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Alertan activistas por desapariciones forzadas de luchadores sociales y ambientales

Viernes 30 de agosto de 2013, por Comité Cerezo México

  • Héctor Cerezo aseveró que ocurre en el norte del País para evitar que ayuden a las víctimas y denuncien actos violatorios
  • ONU presentará un informe en el que destaca a México por atropello de derechos humanos, adelantó

El nuevo acoso del gobierno es contra las organizaciones que defienden los derechos humanos, para evitar que ayuden a las víctimas y éstas denuncien actos violatorios, afirmó Héctor Cerezo, del Comité Cerezo México.

En el marco de la presentación del Manual sobre desaparición forzada, el Comité “Hasta encontrarlos”, la Campaña nacional contra la desaparición forzada y representantes de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destacaron la importancia de evitar las desapariciones forzadas.

Héctor Cerezo destacó que existe una creciente en las muertes y desapariciones contra activistas sociales y ambientales, por parte, principalmente de fuerzas policiales y gobiernos estatales.

Reveló que en estados como Chihuahua, las denuncias se han disminuido debido a que los gobiernos obligan a las organizaciones en pro de los derechos humanos, a desaparecer, segmentarse o salir del estado, por lo que los activistas se ven obligados a callar.

Por su parte, el representante de la ONU, Jesús Peña Palacios, afirmó que los gobiernos tienen la obligación de atender denuncias, investigar, castigar y reparar el daño, a la víctima o sus familiares.

Adelantó que la ONU presentará un informe en el que la cantidad de desapariciones y asesinatos en México lo destacarán entre los primeros lugares donde se atropellan los derechos humanos.

En el manual sobre desaparición forzada se destaca que en el último año, Oaxaca, Veracruz, Guerrero y el Distrito Federal, son los estados donde más violación a los derechos humanos existe, con el 20, 12, 12, y 9 por ciento, respectivamente.
En el 44 por ciento de los casos, la víctima es una persona, en el 17, una organización y en el 7 una comunidad.

La mayoría de las víctimas se dedican a defender derechos de pueblos indígenas, representando el 23 por ciento de los casos, derechos civiles y políticos, con el 8 por ciento; económicos y educación, con el 7 por ciento; laborales y de justici, con el 5 por ciento.

La mayoría de los actos violatorios se cometen con hostigamiento, siendo el 20 por ciento de éstas; seguido de agresión, con el 15; amenazas, con el 13 y criminalización con el 3 por ciento.

Las organizaciones que han tenido el mayor número de agresiones son: #YoSoy132, el Frente Nacional de lucha por el Socialismo, organizaciones opositoras a los parques eólicos del Istmo de Tehuantepec y la Red Nacional de Resistencia Civil contra las altas tarifas eléctricas, entre otras.


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