De mayo del 2012 al mismo mes de este año, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Distrito Federal, Chihuahua, Veracruz, Tabasco y Coahuila son los estados en donde se registran más acciones de hostigamiento en contra de defensores de los derechos humanos revela el informe "Defender los derechos humanos en México: el costo de la dignidad".
De acuerdo con el documento realizado y presentado ayer por el Comité Cerezo México, el colectivo Acción Urgente para los Defensores de Derechos Humanos (Acuddeh) y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, en el último año los defensores de derechos humanos han sido víctimas de agresiones mucho más cercanas a través del hostigamiento y las amenazas directas.
Asegura que ya no es sólo a través de llamadas telefónicas o correos electrónicos la forma de acosar y refiere que en esas acciones se ha reportado la acción directa de funcionarios públicos de distintos niveles de gobierno, en muchos casos coludidos con la delincuencia organizada.
El documento refiere que en comparación con el mismo periodo del año anterior, la agresión más recurrente en contra de los defensores fue la amenaza, 47 por ciento del total de los casos, pero de junio del año pasado a mayo de 2013 el hostigamiento directo ocupa el primer lugar, con 62 por ciento de 153 casos documentados en sólo 19 estado de la República.
El director del Acuddeh, Alejandro Cerezo explicó que ese fenómeno habla de la cercanía entre el agresor y el defensor, lo que evidencia que el Estado "invierte más recursos financieros, tecnológicos y humanos para atacar a los defensores. Ya no es la clásica llamada telefónica o el correo electrónico; ahora les están diciendo de forma directa ‘te vamos a matar, te vamos a encarcelar’".
Refirió que en 2011 los servidores públicos agredían en complicidad pasiva con los grupos de delincuentes, pero desde finales del sexenio de Felipe Calderón y lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto la participación de los funcionarios como autores directos de la violencia ha aumentado.
En el documento se precisa que también son más frecuentes los operativos realizados por fuerzas conjuntas de grupos paramilitares y policías o soldados, sobre todo contra hombres con el 78.2 por ciento, y el 21.8 por ciento de mujeres.
Refiere que de acuerdo con la documentación recabada, el término del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa mostró, en los últimos seis meses, un claro aumento en el uso de ataques en contra de defensores de derechos humanos y en el uso de las detenciones arbitrarias en contra de ellos.
Al mismo tiempo la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial sigue presentándose, pero con cifras mucho más bajas.
No obstante revela que la llegada de Enrique Peña Nieto al poder no implica un cambio en la tendencia de los últimos seis meses de Felipe Calderón, por el contrario, su continuidad, además de que en lo que va de este gobierno ha incrementado la ejecución extrajudicial y las desapariciones forzadas.
Coincidieron en los resultados del informe el secretario adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios y el representante de Amnistía Internacional sección México, Daniel Zapico, quienes reiteraron que el abuso y ataque contra defensores de derechos es un tema pendiente para la presente administración.
En ese sentido Daniel Zapico comentó: "la protección de los defensores de derechos humanos en México sigue siendo un tema del que las autoridades no saben o no quieren saber, en el que hay impunidad. En México prácticamente sale gratis este crimen porque nunca sucede nada".
En su oportunidad, Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, destaco que informe Acuddeh y el Comité Cerezo evidencia, una vez más la criminalización de la manifestación social por parte de un Estado autoritario y represor.
Asimismo, el antropólogo Gilberto López y Rivas refirió que al parecer la única función del Estado al parecer es la de controlar y reprimir las manifestaciones de descontento social, tomando como pretexto la llamada guerra contra el crimen organizado y el terrorismo y alertó sobre la represión que se está dando en las comunidades de estados como Guerrero o Michoacán.
El informe dado a conocer a 12 años de la conformación del Comité Cerezo, plantea más de 40 recomendaciones puntuales al gobierno en materia de respeto a los derechos humanos y ofrece un manual en el que se precisa la forma de actuar ante actos autoritarios cometidos por instituciones propias del Estado.