Antonio Heras
Tijuana.- La comunidad mexicana en California se pronunció por cancelar todo subsidio y apoyo económico a México y exigir que se aplique la enmienda Leahy que prohíbe el envío de fondos económicos “a unidades de fuerzas extranjeras violadoras de derechos humanos como consideramos es el caso del gobierno de Enrique Peña Nieto”.
En una carta entregada a la senadora Barbara Bóxer advirtieron que como residentes de California están preocupados por la grave ola de violencia que azota a México y las violaciones a los derechos humanos que sufren los mexicanos, “incluyendo algunas de nuestras familias que han sido víctimas de la supuesta guerra contra el narcotráfico”.
El grupo que encabezan Belén Ascensión, Juana Nicolás, Adán Robles, Juan Rodríguez y Rubén Tapia sostuvieron que en los escasos dos años de la administración de Peña Nieto, según datos oficiales, más de 40 mil mexicanos han sido asesinados y cerca de 10 mil han sido desaparecidos, incluyendo 43 jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa, estos últimos a manos de policías municipales y según recientes revelaciones periodísticas con la participación del ejército mexicano, expusieron. En la misiva señalaron que después de tres meses y más de 70 detenidos, el gobierno no ha dado aún una explicación clara y creíble sobre lo que sucedió con los estudiantes, lo que ha provocado una ola de indignación popular en todo el país y las movilizaciones más grandes en la historia reciente de México.
Según el comité Cerezo, una organización cívica mexicana, más de 600 defensores de derechos humanos han sido detenidos arbitrariamente en los dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto y esto es solo una pequeña muestra de los horrores que vive el pueblo mexicano bajo esta administración.
Al iniciar la visita de Peña Nieto a Washington para reunirse con el presidente Barak Obama con el propósito de fortalecer relaciones bilaterales en materia de seguridad, inmigración y comercio, expusieron que es muy preocupante que se siga subsidiando con dinero de nuestros impuestos, a un gobierno violador de derechos humanos y que no rinde cuentas a la población.
Solicitaron a la legisladora a estar atenta por representar California, un estado donde vive el mayor número de mexicanos fuera del país, y realizar una audiencia pública en el Senado sobre la grave crisis de derechos humanos en México.