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Desapariciones forzadas, extravío,secuestros; una política nacional

Lunes 25 de agosto de 2014, por Comité Cerezo México

Para Héctor Cerezo, integrante del Comité Cerezo, es necesario distinguir como “desapariciones”, aquellas en las que interviene un funcionario público de cualquier nivel de gobierno.

  • Reconoce gobierno más de 22 mil personas casos de no localizados
  • El mayor número de desaparecidos, en los últimos dos años de FCH
  • Piden diputados federales 7 mil 300 millones; el INE más 19 mil

¿CUÁNTOS desaparecidos hay en México? Se ha dicho que el sólo hecho de que haya una sola persona víctima de la desaparición forzada debe ser motivo de preocupación. La semana pasada el gobierno federal admitió que tiene un registro de 22 mil 322 personas “no localizadas”, tras una depuración de las listas oficiales. Las organizaciones civiles y activistas exigieron mayor precisión al gobierno.

Existe un debate sobre cómo clasificar a una persona “extraviada”, de una secuestrada y de alguien desaparecido. Por lo general, el término “desaparecido” se aplica a quienes fueron víctimas de una detención judicial o extrajudicial pero cuyo paradero se desconoce. Esto implica que en el ocultamiento de la víctima existe una responsabilidad institucional.

CRITERIOS DIFERENTES

EL GOBIERNO mexicano rechaza la existencia de esta categoría en el país, razón por la que prefiere referirse a “no localizados”. Agrupaciones independientes como el “Comité Cerezo”, dedicada a la búsqueda de activistas sociales y políticos, estima que en México son más de 30 mil los “desaparecidos”-.

Lamentablemente las propias oficinas gubernamentales han contribuido a esa danza trágica de cifras. El 23 de mayo pasado el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que el número de desaparecidas (no localizados) en el país era de 8 mil. Hubo una serie de reclamos por parte de defensores de los derechos humanos, quienes se quejaron de un intento por “minimizar” el problema. Fue entonces cuando, el 16 de junio de este mismo año el funcionario señaló que el listado se había ajustado a 16 mil desaparecidos.

Para abundar en la confusión, se había dicho que el número de personas “no localizadas” al final del sexenio de Felipe Calderón fue de 27 mil y hubo una depuración con los datos recibidos de los gobiernos estatales. La explicación no satisfizo.

Más recientemente, la subprocuradora Mariana Benítez informó que 22 mil 322 personas se encuentran actualmente en el estatus de “no localizadas”. De ese total, señaló, 12 mil 532 nombres corresponden a reportes del gobierno de Felipe Calderón y 9 mil 790 por hechos registrados en la actual administración de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo a este balance, del 2011 a la fecha fueron denunciados 52 mil 941 casos de personas no localizadas, extraviadas, ausentes o desaparecidas. Eso quiere decir que -siempre según los datos oficiales- fueron localizadas 30 mil 619. Otras mil 524 habían fallecido.

EVITAR EL OLVIDO

UNO de los más graves problemas es la falta de un seguimiento institucional en los reportes de desapariciones. En el 40 por ciento de los casos registrados en los últimos años del gobierno de Calderón se carecía de indagatoria alguna, de acuerdo a la versión oficial.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos tenía en sus registros un listado de 24 mil 500 personas desaparecidas del 2005 al 2013.

Para Héctor Cerezo, integrante del Comité Cerezo, es necesario distinguir como “desapariciones”, aquellas en las que interviene un funcionario público de cualquier nivel de gobierno. Precisamente los desacuerdos tienen que ver con esta clasificación.

Por supuesto que un gobierno no admite la existencia de “desapariciones forzadas” por acción u omisión de las instituciones. Prefiere referirse a “personas no localizadas”.

Así, desde el punto de vista oficial, el listado de “personas no localizadas” se compone de aquellas cuyo paradero se ignora por ausencia voluntaria, problemas domésticos, privación ilegal de la libertad, migración, reclusión penitenciaria o fallecimiento.

Para el activista Javier Monroy, “hablar de «personas no localizadas», disuelven el problema de las desapariciones forzadas, lo minimizan y lo presentan como algo casi normal”.

Las organizaciones civiles deben estar atentas al compromiso oficial de un “plan nacional de búsqueda sistematizado”, para la localización de personas que incluye una red nacional de procuración de justicia, “búsqueda urgente” y un protocolo nacional.

Recordemos que hay otros dos protocolos nacionales vinculados a la desaparición de personas: la Alerta Amber, contra el secuestro o extravío de menores, y contra la violencia y desaparición de mujeres.

MÁS RECURSOS

LLEGÓ el tiempo de pedir y pedir. El gobierno central, que tiene el verdadero poder -el de repartir el presupuesto-, decidirá si es magnánimo o castiga a algunos. Los diputados quieren para el 2015 un total de 7 mil 338 millones de pesos; los consejeros del nuevo Instituto Nacional Electoral aseguran que para poder organizar las elecciones necesitarán 19 mil 474 millones de pesos.

La Junta de Coordinación del Congreso sostiene que los más de siete mil millones en realidad es poco para el trabajo rezagado que tienen. En ese paquete incluyen 543 millones de pesos para digitalizar el Canal del Congreso, pago de retiro a una parte del personal y jubilaciones; para de mantenimiento y remozamiento del recinto sede.

Pero también los nuevos consejeros del nuevo INE van por su tajada presupuestal. De los 19 mil 474 millones que piden, argumentan que 7 mil 891.6 millones de pesos serán para el gasto operativo del instituto, 5 mil 355.5 millones para los partidos políticos y 5 mil 508.8 millones para “diversos proyectos”.

Al margen

COMO se había anunciado, el viernes recibió el “banderazo” de salida la nueva corporación de la Gendarmería Nacional, Sus 5 mil integrantes formarán parte de una división dentro de la Policía Federal. Ya no un organismo autónomo como lo tenían planeado.

Afirmó Monte Alejandro Rubido, de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), explicó que la Gendarmería contará con cuarteles móviles cuando el despliegue operativo sea de unos días y hasta de tres meses; con cuarteles semifijos de hasta seis meses y bases fijas por más de medio año. Se les asignó un salario promedio de 12 mil pesos mensuales. Muy pronto veremos alguno de esos destacamentos en Tabasco.

(vmsamano yahoo.com.mx)


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