparición forzada".

Asimismo, las agrupaciones alertan de que en el borrador sólo se reconocen como víctimas a aquellos familiares o allegados de los desaparecidos, pero los propios desaparecidos no son considerados como víctimas directas.

Criticaron la presencia de la expresión "persona no localizada", que no tiene cabida en los estándares internacionales y que debería ser eliminada "a fin de no confundir ni restar responsabilidades".

Por otra parte, proponen agregar un artículo en que se especifique que los presuntos responsables de cometer desapariciones forzadas únicamente pueden ser juzgados por tribunales civiles, "quedando excluida toda jurisdicción especial, en particular la correspondiente a las Fuerzas Armadas".

Entre sus sugerencias también están que los agentes estatales involucrados en estos delitos sean destituidos e inhabilitados de manera definitiva de su cargo, y que quede patente la obligación del Ministerio Público de reclasificar delitos como desaparición forzada cuando haya elementos que así lo indiquen.

Los integrantes de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, entre ellos el Comité Cerezo México y la Red de Defensa de los Derechos Humanos, cargaron contra el punto del borrador que contempla la creación de un Instituto Nacional Autónomo de Ciencias Forenses, ya que sería un organismo no autónomo al depender de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía).

Según cifras oficiales, en México hay más de 27.000 personas desaparecidas, un dato que en realidad se queda corto, ya que muchos de los casos no se reportan a las autoridades.