The Economist se une a la duda de activistas por conteo oficial de desaparecidos; ¿cómo lo hacen?, pregunta

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%

“Esto tiene que ver con que desde hace algunos años estamos viviendo una regresión en materia de derechos humanos. Aparentemente estamos teniendo bastantes logros en las leyes, como la Ley de Víctimas y la Ley de Protección a Defensores y Periodistas, pero en la práctica hay una criminalización de aquellos que están luchando por algún derecho”, dijo Héctor Cerezo Contreras, coordinador del área de Acompañamiento a Víctimas del Comité Cerezo México.

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).– La crisis de violencia en el país generó duras críticas a las autoridades mexicanas durante la semana que está por terminar.

Un día después de que el Relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Ejecuciones Extrajudiciales alertara que la escalada de violencia que inició en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa continúa en la administración de Enrique Peña Nieto, The Economist criticó la forma en la que la Secretaría de Gobernación divulga cifras de desaparecidos.

La prestigiada revista inglesa puso en duda la “aparente paz” que el Ejecutivo federal ha informado desde que comenzó su sexenio y cuestionó las cifras de personas desparecidas en México, “de dónde salen, qué método se utilizó para calcularlas, o si se cree que los desaparecidos que han sido secuestrados por la delincuencia organizada, por la policía, o por una combinación de los dos”, publicó.

Organismos de la sociedad civil han criticado en diversas ocasiones la falta de información y metodología para contabilizar a las víctimas. Plantearon que la administración actual está más preocupada por “maquillar” las cifras, que por combatir el problema de la desaparición forzada.

“Lo que no tenemos es un registro transparente, verificable de los datos de los desparecidos, que compruebe la tesis del gobierno de que la desaparición forzada ha bajado. Que nos demuestren con cifras. Nosotros estamos documentando porque el gobierno no lo hace. Estamos visibilizando porque el Estado se niega a que las haya desaparecido, incluso niega que haya una política de desaparición forzada”, detalló el Comité Cerezo en mayo pasado.

“La incertidumbre rodea el número de personas que desaparecieron en todo el país como resultado de los secuestros relacionados con las drogas”, expuso, por su parte, The Economist. La publicación británica detalló que “en 2013, poco después que el Presidente Enrique Peña Nieto asumió el cargo, una lista del gobierno dio como cifra 26 mil desaparecidos.

El mes pasado, Miguel Ángel Osorio Chong, el Secretario de Gobernación, dijo que el número se había reducido a 13 mil, debido a que muchas personas supuestamente desaparecidas habían sido encontrados con vida”.

El miércoles, representantes de organizaciones no gubernamentales advirtieron que las cifras de desaparecidos en México son inconsistentes y que existe mucha opacidad para acceder a ellas. “Se presenta opacidad en la manera de cómo se han depurado las cifras, hay dos grandes registros, el que dejó el gobierno de Calderón y el que se ha venido realizando durante el gobierno actual”, detalló Ximena Antillón Najilis, investigadora de Fundar.

Según el informe expuesto por activistas, en los meses que Peña Nieto lleva en el poder suman 7 mil 615 personas desaparecidas, lo que equivaldría a 17 desaparecidos por día, “un número más alto que en 2010 y 2011, en los años más violentos de Calderón”, dijo el asesor de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), Juan López Villanueva.

RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO

De acuerdo con Nik Steinberg, de Human Rights Watch (HRW), “parte del problema, dicen las familias, es que el gobierno le da poca prioridad a sus casos porque asumen que muchas de las víctimas eran delincuentes. Sin embargo, a menudo la policía local y las fuerzas de seguridad habrían participado en desapariciones forzadas”.

Por su parte, el informe del Relator de la ONU señaló que cerca del 70 por ciento de los homicidios registrados en los últimos años se han atribuido a la delincuencia organizada. Sin embargo expuso que “sigue siendo responsabilidad del Gobierno de México prevenir esos asesinatos y actuar con diligencia para investigar y enjuiciar los que se lleguen a cometer”.

La investigadora de Fundar detalló que la tendencia actual de víctimas marcaría un fracaso de la estrategia preventiva que el gobierno de Peña Nieto ha presumido. “Calderón tenía el discurso de la guerra contra el narcotráfico y éste fue modificado en el gobierno actual, que ha tratado de diferenciarse de ese discurso y habla más de prevención, pero las cifras dicen que esa política no está funcionando y se está agravando, vemos que la desaparición continúa”.

En este sentido, The Economist publicó que “la barbarie” que ocasionaron Los Zetas en 2011 pasó prácticamente desaparecida durante tres años. Fue hasta febrero de este año que investigadores federales y estatales actuaron en las localidades afectadas por los integrantes del crimen organizado. Asimismo, cita la revista, “las familias de los desaparecidos dicen que la búsqueda de sus seres queridos se ha dejado a ellos”.

Las autoridades señaladas como posibles responsables son: el Ejército Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Policía Federal Ministerial, paramilitares, Policía Estatal, el crimen organizado en contubernio con autoridades y presidentes municipales.

“Esto tiene que ver con que desde hace algunos años estamos viviendo una regresión en materia de derechos humanos. Aparentemente estamos teniendo bastantes logros en las leyes, como la Ley de Víctimas y la Ley de Protección a Defensores y Periodistas, pero en la práctica hay una criminalización de aquellos que están luchando por algún derecho”, dijo Héctor Cerezo Contreras, coordinador del área de Acompañamiento a Víctimas del Comité Cerezo México.

La activista Ximena Antillón planteó que la política para atender a las víctimas ha sido rebasada, sobre todo en la operación de la Unidad para Desaparecidos de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Lo que hemos observado es que la Procuraduría General de la República [PGR] creó la unidad por decreto y fue en el contexto de una huelga de hambre organizada por madres de desaparecidas y el gobierno lo anunció como su respuesta frente a la problemática”, explicó.

Con un año de distancia y según datos oficiales, la Unidad lleva 402 averiguaciones previas. “Hay que comparar, si tenemos un registro de 20 mil 810 personas entonces la capacidad es insuficiente y por eso se necesita una política de Estado para atender la problemática.

Si con 400 casos ya están rebasados el Estado tendría que hacer un esfuerzo mayor para alinear sus capacidades”.

AUMENTA CRISIS CON PEÑA NIETO: ONG

Durante los primeros 18 meses de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se incrementó 300 por ciento la desaparición forzada de activistas en México, respecto al mismo periodo del ex mandatario panista Felipe Calderón Hinojosa, denunciaron varias organizaciones civiles que forman parte de la Coordinación de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, a finales de mayo.

En lo que va del sexenio de Peña Nieto, un total de 30 activistas han sido desaparecidos por agentes del Estado, mientras que en el mismo periodo de Calderón fueron nueve, aseguró Héctor Cerezo Contreras, coordinador del área de Acompañamiento a Víctimas del Comité Cerezo México. “Lo que nos dicen las cifras es que el problema se agravó, por ejemplo en el gobierno de Calderón, en los seis años, hubo 55 casos y ahora en este nuevo gobierno, ya van 30. Este incremento sigue una línea de continuidad, porque durante los últimos 17 meses de Calderón fueron 27, y en estos primeros meses de Peña Nieto ya se superó esa cifra”, explicó.

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