Miles de familias víctimas de desaparición forzada perpetuada por grupos apoyados por el Estado: especialistas

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Al participar en un evento en el marco de la Semana Internacional del Detenido-Desaparecido, el defensor de los derechos humanos señaló que la etapa de la guerra sucia en el país es una de las más brutales que ha vivido México, a tal grado que hoy en día las huellas de estos sucesos permanecen.

Miles de familias víctimas de desaparición forzada perpetuada por grupos apoyados por el Estado: especialistas
Por: Edgar Rosas / 29 mayo, 2015

(29 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El fenómeno de la desaparición forzada en nuestro país ha estado presente desde hace varias décadas, sin que a la fecha pueda ser erradicado. Al respecto, diversos analistas han señalado que la práctica de este crimen se configura como una política de Estado, que busca, entre otras cosas, perseguir a la disidencia y desarticular los movimientos a través del terror.

Para el Dr. Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, esta idea hoy en día no puede ser descartada, por lo que en la actualidad es posible pensar que el Estado sigue ocupando la desaparición forzada para “eliminar a grupos disidentes”, así como en la época de la denominada guerra sucia.

Al participar en un evento en el marco de la Semana Internacional del Detenido-Desaparecido, el defensor de los derechos humanos señaló que la etapa de la guerra sucia en el país es una de las más brutales que ha vivido México, a tal grado que hoy en día las huellas de estos sucesos permanecen.

“Esta práctica (la desaparición forzada), muy a nuestro pesar, y más que nada indignación, permanece en todos estos años en nuestro país. Uno de sus episodios más cruentos fue sin duda la guerra sucia desatada contra los movimientos disidentes en los años 70, cuyas huellas y señales siguen hasta hoy. En esas épocas tuvimos ejemplos emblemáticos de luchas incansables emprendidas por los familiares, que hasta ahora demandan la presentación con vida de los desaparecidos”, comentó.

Por otro lado, Concha Malo se refirió a la situación actual que vive México con respecto al fenómeno de la desaparición e indicó que a partir de la llegada de Calderón al poder y la salida del ejército a las calles, este problema empezó a crecer de manera importante, agravando las condiciones de vida en el país

“Vemos que en la última década, a partir de la ‘estrategia de seguridad’, denominada guerra contra el narco, pero sobre todo cuando al ejército se le pidió asumir tareas de seguridad pública que no le competen, esta práctica adquiere una dimensión sorprendente. Decenas de miles de personas, miles de familias e incluso poblaciones enteras han sido víctimas de desaparición forzada o de desaparición perpetrada por personas o grupos con o sin la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado”, comentó.

En lo referente, recordó que México ha firmado diversos tratados internacionales en los que se compromete a proteger a la sociedad de esta clase de violaciones a los derechos humanos. Asimismo puntualizó que a pesar de estos compromisos adquiridos por el Estado mexicano, la realidad del país en materia de desaparición es preocupante, tanto que organismos como la ONU han denunciado el contexto grave que se vive.

“El pasado 11 de diciembre de 2013, cuando se publicó el informe del grupo de trabajo sobre el Examen Periódico Universal, quedó evidenciada la omisión que el Estado mexicano ha hecho hasta la fecha, para atender de manera puntual y congruente estos lamentables y deplorables hechos”, dijo.

En tal sentido, recordó que en aquella oportunidad se le recomendó a México emprender diversas acciones para erradicar la problemática, mismas que a la fecha no se han realizado. Comentó que entre otras cosas se pidió al gobierno de México crear protocolos para la búsqueda de personas desparecidas así como crear una base de datos que permitiría tener un panorama sobre la situación.

“En ese entonces se recomendó enfáticamente, por un lado, armonizar la legislación mexicana con el estatuto de Roma y los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en particular la definición en lo que se refiere al delito de desaparición forzada. También que se debía investigar plenamente las denuncias en torno a este delito. Que debía crearse un protocolo de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas, para atender debidamente los hechos. Que tenía que crearse una base de datos de personas desaparecidas con información desagregada”, apuntó.

Asimismo, mencionó que en meses pasados, el Comité de Desaparición Forzada de la ONU dio su informe sobre la situación de México, en donde señaló que el país vive un contexto generalizado de la problemática.

“El Comité observó que existe en México un contexto generalizado de desapariciones, en gran parte del territorio, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas. Dijo además que el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado mexicano en materia de prevención, investigación, sanción, y yo agregaría que reparación y garantías de no repetición”, explicó.

Aunado a lo anterior, habló sobre los argumentos que respaldan la idea de que México vive un contexto generalizado de desapariciones. Detalló que uno de los puntos se basa en la masividad del problema, pues aunque no existen números oficiales por la falta de un conteo, se sabe que hoy en día hay más de 22 mil desaparecidos en México.

En la misma tónica, comentó que el término generalizado aplica porque las desapariciones no están focalizadas en algún punto de la República, ya que según los datos, en casi dos tercios de los estados se presenta este fenómeno.

“Otro aspecto para calificarlas como generalizadas, se relaciona con la poca o nula repuesta del sistema de procuración y administración de justicia para atender todo estos casos. Lo que identificaron como Comité es la impunidad reinante”, manifestó.

Al respecto señaló que en el país sólo 6 casos de desaparición han recibido una respuesta efectiva, mientras los miles restantes siguen sin acceso a la justicia.

“Aunque es generalizada, no hay manera de soslayar que muchas de estas acciones de desaparición realizadas por agentes del Estado podrían estar relacionadas con personas o grupos que históricamente han estado en contra de la violencia permanente que genera el Estado, confrontándolo y denunciado las graves violaciones a los derechos humanos”, dijo.

Miguel Concha enfatizó que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger promover y garantizar el derecho de nunca ser desaparecido. Además señaló que tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

“Se hace urgente no olvidar y hacer exigible lo relacionado con las violaciones graves en el periodo de la Guerra sucia. Sabemos que no ha habido avances significativos en la investigación y sanción de los responsables de la desaparición durante este periodo y tampoco en la búsqueda de las personas posteriormente desparecidas. Las huellas de los 70 no han sido borradas en el país”, sentenció.

Por último, comentó que a la sociedad le sigue preocupando el lento progreso en materia de reparación de daño y manifestó la urgencia de que en la nueva legislación en materia de desaparición forzada se establezcan mecanismos de prevención.

“Las simulaciones estatales, perpetua, para propia conveniencia del Estado, que la desaparición forzada no sea erradicada. La garantía de derecho a la verdad se hace fundamental. La CIDH dijo: La falta de información completa, objetiva y veraz sobre lo sucedido en caso de desaparición forzada se convierte incluso en una estrategia de guerra”, finalizó.

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