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En actual gobierno federal, 81 desapariciones forzadas de miembros de organizaciones

Domingo 30 de agosto de 2015, por Comité Cerezo México

Según un informe del Comité Cerezo, la cifra se eleva a 135 si se contabiliza el sexenio anterior, donde Guerrero concentra el 51% del total, y Michoacán está en segundo sitio

Ciudad de México (MiMorelia.com).- En el actual gobierno presidencial van 81 personas vinculadas a organizaciones sociales reportadas como víctimas de desaparición forzada en México, que se elevan a 135 si se toma en cuenta la administración federal anterior, según el Comité Cerezo. Guerrero es la entidad con el mayor número de casos, seguida de Michoacán.

Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido, cuyas cifras en nuestro país no son claras. Por ejemplo, entre 1969 y 1988, en el periodo conocido como “guerra sucia”, diversas organizaciones de derechos humanos y comités de familiares víctimas de desaparición forzada registraron un número que va de mil 200 a mil 800, incluidos integrantes de grupos guerrilleros.

Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa -diciembre de 2006 a noviembre de 2012-, los datos del actual gobierno registraron 26 mil 121 desapariciones en territorio mexicano, de las cuales 2 mil 433 se catalogaron por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), como forzadas. No obstante, luego las autoridades de la federación redujeron la suma a 13 mil 195 desaparecidos.

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP) informó que de 2007 a octubre de 2014 tiene, oficialmente registrados, 23 mil 272 casos de desaparición. En tanto, de diciembre de 2012 a octubre del año pasado -primeros 23 meses de la presidencia de Enrique Peña Nieto-, la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad, Eliana García Laguna, informó la existencia de 11 mil 309 personas desaparecidas, sin especificar cuántas de esas son consideradas como desapariciones forzadas.

Para el Comité Cerezo, en su “Informe de violaciones a derechos humanos”, que abarca de junio de 2014 a mayo de 2015, presentado esta semana, da cuenta que en el periodo presidencial de Felipe Calderón documentaron 54 casos de desaparición forzada por motivos políticos en contra de personas defensoras de los derechos humanos y de organizaciones.

Mientras que de diciembre de 2012 a mayo último -30 primeros meses del actual gobierno federal-, contabilizan 81 casos de ese delito, catalogado como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del mismo.

Lo anterior, destacó el Comité Cerezo, representa una incremento del 50 por ciento de desapariciones forzadas en lo que va de la actual gestión presidencial respecto a su antecesora. Sin embargo, más de la mitad de este tipo de delito con Peña Nieto -el 53 por ciento- ocurrió entre el 26 y 27 de septiembre pasados, con los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, todos integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). De ellos, sólo se confirmó de manera oficial hasta ahora la muerte de Alexander Mora Venancio.

Del total este sexenio, en 60 casos aún se desconoce el paradero; en 15 se culminó con la ejecución extrajudicial; nueve fueron liberados, resaltó el informe de la referida organización defensora de derechos humanos.

Ya de manera general, para el periodo de diciembre de 2006 a mayo del presente año, de las 135 desapariciones forzadas a miembros de organizaciones, Guerrero concentra 69 víctimas, poco más de la mitad, con el 51.1 por ciento. Después le siguen Michoacán, que lleva 16; Oaxaca, 14; Chiapas, seis; Chihuahua, México y Veracruz, cinco cada estado; Distrito Federal y Jalisco, cuatro; Campeche, tres; una tanto en Sonora como en Puebla, Morelos e Hidalgo.

Asimismo, el 99 por ciento de los autores de ese ilícito queda en la impunidad, a decir del Comité Cerezo, ante lo cual urgió a una Ley General contra la Desaparición Forzada, máxime cuando actualmente en ocho estados de la república ni siquiera se encuentra tipificado y en el ámbito federal, si bien se contempla esta situación, no lo está de acuerdo a los estándares internacionales.

Entre los puntos que debe contener esa legislación, agregó, se encuentra la creación de un registro público nacional de personas víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas, cuyo diseño, implementación y seguimiento cuente con la participación de los familiares y organizaciones, independiente de las autoridades.


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