Persisten las agresiones contra defensores de derechos humanos

Por Norma Trujillo Báez

El estado de Veracruz aparece con seis de las 204 agresiones que han sufrido los defensores de derechos humanos por parte del Estado, entre las que destacan las detenciones arbitrarias, la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales que suceden por razones “económicas” de la fase neoliberal del capitalismo mundial y por la acumulación originaria de capital de la “economía ilegal”, de acuerdo con el “Informe: La defensa de los derechos humanos en México: una lucha contra la impunidad de junio de 2013 a mayo de 2014”.

El documento, elaborado por la asociación civil Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos (Acuddeh), organización del Comité Cerezo México, en 146 páginas, destaca que en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) documentaron 999 detenciones arbitrarias, 67 ejecuciones extrajudiciales por motivos políticos (contra de defensores de derechos humanos o luchadores sociales) y 55 casos de desaparición forzada; en cambio, en lo que va del periodo de Peña Nieto llevan documentado 669 detenciones arbitrarias por motivos políticos; 25 ejecuciones extrajudiciales y 29 desapariciones forzadas.

Aclaran que para considerar la agresión, ésta debe ser contra personas u organizaciones defensoras de los derechos humanos y “debe venir del Estado por comisión, omisión o aquiescencia”, sin que esto implique que la población en general no sufra de estas agresiones institucionales, es decir, no son todas sino sólo la de los activistas de derechos humanos, aunque también se cuentan los presos por razones políticas, que no se consideran defensores de derechos humanos porque “usan la violencia como principal método de lucha.”

El Comité Cerezo México es una organización de derechos humanos fundada en 2001 a raíz de la detención, tortura y prisión injusta cometida contra los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras y, entre sus consideraciones, parte de la idea que el Estado mexicano está en un proceso de reconfiguración “como represor de la protesta social y las libertades democráticas”, cuya principal razón es económica. Y explican:

“Las recurrentes crisis mundiales buscan destruir las fuerzas productivas de la competencia para reactivar las economías propias, destruir para volver a construir de una forma que se garantice una mano de obra barata y dócil, materias primas y nuevos mercados de consumo.”

De esta manera, agregan, “como no es conveniente una guerra entre países, buscan el enfrentamiento interno; en México so pretexto del enemigo interno (el narcotráfico) se impone una política de guerra interna contra el resto de la sociedad, en donde el Estado, con la militarización, se busca imponer y profundizar las políticas neoliberales que sólo benefician a una minoría, aunque en este proceso no es lineal tienen avances y retrocesos.”

Y explica: “La economía ilegal (la producción de narcóticos y sus 19 giros: prostitución, trata de personas, “robo de órganos”, venta de armas, etcétera) está pasando por un proceso de acumulación originaria de capital que pasa por el control de territorios y poblaciones para garantizar la producción, la distribución y el consumo de sus productos. Las altas ganancias del narcotráfico se deben no sólo por la venta de la droga ni su alto valor en el mercado, sino por la explotación de la mano de obra en condiciones casi de esclavitud, prácticamente sin prestaciones y lo que busca esta economía ilegal es mantener a la población en estas condiciones de sometimiento.”

De ahí que si la “economía neoliberal” es criminal en la medida que hace a los seres humanos desechables y mercancías, la “economía ilegal” rompe incluso con esa legalidad, convirtiéndose en uno de los pilares de la economía mundial moderna por el gran capital que genera este negocio y la justificación de los estados para implementar políticas de control de la población por la vía de la militarización de las policías.

El documento precisa que con el panismo se llamó “lucha al narcotráfico” y con el priismo “política de seguridad nacional”, cuyo saldo al 2013 se calculaba en 100 mil ejecuciones y 30 mil desapariciones y cerca de 250 mil desplazados tan sólo en el Valle de Chihuahua o las ciudades abandonadas de Tamaulipas, por mencionar algunas y que 60 mil militares hayan desplazado de las actividades policiacas a los activistas civiles. Calderón buscaba difundir en medios para lograr “terror” y lo logró, Peña Nieto el silencio para hacer creer que ya se controló lo que está empeorando.

Para ganar cierta legitimidad internacional, para garantizar que se concreten los negocios de las trasnacionales en territorios estatales y para liberar la presión política a las instituciones militares, los gobiernos han acudido a la paramilitarización, “como fuerzas fuera de control”, que son de tres tipos, la actuación militar sin uniformes en coordinación con el narcotráfico, los desertores del ejército y el adiestramiento que hacen a civiles para actuar como tales para generar terror, por lo tanto, el “combatirlos” les devuelve la legitimidad a las fuerzas armadas.

De este modo, sostiene, la estrategia incluye la criminalización que hacen de los defensores de derechos humanos en los medios de comunicación, estigmatizándolos como “violentos, que actúan al margen de la ley y la violan”, de estar vinculados con el crimen organizado y el terrorismo con el fin de justificar su encarcelamiento o su sacrificio en manos de las fuerzas armadas.

La radiografía por estados

En detenciones arbitrarias por motivos políticos, el Distrito Federal ocupa el primer lugar con 220 detenciones, casi todas realizadas de manera arbitraria en manifestaciones públicas; el segundo lugar lo tiene el estado de Oaxaca con 59 casos.

En el tema de las ejecuciones extrajudiciales, Guerrero marcha a la cabeza con 7 casos, seguido de Oaxaca con cinco; y en cuanto a la desaparición forzada, en Guerrero se registran 5 casos y le siguen Michoacán, Oaxaca y Veracruz, con 3 casos.

Por otra parte, dice el documento que de junio de 2013 a mayo de 2014, se tienen registrados 204 casos que constituyen 274 eventos violatorios a los derechos humanos que afectaron a 133 personas, 47 organizaciones y 24 comunidades: en primer lugar aparece Chiapas, con 38 casos (18.62 %), seguido por el DF, con 36 (17.64 %), Oaxaca, 31 (15.19 %); Estado de México, 27 (13.23 %), Sonora, 11 (5.39 %), Morelos, 8 (3.92 %), y Guerrero, Puebla y Veracruz con 6 cada uno (2.94%).

De las 274 agresiones, en primer lugar aparece el hostigamiento (106), agresión (54), amenazas (49), daño en propiedad (19), criminalización (18), allanamiento (16) y agresión colectiva (8), entre las importantes.

El hostigamiento, precisa, se expresa mediante las conductas de intimidación (36), judicialización (28), incursión policiaca y mixta (13), desalojo (11), vigilancia (7), toma de fotografías, obstaculización de la labor de la persona defensora y armado (5 cada una), verbal (2), seguimiento vehicular y a pie (2 cada una), policías vestidos de civil en asambleas, intento de detención, intento de desaparición forzada y despido laboral (1 cada una).

Y allí menciona a los veracruzanos que sufrieron las agresiones: la comunicadora comunitaria Alma Delia Olivares Castro quien fue detenida el 28 de febrero de 2014 y trasladada desde Veracruz hasta el penal federal femenil de El Rincón, en Tepic, Nayarit; luego de permanecer 5 días encarcelada, su familia pagó la fianza de 25 mil pesos para seguir su proceso penal en libertad, por transmitir sin permiso en Omealca.

Iván Rísquez Valdepeña y Ernesto Isunza Vera, a quienes considera “estudiantes” (el segundo es director del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social) fueron detenidos el 7 de diciembre de 2013 y luego liberados, por un juicio promovido por el diputado local priista David Velasco Chedraui bajo el presunto delito de coacción.

Los ambientalistas Paulino Hernández Espejo, del Comité de Defensa del Río Atoyac, y Juan Alberto Arellano Mariano, miembro de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas Ambientales, ambos el 14 de agosto de 2014; así como el 26 de julio de 2013.