Violencia contra defensores de derechos humanos en la capital permanece impune

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Por su parte, asociaciones civiles, como Comité Cerezo y Acción Urgente, reportaron 326 casos de agresión en el país, entre 2008 y 2011, de las cuales veintinueve por ciento se realizaron en la capital.

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de febrero.- De acuerdo con el Diagnóstico del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF), entre 2010 y 2013, se registraron 809 casos de violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos en la Ciudad de México por lo que las violaciones a sus derechos y garantías individuales están en juego en la capital mexicana, resaltó el documentado presentado en el Museo de la Memoria y la Tolerancia.

Ante esto, autoridades del Gobierno del Distrito Federal (GDF), la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo y representantes de asociaciones civiles señalaron que el principal reto es establecer políticas que garanticen un pleno goce de los derechos humanos en la Ciudad de México y recalcaron que estos casos de agresión afectan el avance en materia de protección de las garantías individuales de los ciudadanos.

También comentaron que de 2006 a la fecha, 26 defensores de derechos humanos o algunos de sus familiares fueron asesinados además de que hay seis desapariciones sin resolver.

Cifras de la presentación apuntaron que en 2010 se reportaron 47 agresiones a nivel nacional; en 2011, 63; 485 durante 2012, y hasta junio de 2013, se contabilizaron 214.

Estimaciones de la CDHDF revelaron que sólo en dos por ciento de los casos de violación de derechos se logró sancionar a los agresores. Por su parte, asociaciones civiles, como Comité Cerezo y Acción Urgente, reportaron 326 casos de agresión en el país, entre 2008 y 2011, de las cuales veintinueve por ciento se realizaron en la capital.

Por su parte, Marcia Itzel Checa Gutiérrez, titular de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del PDHDF, declaró que mediante la modificación de protocolos y nuevas políticas públicas, el Programa pretende erradicar las agresiones contra defensores de derechos humanos ante las instancias encargadas a garantizarlos mediante la creación de un “quehacer público distinto” con una nueva perspectiva civil de los derechos humanos en el DF.

En esa misma línea, la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, declaró que es necesario diseñar mejores modelos de articulación interinstitucional, que incluyan atención jurídica, psicosocial, medica y, en casos de desplazamiento necesario, apoyos económicos para las víctimas de agresiones, pues en muchos casos los defensores, al ver amenazada su integridad, migran hacia la capital para pedir protección como refugiados o sobrevivientes,

La titular de la CDHDF aclaró que es muy importante involucrar a la sociedad civil nacional e internacional en la procuración y administración de los fondos económicos destinados para estos fines de protección integral, propiciando que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal destine mayores recursos para la operación de este Mecanismo de protección.

Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, recalcó la importancia del PDHDF para el Tribunal, ya que su Diagnóstico debe tomarse como una evaluación del ejercicio de la defensa de los derechos, pauta perfecta para normar y modificar los mecanismos institucionales que emanen de él.

“(El diagnóstico) es una labor desde muchos ángulos de la ciudadanía que está a la disposición de autoridades e instancias involucradas para atender con rapidez éstos y otros casos futuros”, agregó el funcionario capitalino.

La sociedad civil

Juan Martín Pérez García, representante de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) reconoció la labor que realizan las organizaciones de la sociedad civil ya que, desde esas trincheras, se han podido atender oportunamente los casos de agresión a los defensores de distinto puntos del país.

Diversas organizaciones emitieron un comunicado en el que exhortan al gobierno capitalino a refrendar, desde el más alto nivel político, el compromiso con el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como con la agenda de derechos humanos de la Ciudad de México.

De acuerdo con el comunicado, este diagnóstico hace pertinente la invitación a que la Jefatura de Gobierno se comprometa a garantizar el derecho de las personas defensoras de derechos humanos, colocando a la Ciudad de México como un referente en la materia.

Por esta razón, el compromiso del gobierno local deberá debe ir acompañado de medidas administrativas y legislativas que logren transversalizar el enfoque derechos humanos y la perspectiva de género en el quehacer cotidiano de las instituciones para transitar hacia una política de Estado a favor de los derechos de todas las personas en el Distrito Federal.

Para cumplir dicha transversalización, señala el texto, se deben generar mecanismos de interlocución directa entre las organizaciones de la sociedad civil y la Jefatura de Gobierno en aras de abrir un espacio de diálogo.

El Programa

El Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal se ideó en 2007 y emana del compromiso del Gobierno de la Ciudad con la Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos para que la inserción de una cultura política de Derechos Humanos sea un proceso plural e incluyente con la confluencia de distintos actores sociales: organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y todas las instancias públicas.

El organismo vigilante de la implementación del Programa es el Mecanismo de Seguimientos y Evaluación (MsyE), que tiene como misión garantizar, a través de las estrategias, Líneas de Acción, plazos y unidades responsables, el goce pleno de los Derechos Humanos de los y las habitantes de la Ciudad de México

Aunque la aplicación del Programa está orientada para toda la sociedad, los grupos de población en los que se enfocará de inmediato son: las mujeres; los jóvenes e infantes; pueblos y comunidades indígenas; la comunidad LGBTTTI; personas en situación de calle; los adultos mayores; personas discapacitadas; migrantes, refugiados y solicitantes de asilo; las víctimas de trata y explotación sexual y comercial.

Una de las tareas de este programa es la localización de los grupos vulnerables en la sociedad, de los núcleos problemáticos y del análisis de los derechos que han sido violados son parte del diagnóstico inicial que permitirá actuar ante las situaciones de violación. Además, incluye estrategias transversales como la perspectiva de género; igualdad y no discriminación; participación de la sociedad civil; coordinación y articulación; promoción de una cultura de los derechos humanos; presupuesto, transparencia y acceso a la información; exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos con accesibilidad y sustentabilidad. (Íngrid Bengoa para NotieSe)

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