Recuerdan defensores en vísperas de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido.
El Comité Cerezo alerta que del 2006 a la fecha, ha documentado la desaparición —posiblemente forzada— de 150 casos de activistas; 60% de ellos eran los fundadores de organizaciones y movimientos sociales.
El país pasó de la desaparición forzada contra disidentes u opositores al régimen (característica de los años 1960 y 1970) a un mecanismo de “descabezamiento de los movimientos sociales a través del miedo, que también aplica contra los reclamos por el territorio, defensa de bienes ambientales o hasta por el paso por rutas migratorias,” explicó Héctor Cerezo.
A 16 días de sostener una huelga de hambre en reclamo de su libertad, “Nestora Salgado es un claro ejemplo de la criminalización al pueblo de Olinalá, como un castigo al por organizarse de manera independiente para defenderse de la criminalidad y la violencia. Jurídicamente Salgado tiene todos los elementos para obtener su libertad pero la mantienen en prisión,” agregó Hector Cerezo al considerar como “positivo” su posible traslado a un penal en el DF pero ella y su comunidad “no buscan solo mejores condiciones de prisión sino su libertad porque ella es inocente.”
Los familiares de detenidos desaparecidos políticos en México demandan a autoridades federales y guerrerenses “que cumplan con el estado de derecho y liberen a Nestora Salgado porque no se está pidiendo que se libere a un culpable, sino a alguien que está libre de responsabilidad jurídica,”
Del 25 al 30 de mayo de este 2015, la Semana Internacional del Detenido Desaparecido “Hasta Encontrarlos”, se concentrará en los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa y la respuesta que se ha dado al caso mediante la promesa de la promulgación de una ley federal contra la desaparición forzada.
“Ayotzinapa viene a mostrar el modus operandi de muchas de las desapariciones en el norte o el sur del país”, dijo Héctor Cerezo a los micrófonos de Noticias MVS, al señalar que los familiares de múltiples casos de desaparición buscarán posicionar esta la ley. “Urge que los familiares cuenten con un marco jurídico para encontrar justicia y verdad.”
También demandarán el cumplimiento de la resolución judicial por los eperristas desaparecidos en el 2007, Gabriel Alberto Cruz y Edmundo Reyes, que ordena la búsqueda de las dos personas en cuarteles militares y la consulta de su paradero a través de la declaración de agentes del estado posiblemente involucrados. “este es un precedente que puede servir para otras víctimas de desaparición forzada,” comentó Cerezo en el marco de la evaluación a 12 meses de las confrontaciones entre vecinos de San Bartolo Ameyalco y elementos de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Hace un año, recordaron los inconformes, bajo el pretexto de la realización de diferentes obras hidráulicas en la zona denominada como “media-alta” en San Bartolo Ameyalco –que a la fecha son obras hidráulicas que la Delegación Álvaro Obregón y el Sistema de Agua de la Ciudad de México (SACMEX) no han dado a conocer—se registro la gresca que dejó heridos y detenidos que al paso de los medes han recuperado su libertad.
La CDHDF no se ha pronunciado públicamente respecto a cuatro quejas presentadas por los hechos “represivos,” ni el GDF “ha realizado ninguna acción de castigo a los responsables materiales e intelectuales de las violaciones a los derechos humanos durante el operativo de la SSP, mucho menos ha realizado acciones que vayan encaminadas a la reparación del daño y a medidas de no repetición.”
El problema del despojo del agua, del manantial del pueblo de San Bartolo Ameyalco por parte de la Delegación Álvaro Obregón sigue vigente, finalizaron.