Ofrenda de muertos para los defensores de derechos humanos

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%

Pondremos flores, azúcar, sal, agua, café, pan y tortillas, veladoras y sahumerio, para que regresen a su casa y sepan que, a pesar del dolor que genera su ausencia, mantenemos su lugar y memoria para la búsqueda de justicia.

Olivia Cortez, Raymundo Díaz y Meyatzin Velasco / Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad

Guerrero, México. Morir por enfermedad, de viejo, al final de un largo sufrimiento o en un accidente nunca representará lo mismo que ser ejecutado extrajudicialmente por trabajar en defensa de los derechos humanos. De acuerdo con la tradición del Día de Muertos, las ofrendas nuevas se dedican a las personas fallecidas en el intervalo del último año; a lo largo de México, cada año aumenta el número de ofrendas nuevas que el movimiento social dolorosamente tiene que ofrecer a los luchadores sociales, defensores de derechos humanos o periodistas que son ejecutados extrajudicialmente por realizar su labor.

A nadie sorprendió que México reprobara el Segundo Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las cifras ya mostraban una realidad preocupante: entre 60 mil y 100 mil personas asesinadas, 25 mil desparecidos y miles de desplazados forzadamente [1]

De junio de 2012 a mayo de 2013, los ataques a defensores de derechos humanos se pueden desglosar a grandes rasgos de la siguiente manera: 124 violaciones a derechos humanos, en particular agresiones y hostigamiento; 350 detenciones arbitrarias; 14 desapariciones forzadas y 11 ejecuciones extrajudiciales –cuatro de las cuales tuvieron lugar en el estado de Guerrero, de acuerdo con el informe “Defender los derechos humanos en México: el costo de la dignidad”, realizado por organizaciones como Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDEH AC).

El 28 de noviembre de 2012 fue ejecutada extrajudicialmente en las inmediaciones de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Juventina Villa Mojica; de acuerdo con el testimonio presentado por su hija de 10 años, fueron rodeadas por hombres armados quienes obligaron a Juventina a ver cómo asesinaban a su hijo, Reynaldo Santana Villa, de 17 años, para después acabar con su vida.

Juventina Villa Mojica conoció muy bien la lucha y el dolor que acompaña la defensa de los bosques. Desde 2005, en sus altares se sumaron familiares a quienes recordar: el primero fue su hijo, José de Jesús; en 2011, Rubén Santana Alonso, su esposo, fue emboscado en las inmediaciones de su comunidad; su hijo Joel Santana Villa, a pesar de estar bajo la custodia del Estado mexicano en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Iguala, fue encontrado muerto en diciembre del mismo año, y las causas de su fallecimiento aún no se aclaran.

Juventina retomó el trabajo que su esposo realizó por la defensa de su territorio en la Sierra de Coyuca de Catalán. A pesar de las amenazas, hostigamiento y la impunidad en la que se encontraban sus muertos y otros 25 casos en su comunidad, ella siguió pidiendo justicia.

El 30 de mayo de 2013 por la mañana, Arturo Hernández Cardona y otros siete dirigentes de organizaciones sociales que integran la Unidad Popular de Iguala, en la región norte de Guerrero, fueron desaparecidos forzadamente. Dos días antes habían interpuesto una denuncia ministerial contra el presidente municipal de Iguala y se habían confrontado con un inspector de la Policía Federal en la caseta de Iguala.

Después de cuatro días de desaparición, el 3 de junio -cerca de la colonia Valerio Trujano, en el tramo Mezcala-Iguala de la carretera federal México Acapulco- se encontraron los cuerpos de Arturo Hernández Cardona, Félix Bandera Román yÁngel Román Ramírez, con claras huellas de tortura. Los cinco dirigentes que fueron liberados abandonaron la ciudad de Iguala a falta de condiciones de seguridad.

Arturo Hernández fue fundador del Movimiento Azteca (MovAz) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD);estatal, asumió la defensa de los encarcelados dirigentes Hilario Mesino, Benigno Guzmán y Bertoldo Martínez después de la masacre de Aguas Blancas (todos ellos demandaban justicia para los 17 ejecutados y la renuncia a la gubernatura de Rubén Figueroa Alcocer). Renunció a su puesto de subsecretario de Desarrollo Rural en el gabinete de Ángel Aguirre Rivero después de la represión del 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol, en contra de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, Ayotzinapa, donde resultaron muertos Gabriel Echeverría De Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino.

Después de dos días de ser desaparecidos, el 5 de agosto, el dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Raymundo Velázquez Flores, de origen mixteco, Samuel Vargas Ramírez y su compañero y chofer Miguel “N”, sus cuerpos fueron encontrados a la orilla de un río del poblado de Carrera Larga, municipio de Coyuca de Benítez, en la región de Costa Grande. Raymundo Velázquez, en el décimo aniversario del Consejo de Ejidos y Comunidades opositores a la presa La Parota (CECOP), el 28 de julio, invitó a la refundación del Partido Comunista de México en Guerrero, del cual era representante. Raymundo Velázquez participó en diferentes momentos del movimiento urbano popular de Iguala y así conoció a la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) en los años ochenta.

Rocío Mesino Mesino, hija de Hilario Mesino Acosta, fundador de la Organización de la Sierra del Sur (OCSS), fue ejecutada extrajudicialmente por la espalda el 9 de octubre de 2013, cerca de las 13:30 horas, mientras realizaba trabajos en un comedor comunitario y en la construcción de un puente provisional entre Atoyac-Mexcaltepec -para comunicar a pueblos que quedaron aislados después de la tormenta Manuel. Rocío Mesino fue testigo de las violaciones a los derechos humanos que cometió el Estado mexicano en los años setenta contra la guerrilla de Lucio Cabañas, y uno de sus hermano es desaparecido forzado. Dentro del PRD mantuvo posiciones políticas cercanas a Arturo Hernández Cardona; siempre acompañó los trabajos realizados por el CECOP.

Los puntos de encuentro en sus casos son muchos: todos denunciaron públicamente, ante autoridades políticas y ministeriales, haber recibido amenazas contra su vida, incluso se conocían los nombres de los responsables; denunciaron a paramilitares cobijados por políticos cercanos a cuerpos policiacos y servidores públicos; cada uno dedicó muchos años de trabajo en la búsqueda de mejores condiciones de vida para sus comunidades e integrantes de sus organizaciones. También los unió la exigencia de justicia por las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, o prisión por motivos políticos de otros defensores de derechos humanos e integrantes de movimientos sociales; la dignidad fue la constancia de su militancia.

Ahora también comparten la impunidad en la que se encuentran sus muertes, a pesar de que haya pasado un año desde su ejecución o menos de un mes. En nuestras mesas pondremos flores amarillas, blancas y de terciopelo rojo sangre; azúcar y sal, agua pura y café, chocolate y cerveza, mezcal y cigarros, pan y tortillas, veladoras y sahumerio de copal y de incienso, para que regresen a sus casa y sepan que a pesar del dolor que genera su ausencia, mantenemos su lugar y memoria para la búsqueda de justicia.

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