El Protocolo estéril

El Protocolo estéril

Un joven improvisa un soplete, otro azota una cadena, algunos más patean, avientan piedras, lanzan palazos a los pies de los granaderos que resisten colocados en fila a un par de metros de la Plaza de la Constitución.
domingo, 27 de octubre de 2013

Por: Andro Aguilar I Agencia Reforma

Un joven improvisa un soplete, otro azota una cadena, algunos más patean, avientan piedras, lanzan palazos a los pies de los granaderos que resisten colocados en fila a un par de metros de la Plaza de la Constitución.

La mitad de los agresores cubre su rostro. Uno se da tiempo para escribir con pintura en aerosol la palabra "putos" sobre los escudos. Los uniformados aguantan la arremetida, batallan; algunos sonríen, uno se asoma fugazmente para escupir a quien lo increpa. La prensa registra las agresiones.

La mayoría de los manifestantes no interviene, algunos piden que cese la violencia. Un joven da la espalda a la formación policial para levantar una pancarta: "Porque el color de la sangre jamás se olvida, 10 de junio". Los escudos se abren y se cierran lo necesario para que un brazo azul lo jale hacia los uniformados.

La detención arbitraria detona más patadas. Dos hombres con el rostro cubierto retienen a un empleado del gobierno capitalino. Pronto, varios más exigen la liberación del manifestante. Los granaderos se despliegan en la plancha del Zócalo. Comienzan las aprehensiones cuando algunos manifestantes ya se retiraban.

El saldo: 23 detenidos, uno sin ser presentado ante el Ministerio Público, 15 de ellos con lesiones, e igual número de quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por detención arbitraria, uso indebido y desproporcionado de la fuerza y violación al debido proceso.

Es la manifestación que conmemora el 42 aniversario del Halconazo, y una estampa del patrón que caracteriza las principales protestas en la capital mexicana desde el 1 de diciembre de 2012.

REGULACIÓN AMBIGUA E INSUFICIENTE

Cuando ocurrió aquella manifestación, ya estaba en vigor el protocolo de Actuación Policial para Control de Multitudes de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), un instrumento inédito en México, pero que ha resultado insuficiente.

Publicado el 25 de marzo de 2013 como respuesta a los enfrentamientos y abusos ocurridos el #1Dmx, el protocolo fue criticado por ser ambiguo a la hora de fijar límites al uso de la fuerza.

El pasado jueves, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se dieron a conocer algunas modificaciones al protocolo con base en las observaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja, según indica el documento.

Los acuerdos publicados adhieren la definición de: contingente, desplazamiento, fuerzas policiales, instalación estratégica, mando designado, mando directo, mando responsable, multitud, verbalización y violencia.

Se indica que antes de ingresar a un contingente para separar a las personas de un grupo, ahora se contemplarán "medios no violentos para parar o intentar prevenir un peligro a la vida o integridad de las personas y sus bienes".Para el curso de capacitación a los policías que harán uso del protocolo se incluyeron materias concernientes a ética policial y elaboración de informes.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, nota en los cambios un avance, pero lamenta que se siga viendo a las manifestaciones desde un enfoque policial.

"Disiento en que diga que una manifestación pacífica también se tiene que conducir, eso limita ya las posibilidades de expresión, sobre todo cuando hablamos de un contingente pacífico.

"Rescataría que se ponga el asunto de la verbalización, que se hable de la inmovilización y que se ponga eso como límite, y presentar lo más pronto posible ante la autoridad competente para investigar la comisión del delito", señala. El defensor asegura que contar con una definición de violencia ayuda a acotar el riesgo de una mala interpretación policiaca, pero sigue pendiente precisar qué se entiende por agresivo, lo que daría pie a la intervención policiaca.

"Parte de la democracia es plantear las cosas con una intensidad correspondiente, actitudes que podríamos calificar como agresivas dentro de las manifestaciones, no ponen en riesgo la vida de las personas", precisa.

La CDHDF evaluará en los próximos días si las modificaciones realizadas coinciden con lo señalado por el organismo en la recomendación 7/2013, del 10 de abril, sobre la falta de claridad en las responsabilidades y en las políticas institucionales.

La comisión pidió a la SSPDF reformar el marco jurídico de las policías para armonizarlo con una visión respetuosa de los derechos humanos y con perspectiva de seguridad ciudadana; además, instaurar un auditor externo para que la Policía reciba denuncias, investigue y sancione las faltas cometidas por malos policías.

Durante la vigencia del protocolo, 190 personas han sido detenidas en cuatro episodios: 10 de junio, 1o. y 13 de septiembre y 2 de octubre; además, 99 civiles y 67 policías han resultado lesionados.

Aunque en algunas marchas custodiadas por granaderos el operativo sirvió para contener posibles disturbios, la CDHDF ha acumulado 48 quejas por la actuación de la autoridad.

Las quejas señalan detenciones arbitrarias, uso indebido y desproporcionado de la fuerza en agravio de manifestantes, defensores de derechos humanos y periodistas; y violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad.

Especialistas en seguridad y defensores de derechos humanos coinciden en que fue un acierto generar un primer protocolo que norme la actuación policial en las manifestaciones, pero apuntan que no es suficiente.

Gustavo Fondevila, académico del CIDE, advierte peligros por la ausencia de una normativa clara.

"Lo que hace la Policía es llenar ese vacío con su propia idea de cómo se debe usar la fuerza, su propia experiencia, sus propios prejuicios", explica.

Durante este año, periodistas y ciudadanos han registrado los excesos sistemáticos en que han incurrido elementos de la Policía capitalina.

El 2 de octubre, el granadero José Luis García Flores fue grabado cuando golpeaba en repetidas ocasiones a un grupo de comerciantes y normalistas.

La SSPDF informó que el elemento fue puesto a disposición de la Fiscalía de Investigación para Delitos Cometidos por Servidores Públicos; se solicitó su suspensión y se inició una averiguación por el delito de abuso de autoridad.

Es el único caso en que la dependencia ha difundido que se sanciona a algún elemento por su participación en ese tipo de abusos.

Fondevila explica que entre los elementos policiacos persiste un rechazo a los protocolos porque ven limitadas sus funciones en contra de presuntos delincuentes.

"Está probadísimo que no respetar derechos humanos no te da niveles de eficiencia en la detención de delincuentes, te da mayor eficiencia en la detención de inocentes, porque haces lo que quieres", precisa.

Un protocolo adecuado, permitiría evaluar la actuación policial, pero el experto advierte que estos documentos por sí solos no modifican a las corporaciones.

"El problema de fondo es que nuestra Policía es una institución que nunca hizo ningún tipo de reforma. Es uno de los organismos más resistentes a la reforma, a abrirse, ser transparentes, meter un auditor policial... Un protocolo no te hace una reforma, no te cambia la vida de las instituciones", añade.

PRIMER INTENTO

Primero en su tipo en México, el protocolo resulta tardío si se compara con otros países como Estados Unidos, Alemania o Francia, en donde esas normativas existen desde varias décadas atrás.

Naciones latinoamericanas están implementando en los últimos años este tipo de normativas para sus cuerpos policiacos.

Perú recién creó la dirección de Control de Multitudes de la Policía Nacional, cuya capacitación corrió a cargo de agentes franceses.

Y en Colombia, en 2009 nació la reglamentación a nivel nacional en la materia, cuando Óscar Naranjo Trujillo -actual asesor de la Presidencia de México- dirigía la Policía Nacional de ese país.

A diferencia del actual protocolo en la Ciudad de México, el documento colombiano determina las limitaciones en el uso de armas no letales y no contempla las armas de fuego.

Ello no ha impedido que defensores de derechos humanos en ese país señalen los abusos en que ha incurrido el cuerpo policiaco creado para intervenir en concentraciones y hayan pedido su disolución.

El estado de California, Estados Unidos, publicó un documento actualizado en 2012 que especifica de forma precisa los pasos a seguir en la implementación de los operativos y las cadenas de mando. No está enfocada únicamente en protestas políticas.

"Que en 2013 haya aparecido el primer protocolo para intervención en manifestaciones después de lo que pasó el 1 de diciembre en realidad lo que refleja es el grado de atraso, el rezago normativo de nuestras policías", señala Fondevila.

PRIMER PASO

Carlos Silva Forné, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincide en que un protocolo es sólo una de las partes necesarias para mejorar las instituciones de seguridad pública.

"Los marcos normativos no modifican realidades de forma automática si no están alineados con otros cambios en el funcionamiento institucional e incluso en la relación entre instituciones y sociedad".

El investigador enfatiza la necesidad de establecer programas de capacitación vinculados a la aplicación de los protocolos y considera fundamental poder evaluar el trabajo que la Policía realiza.

El camino hacia mejores prácticas, apunta, es lograr que después de cada operativo se deslinden responsabilidades y también poder avanzar hacia una mayor profesionalización.

Silva Forné destaca que en la evaluación del trabajo policial debe considerar el riesgo al que se expone a los agentes ante los ataques de personas violentas y buscar otras formas más efectivas en la contención y una posible respuesta para detenerlos, pero sin caer en excesos.

"Cuando la respuesta policial incluye detenciones arbitrarias o uso desproporcionado de la fuerza es un problema central", señala, "más si esos usos arbitrarios o abusos desproporcionados de la fuerza no parecen ser marginales sino que en muchos casos aparecen como pauta sistemática".

DERECHOS HUMANOS

José Antonio Garibay, director de área de la primera visitaduría general de la CDHDF, aclara que ese organismo aún no está listo para pronunciarse sobre la actuación policial en las manifestaciones ya reguladas con el protocolo, pero admite que las quejas recibidas reflejan hechos muy similares a los de 1 de diciembre de 2012.

"La Policía carece de capacitación... y no sabe hacer uso de la fuerza. Las quejas nos siguen hablando de que la Policía no cumple su función", apunta, "nos sigue saltando, según los hechos denunciados en la Comisión, un uso abusivo, arbitrario de la fuerza".

Alejandro Cerezo, integrante del Comité Cerezo México, opina que el abuso policiaco obedece a una política de Estado de la capital, más que a falta de capacitación de sus policías.

Este defensor demanda la derogación del protocolo y sugiere un diálogo con la sociedad civil y la CDHDF en la elaboración de uno nuevo. "En muchos casos, el gobierno del Distrito Federal ni siquiera se sienta con las organizaciones de derechos humanos a dialogar. No le interesa. No está en su agenda", remata.