Memorial contra el olvido

Por: Gisela Martínez

El acto se llevó a cabo el pasado 27 de agosto en el Centro Cultural Universitario. En la mesa de presentación también estuvieron las representantes de la Fundación Rosa Luxemburgo y de la organización Brigadas Internacionales de Paz (PBI) así como Miguel Concha Malo del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien expresó su preocupación porque en México “la labor que ejerce una persona defensora de Derechos Humanos sigue siendo un riesgo para el propio defensor, para sus colegas y para su familia” e hizo un llamado al Estado Mexicano a que muestre avances claros en la investigación de los hechos, sanción a responsables y protección de defensores de DDHH.

El documento es fruto del monitoreo y seguimiento a casos de agresiones a quienes defienden derechos humanos. Si bien se enfoca al período de junio del 2013 a mayo del 2014, en los casos de personas presas por motivos políticos su registro se extiende hasta el año de 1995.

En su intervención Francisco Cerezo señaló que durante los seis años del gobierno de Felipe Calderón tienen un registro de 999 detenciones arbitrarias, en contraste con los primeros 2 años del gobierno de Peña Nieto -diciembre del 2012 a mayo del 2014- se registran 669 casos, 220 tan sólo en el DF.

El hecho de que sea el DF el primer lugar en detenciones arbitrarias sólo se explica como una estrategia para crear temor fundado en la población y dar la impresión de que cualquier persona puede ser detenida y así las personas dejen de protestar, enfatizó Paco Cerezo; estrategia que además se complementa con el nivel de 100% de impunidad en el que se encuentran los casos.

Así mismo, varios de los ponentes coincidieron en que la política de represión se agrava en los territorios en que se pretende implantar megaproyectos para beneficiar a grandes transnacionales o grupos empresariales. Ejemplo de ello es el estado de Chiapas, nos explicó Víctor López del Frayba, donde hay un estado de guerra permanente. La seguridad económica para las inversiones atraviesa por un tema de seguridad militarizada.

“No es coincidencia -profundizó Alejandro Cerezo- que sea este estado el que tiene el primer lugar de agresiones cometidas contra defensores y líderes sociales, seguido del Estado de Oaxaca y el Distrito Federal.Ni tampoco es coincidencia que haya un aumento de agresiones contra comunidades y violaciones masivas a derechos humanos.”

Así mismo, Alejandro hizo hincapié en que el estado mexicano invierte cada vez más recursos para agredir a las personas defensoras, prueba de ello, es que la represión se ha vuelto selectiva; han disminuido el empleo de amenazas para pasar al hostigamiento directo, según los datos arrojados por el informe.

En la misma tónica, el director de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, sentenció que el tejido social está en disputa, pues mientras más fortalecido esté el tejido social en las comunidades mejor manera se puede hacer frente a las violaciones de Derechos Humanos y defensa del territorio, son los luchadores los que harán posible que no les quiten su futuro poniendo en peligro su vida.

Cuando se lea el documento no hay que olvidar que detrás de las cifras está el sufrimiento continuo y la angustia que viven diferentes defensores y colectivos. Este tipo de informes es un memorial contra el olvido y una prueba de las prácticas y dinámicas que implementan los gobiernos hacia el control social, concluye el director de la Red.

Pero así como hay un incremento de la represión también hay cada vez más un ejercicio de organización de las comunidades y también de articulación entre organizaciones y eso es bueno, rescata López.

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El informe completo lo pueden consultar aquí.

@giseleando