Cómo dejar de rogarle a tu verdugo

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%

“Por ejemplo, cuando un delincuente ayude a localizar con vida a la víctima directa o el cuerpo o restos humanos, la pena se disminuiría en una tercera parte”, comenta Héctor Cerezo, integrante de la ONG Comité Cerezo, cuya iniciativa de ley general forma parte de una de las tres que están en la Cámara Alta. “Con esto no se trata de beneficiar al delincuente, sino de ayudar a las familias, que su calvario acabe pronto”, externa.

  • Cuatro iniciativas de ley plantean agilizar la búsqueda de desaparecidos; familiares exigen que los incluyan en el debate de las propuestas de PRI, PAN, PRD y Ejecutivo

La tarde del 21 de septiembre de 2010, un hombre cortó el cuello de Maribel Enciso, a la altura de la yugular, para quitarle a su hija de 11 meses. Fue el mismo que una semana antes había entrado a la óptica en Tecámac, Estado de México, con el pretexto de necesitar un examen de la vista y a su regreso cerró por dentro los dos accesos del negocio, sacó de su mochila una navaja y la puso debajo de la barbilla de la propietaria.

La punta de la cuchilla rompió la piel con tal fuerza que el hombre pudo moverla de izquierda a derecha para cortar la vena. Maribel, desconcertada, peleó tanto como pudo, hasta que la hemorragia le quitó fuerza en las piernas y cayó en un charco de sangre. Antes de desmayarse, pudo observar que su atacante ni siquiera hurgó en la caja registradora; sólo escribió una nota que dejó en el mostrador: “A tu hija me la voy a llevar a Sudamérica”, tomó el neceser con María José Monroy Enciso adentro y huyó.

Ocho días después, Maribel despertó en la cama de un hospital. Una traqueotomía de emergencia salvó su vida —gracias a testigos que la vieron salir arrastrándose de su local—, pero amenazaba con dejarla muda. Aunque su preocupación era otra: su hija no aparecía y nadie había pedido rescate.

Al cabo de un mes, reconoció a su atacante en la televisión: Geizer, de 32 años, detenido por la violación de una niña de 14. Tan pronto como pudo, Maribel se presentó con su esposo en la Procuraduría mexiquense y contó su caso con la esperanza de hablar con el detenido y atravesarlo con preguntas, pero el Ministerio Público la mandó a casa a esperar una llamada sobre su caso, que llegó al cabo de unos días: Geizer confesó el rapto de María José… y reveló que a los pocos días la ahogó en una cubeta, envolvió su cuerpo con una cobija y la tiró al canal de aguas negras de Nextlalpan, Estado de México.

Pero la familia no creyó en ese relato. La investigación que realizó al margen de la autoridad señalaba que el verdugo mentía: ubicaron a dos testigos que vieron al secuestrador con María José en un autobús rumbo a Salamanca, Guanajuato, dos días después del supuesto asesinato, y cuando los buzos de la Secretaría de Marina se sumergieron en el canal, hallaron dos cuerpos de hombres adultos, ninguno de una niña, ni la cobija.

Desde entonces, Maribel ha recuperado la voz paulatinamente y lleva más de cuatro años tocando la puerta de la cárcel de Otumba para hablar con Geizer y rogarle que le diga dónde está María José. Rogar, dice, es el verbo correcto, porque hasta ahora ninguna ley en México regula los pactos entre familiares de desaparecidos y victimarios; y sin ello, el último recurso es apelar a la conciencia de los verdugos.

“Se le ha ofrecido mejor calidad de vida, que yo intervenga para reducirle la pena, y se niega. Está en una red de tráfico de menores en adopción. Sabemos que hay más personas involucradas y que él o su familia están amenazados”, dice Maribel, quien llama a Geizer “la última pieza del rompecabezas para encontrar a mi hija”. Sin dudarlo, daría todo a su verdugo a cambio de información sobre María José. Pero hoy el Estado no la ayuda.

Propuestas a discusión

Después de 26 mil personas ilocalizables, México tendrá una ley general contra las desapariciones forzadas… aunque el Senado tendrá que elegir entre dictaminarla fuera del tiempo constitucional o hacerlo sin realizar foros para consultar a familiares de las víctimas.

El pasado 10 de diciembre, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso la iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas, que era esperada desde hace meses en la Cámara Alta para discutirla junto con otras tres iniciativas en el tema que han sido presentadas por el PRI, PAN y PRD.

La propuesta presidencial —que plantea crear el Sistema Nacional de Búsqueda y el Registro Nacional Forense— comenzó a gestarse dos meses después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando Peña Nieto anunció 14 medidas para evitar crímenes similares, y en octavo lugar estaba su promesa de enviar al Congreso una iniciativa contra la privación ilegal de la libertad planeada por servidores públicos. Para ello, el mandatario decretó una reforma al artículo 73 de la Constitución, que a partir del 10 de julio de este año faculta al Congreso a legislar sobre el tema y, con ello, iniciaba una cuenta regresiva de 180 días para que el Ejecutivo federal enviara su propuesta.

Pero ésta llegó al Senado a 26 días de que concluyera el plazo constitucional, lo que obligará a los legisladores a elegir entre dos males: uno, dictaminar en fast track en menos de un mes e ignorar la exigencia de los familiares de organizar debates; o dos, invertir tiempo en organizar dichos debates y trasladar la aprobación del dictamen fuera de los 180 días que marca la ley, es decir, hasta 2016.

Uno de los puntos clave en los que coinciden las cuatro iniciativas de ley son los atenuantes en las penas para quienes aporten información sobre el paradero de los desaparecidos; es decir, los familiares tendrían la facultad de negociar, con respaldo oficial, beneficios en la cárcel o en las sentencias de los victimarios a cambio de entregar información verificable y real sobre el paradero de sus seres queridos.

“Por ejemplo, cuando un delincuente ayude a localizar con vida a la víctima directa o el cuerpo o restos humanos, la pena se disminuiría en una tercera parte”, comenta Héctor Cerezo, integrante de la ONG Comité Cerezo, cuya iniciativa de ley general forma parte de una de las tres que están en la Cámara Alta. “Con esto no se trata de beneficiar al delincuente, sino de ayudar a las familias, que su calvario acabe pronto”, externa.

Con la aprobación de la ley, casos como el de María José, el de Francisca o Héctor podrían tener una oportunidad para resolverse.

Sin apoyo de autoridades

¿Qué ofrecen los familiares de desaparecidos a sus victimarios a cambio de información? A ellos, interceder para cambiarles de prisión, que tengan televisión en sus celdas, desistir de denuncias penales, cocinarles su comida favorita aunque, en el fondo, quisieran ponerle veneno… y a las familias de los verdugos les entregan casas, autos, la herencia familiar…

Brenda Rangel, hermana de Héctor, desaparecido desde el 10 de abril de 2009 en Monclova, Coahuila, conoce bien esos ofrecimientos: ha querido acercarse sin éxito a los cinco policías municipales detenidos por su caso, y en la búsqueda de su familiar ha conocido a los sicarios con los que trabajaron los uniformados, a quienes les ha prometido hacer posible lo imposible a favor de ellos, a cambio de pistas fehacientes sobre su hermano.

“Las autoridades te dejan sola en esto de negociar. Dolorosamente sola, porque no sabes si lo estás haciendo bien o mal, actúas por instinto y es muy peligroso. A mí —por acercarme a pedir información de Héctor a un sicario que estaba detenido y ahora lo dejaron libre— ya me amenazaron con que me van a sacar los ojos”, relata.

Una de sus mejores oportunidades para llegar hasta su familiar ocurrió frente a un temido jefe criminal relacionado con el rapto de su hermano; Brenda le suplicó hasta casi arrodillarse por información, pero ante la falta de interés de las autoridades por la negociación, el criminal se negó a ayudarla y no ha vuelto a recibirla.

“¡Qué no he hecho porque las autoridades no interrogan de manera correcta! He suplicado a criminales, les he llorado para que me digan dónde está mi hermano, y les digo que yo intercedo para que la SEIDO los apoye, que tengan una mejor celda, que los traten mejor, yo me encargaría de eso, pero las autoridades no apoyan en esos tratos, incluso los hacen más difíciles, ¿qué están esperando para ayudarnos?”.

Del otro lado de la línea telefónica, Brenda hace una promesa al aire: hasta que su hermano no vuelva a casa, ella pedirá sentarse en la mesa del verdugo y proponerle un trato con o sin autoridades.

Investigación personal

Cada primero de mes, desde hace seis meses, Francisca M. toca la puerta de la mamá del hombre que desapareció a su hijo. Aunque gana 3 mil pesos mensuales como empleada de limpieza en unos consultorios médicos en Matamoros, Tamaulipas, debe guardar 10% de su ingreso y gastarlo en café, galletas y, a veces, frutas y verduras para llevarle un “regalo” a Elena y suplicarle que intervenga para que el sicario diga dónde está el policía municipal Daniel R., de 29 años.

Nuestra conversación sucede por Facebook, el único lugar donde establece contacto con otras madres de desaparecidos, a falta de organizaciones civiles en su estado. Desde su computadora, teclea que el 14 de junio de este año recibió la noticia sobre la ausencia de su hijo en el turno vespertino de la corporación; en algún lugar del tramo de 10 kilómetros que separa su casa y el trabajo de su primogénito, alguien se lo llevó.

Aunque no acabó la secundaria, Francisca tiene mejores resultados en la indagatoria que el Ejército: a ciegas y con sus pocos ahorros en la mano, hurgó entre el hampa de su ciudad hasta dar con un nombre: El Pilotas, un matón de 21 años de un grupo criminal que no debe pronunciar, quien se llevó a su hijo en represalia por participar en el arresto de un asaltante de poca monta que resultó ser primo de un jefe de plaza.

Saber el nombre del responsable fue apenas un primer paso. Su búsqueda de puerta en puerta la llevó a conocer que El Pilotas hoy duerme en el penal de Ciudad Victoria y que otras seis familias lo buscan en sigilo para que diga dónde están los cuerpos de sus víctimas. Pero sólo Francisca se atrevió a llegar hasta la casa de la madre del sicario con una canasta de alimentos y apelar, de madre a madre, información para mitigar el dolor.

“Ella sabe que su hijo desapareció al mío y no hace nada. Cada mes le doy regalos y le digo que la acompaño a verlo, pero que no, que este mes su hijo está triste o que otro mes tampoco porque anda deprimido porque nadie lo atiende. Ya le dije a Elena: ‘Yo me hago cargo de tu nieto, le pago la escuela, yo veo de dónde saco dinero, nada más que tu hijo me devuelva al mío’”, relata Francisca.

Pero El Pilotas no hablará sin un acuerdo respaldado en la ley, y esa espera angustia a la mamá del policía: el sicario podría ser asesinado en la cárcel antes de que la ley se dictamine.

Y con la muerte del verdugo se extinguiría la única pista que da esperanza a Francisca de localizar a su Dany.

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