Las promesas de Peña Nieto: atole con el dedo

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%

No obstante, en un informe presentado por el Comité Cerezo, que comprende desde el mes de junio de 2012 al mes de mayo de 2013

Natalia Antezana Bosques / @Natalia3_0

(1 de septiembre, 2013).- Durante su campaña presidencial, Enrique Peña Nieto perpetuó el lema que utilizó en su periodo como gobernador del Estado de México: “Compromiso. Gobierno que cumple” y simplemente lo transformó en el famoso “Por un México exitoso, me comprometo y cumplo”.

Estas promesas, que resuenan en el lugar común de los políticos en los procesos electorales, resultaron, algunas, en una suerte de incumplimiento, otras, en instrucción a seguir, y las demás, aún sin mencionar puesto que son sólo 8 meses los que lleva oficialmente esta administración.

A pesar de que es muy complejo evaluar el rumbo de los compromisos que hizo Peña Nieto durante su campaña electoral, los cuales fueron firmados ante un notario público, se puede vislumbrar el rumbo que tendrá su política gubernamental.

En el tema de derechos humanos, especialistas en la materia y organizaciones no gubernamentales han hecho públicas sus opiniones con respecto al rumbo que está tomando el gobierno federal en este ámbito.

Las voces coinciden en que no se está generando un entorno de respeto a los derechos humanos y mucho menos se ha generado un cambio sustancial para garantizar el cumplimiento de los mismos.

Amnistía Internacional, en voz de su representante en México, Daniel Zapico, ha señalado que, si bien en esta administración existe una mayor apertura de reconocer ciertos problemas en la materia, resulta preocupante que no se hayan generado cambios a pesar de las promesas.

“No ha habido avances sustantivos en materia de derechos humanos en la mayor parte de los rubros […] Resulta preocupante, porque al final promesas se pueden hacer muchas pero, sólo con cambios reales se puede llegar a cambiar la situación que vive México, que es muy grave”, dijo Zapico a REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO.

Explicó que existe una gran preocupación que no haya un cambio real en las políticas públicas, puesto que en muchos casos, no se necesita tanto tiempo para generar un cambio en el rubro.

“Un ejemplo son las recientes desapariciones en Tamaulipas –desapariciones forzadas–. El hecho de que la PGR, en uno de los casos se haya negado a admitir la denuncia, significa que está incluso obstaculizando las denuncias sobre abusos cometidos, en este caso, por militares, por marinos. Es una muestra clara de la falta de voluntad en el tema de desapariciones”, aseveró.

Indicó también que en el caso de protección a defensores de derechos humanos y periodistas se necesita un impulso muy fuerte a nivel político por las instancias más altas del país, el cual no se está produciendo.

“Lo vemos en muchos estados que tienen firmados convenios de colaboración con mecanismos de protección, sin embargo no implementan las medidas. Si no hay un liderazgo claro desde las instancias más altas del país, difícilmente vamos a tener cambios”.

En los últimos meses se han llevado a cabo numerosas reformas legales entre ellas constitucionales, sin embargo queda pendiente lo respectivo a los derechos humanos, incluso sentencias hechas por organismos internacionales –corte interamericana de derechos humanos, entre otras-, que por ejemplo marcan que se debe hacer una reforma urgente al fuero militar.

“Es muy sintomático que incluso eso de cambiar leyes, -que obviamente han tenido tiempo y no se han dado avances- no estén derivando de un liderazgo claro del gobierno federal. Y sabemos que las leyes no cambian la realidad, pero es una herramienta útil. Y cuando vemos que ni si quiera están dispuestos a avanzar prioritariamente en estos temas, resulta muy preocupante”, dijo el representante de AI en México.

En el periodo de campaña presidencial, los cuatro candidatos enviaron una carta de respuesta a Amnistía Internacional, en la cual hacían una serie de compromisos con respecto a los derechos humanos.

En el caso de Peña Nieto, éste señaló que “como había publicado en su libro”, su primer gran meta es que los derechos humanos pasen del papel a la práctica “para lo cual resulta indispensable adoptar políticas públicas para hacer efectivos los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución Política y los Tratados Internacionales de los que México es parte”, señaló el entonces candidato presidencial priista.

No obstante, en un informe presentado por el Comité Cerezo, que comprende desde el mes de junio de 2012 al mes de mayo de 2013, señala como principal enemigo de los derechos humanos al Estado Mexicano, puesto que se mantiene la tendencia de violaciones a derechos humanos que existía en los últimos meses del sexenio anterior.

También se señaló que existe un cerco mediático, que promueve la impunidad de los funcionarios públicos que están involucrados en casos de violaciones de derechos humanos.

Se resaltó que, entre otro tipo de violaciones a los derechos humanos, en todo el gobierno de Calderón se llevaron a cabo 999 detenciones arbitrarias, mientras que en los 8 meses que lleva Peña Nieto en el gobierno federal, van 261 detenciones arbitrarias.

Por otra parte, Jesús Peña Palacios, representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, aseveró que las amenazas a los defensores de derechos humanos continúan subiendo en tasas alarmantes.

Y es en este clima en el cual Enrique Peña Nieto presentará su primer informe de gobierno. Dará cuenta, en voz de su secretario de gobernación, de su ejercicio como titular del ejecutivo federal, en el cual se ha militarizado Michoacán, se han registrado desapariciones forzadas –es decir que el estado es partícipe de las mismas-, ejecuciones extrajudiciales –es decir realizadas por el estado-, acoso y amenazas a defensores de derechos humanos, ha disminuido el PIB en comparación de 2012 –México se encuentra en una zona de desaceleración a punto de entrar en recesión-, ha subido el costo de los productos de la canasta básica al igual que la gasolina y no se ve una política pública que garantice los derechos humanos básicos de todos los mexicanos.

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