El paramilitarismo: la mano siniestra del Estado

SEGUNDA PARTE

EL PARAMILITARISMO: LA MANO SINIESTRA DEL ESTADO

No existe una definición de paramilitarismo que haya sido establecida por las instancias internacionales de derechos humanos. No obstante, algunos autores han realizado propuestas de definición y caracterización para estos grupos. Por ejemplo, Egremi afirma que:

López y Rivas refiere que para conocer la naturaleza del paramilitarismo es necesario observar que [quienes lo integran] son grupos irregulares, clandestinos [sic., i. e., clandestinos] que actúan bajo una conexión –igual, irregular, ilegal y clandestina– con el gobierno, con el Estado. […] Describe que el paramilitarismo es una extensión de las Fuerzas Armadas por otras vías. [1]

La estrategia paramilitar o paramilitarismo es una parte de la guerra que evade lo legal, una parte que desde las sombras intenta construir una estrategia de legitimidad social, para lo cual elabora un discurso patriotero de limpieza o saneamiento social y político que intenta generar una base social que apruebe atrocidades, actos de terror y muerte. La estrategia paramilitar es una parte de la guerra que afecta todo los ámbitos de la vida social, económica y política, una estrategia efectiva por el uso del terror ilegal, independiente del Estado a los ojos de la sociedad y con un objetivo claro: ser el soporte del Estado en el desarrollo de una política de guerra contrainsurgente y de control social.

El paramilitarismo pretende ser reconocido como un actor independiente del Estado, con el fin de eximirlo de su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos que comete, así como de mantener impunes a todos los actores que los financian, asesoran y se benefician de las acciones paramilitares, a la vez que mantiene vigente la política de control social a través del terror. Para lograr esta supuesta independencia, nunca se registran los costos de mantenimiento de esta estrategia en el presupuesto de un Estado, de lo contrario nos sería relativamente fácil probar el vínculo directo entre ambos; es por ello que el paramilitarismo es financiado siempre por fuentes ilegales o que tienen un origen ilegal, principalmente por el narcotráfico y los negocios ilícitos que existen en torno suyo como el secuestro, la extorción, el tráfico de personas, entre otros; una vez que ha sido financiado, el paramilitarismo reinvierte en los negocios agroindustriales de los grandes empresarios que existen en su dominio, para “tapar” o lavar dinero. Tal control económico que nace del financiamiento ilegal, tanto en las pequeñas, como en las grandes empresas coludidas, facilita además la apropiación de los recursos naturales en beneficio de las empresas transnacionales.

Cabe señalar que este ciclo no se consuma de forma pacífica, sino que, para ello, recurre a todas las formas posibles de terror: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado interno, cárcel, tortura y otras violaciones a los derechos humanos, incluso crímenes de lesa humanidad.

La interferencia en la economía legal por la estrategia de financiamiento del paramilitarismo, aunado al control social por medio del terror, impacta en todos los territorios rurales o urbanos en que tiene presencia hasta hacer cómplices de lavado de dinero, venta de drogas y extorsión a los representantes de los pequeños productores, tiendas, verdulerías, expendios de comida, restaurantes, fondas, puestos de fritangas, puestos de la economía informal, taxistas, y toda actividad que pueda “apoyar” al paramilitarismo para financiarse.

Historia general del paramilitarismo

El paramilitarismo o estrategia paramilitar no es un invento nuevo; si bien se han utilizado mercenarios desde tiempos remotos, sus orígenes modernos, por decirlo así, podrían situarse después de la Segunda Guerra Mundial, específicamente durante la ocupación francesa en Argelia (1954-1962). La enseñanza de las técnicas paramilitares se impartió por primera vez en la Escuela Moderna de París durante 1958; sus primeros estudiantes fueron argentinos, mismos que ahondaron en la enseñanza, teoría y práctica de esta estrategia en la Escuela superior de Guerra de Buenos Aires en 1961.

Los franceses directamente capacitaron a los estadounidenses; un viejo veterano de la guerra de Argelia, Paul Aussaresses fue designado a la agregaduría militar en Washington, a su vez, los estadounidenses practicaron estas enseñanzas durante la Guerra de Vietnam (1964-1975) y multiplicaron la enseñanza de esta estrategia en la tristemente célebre Escuela de las Américas (1963-2001,) hoy conocida como Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, donde se entrena para la práctica paramilitar a miles de efectivos latinoamericanos, principalmente.

Podemos decir que, independientemente del territorio en que se aplique esta estrategia (Colombia o México, por ejemplo) y del nombre que se le dé, “resulta claro que la estrategia paramilitar tiene que ser vista como parte de la incidencia geopolítica que Estados Unidos ejerce como potencia contrainsurgente, a través de la capacitación paramilitar que inculca a los militares en sus escuelas. [2]

El paramilitarismo en México

Hoy día, hablar de paramilitarismo en nuestro país nos remite al Estado de Chiapas y a la política contrainsurgente que ha mantenido, hasta nuestros días, el Estado mexicano para eliminar al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que el primero de enero de 1994 le declaró la guerra. También podemos ubicar este fenómeno en los estados de Oaxaca y Guerrero, aunque en menor medida debido a la casi nula documentación sobre los grupos paramilitares por parte de las organizaciones sociales de la región, las que en muchas ocasiones, dentro de su lenguaje coloquial, asocian a cualquier civil armado como un paramilitar, sin identificar que muchas veces, sólo son guardias blancas u otro tipo de actores armados que no son parte orgánica del Estado.

A diferencia de Oaxaca y Guerrero, el fenómeno del paramilitarismo en Chiapas ha sido ampliamente documentado por organizaciones civiles, de derechos humanos [3] e investigadores sociales, incluso existe evidencia de la creación de grupos paramilitares por el Estado mexicano como parte de la guerra contra el EZLN en Chiapas. [4]

El uso de la estrategia paramilitar no es nueva en México, el Estado tiene una experiencia de 30 años en el combate a grupos insurgentes a través del paramilitarismo; movimientos estudiantiles, sociales e incluso electorales han resentido esta estrategia: el Batallón Olimpia en la masacre estudiantil del 68; el grupo paramilitar de los Halcones en la masacre del 71 y la terrorista Brigada Blanca usada durante la Guerra Sucia de los 70 y 80 son los ejemplos más conocidos que, como acusa López y Rivas: “Generalmente están adscritos a la Sección Segunda del Estado Mayor, que es la inteligencia militar”. [5]
 

El Paramilitarismo en la configuración del Estado mexicano como un Estado terrorista

Al ser el paramilitarismo una estrategia estadounidense que se está desarrollando en México a través de la Iniciativa Mérida, el Departamento de Estado estadounidense, en voz de Hilary Clinton, intentó usar la misma receta discursiva empleada en Colombia, pues acusó al narcotráfico mexicano de usar tácticas de guerra de guerrillas y, por tanto, a imagen y semejanza de Colombia, en México también existía la narcoinsurgencia. Aunque no fue posible implantar este concepto en México, se decidió adaptar los términos clásicos usados por los estadounidenses y se fortaleció otro concepto, el de “delincuencia organizada”, y así se reconceptualizó al “enemigo interno” a exterminar en esta guerra:

Una guerra que en el terreno mantiene las mismas estrategias de injerencia y adiestramiento de las fuerzas militares y policiacas mexicanas por parte de las agencias de seguridad estadounidenses que en Colombia, claro que en México se hace de una manera más velada, debido a las leyes que no permiten la presencia de tropas extranjeras en territorio mexicano. [6]

Entendemos entonces que el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida [7] son planes estadounidenses que obedecen a la necesidad de paliar la crisis económica profunda en la que se encuentra y obtener el control territorial de América Latina. La guerra contra el “enemigo universal”, “narcoterrorismo” o “delincuencia organizada” según sea el caso, es la herramienta estadounidense por excelencia, misma que está implementando el Estado mexicano. Luego entonces, aunque la Iniciativa Mérida es un plan todavía muy acotado con respecto a su original, el Plan Colombia, se está desarrollando y adaptando a las necesidades de la “guerra contra la delincuencia organizada” que inventó el Estado mexicano y que ahora está apoyando y asesorando Estados Unidos.

Así, con el apoyo estadounidense hacia la “guerra contra la delincuencia organizada” lanzada por Calderón, a diferencia del periodo de la Guerra Sucia, no solamente se usa la estrategia paramilitar como una respuesta exclusiva al riesgo de una insurgencia político-militar, sino también como una estrategia de control social.

Actualmente el Estado mexicano está en la fase del desarrollo de la estrategia paramilitar que le permita, principalmente, evadir la responsabilidad de las violaciones a los Derechos humanos que comete, así, la ejecución extrajudicial, la tortura y la desaparición forzada no pueden calificarse como tales y pasan a ser sólo estadística de homicidios, desapariciones y agresiones de la delincuencia organizada; este último concepto, como ya vimos, también mimetiza a los grupos paramilitares que actúan contra la sociedad en su conjunto. [8]

En México, la estrategia paramilitar está siendo usada para combatir todo movimiento social progresista, para reapropiarse de las tierras productivas en manos de los campesinos, para desplazar a la población de lugares destinados al desarrollo de megaproyectos como minas, puentes fronterizos, proyectos eólicos de gran envergadura y agroindustrias; es decir, su uso pretende asegurar la depredación y el saqueo de los recursos naturales mexicanos y al mismo tiempo intenta inhibir la resistencia organizada a estas políticas trasnacionales de depredación a la par que previene el desarrollo de una insurgencia en México, insurgencia existente y siempre latente. En este tenor, también actúa contra los movimientos sociales que pongan en riesgo la implementación de la política neoliberal en México, e incluso contra los movimientos electorales que pueden trastocar o frenar el modelo de desarrollo capitalista neoliberal. Si bien es cierto que los movimientos electorales no rompen con el modelo económico capitalista, sí pueden afectar los intereses geoestratégicos de las grandes empresas trasnacionales y los de su representante, el gobierno estadounidense.

Entonces, en México, la actual fase del desarrollo de la estrategia paramilitar exige la militarización del territorio y de la vida social; baste recordar el Operativo Chihuahua para apreciar que a mayor militarización, más violaciones a los derechos humanos se cometen, además de incrementarse la violencia, el control social y el control económico, lo que permite a la estrategia paramilitar expandirse por la geografía de la República Mexicana o, en palabras de Fazio:

[…]podemos asegurar que junto a la militarización del país por la llamada estrategia contra el crimen organizado hay un proceso de paramilitarización en el que reaparecen las torturas, ejecuciones, desapariciones y otras prácticas de la guerra sucia. [9]

Para asegurar el desarrollo de su estrategia paramilitar, el Estado necesita ocultar sus actos represivos contra el movimiento social y los vínculos que dicha estrategia guarda con la Guerra contra la delincuencia organizada; ante lo cual, las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos deben documentar los casos de las víctimas del paramilitarismo para desnudar el actuar terrorista del Estado mexicano.

A continuación ofrecemos la identidad de algunos luchadores sociales o defensores de derechos humanos, que se presume fueron ejecutados extrajudicialmente, o bien, fueron víctimas de desaparición forzada por parte de grupos paramilitares. Cabe señalar que los datos fueron obtenidos del informe sobre la desaparición forzada en México, 2011, presentado por las organizaciones integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, así como de la página web del proyecto de viento de libertad del Comité Cerezo, México.

En conclusión, podemos asegurar que en México la estrategia paramilitar o paramilitarismo se está afianzando como una parte de la guerra contra la delincuencia organizada que decretó la administración de Felipe Calderón; esta guerra tiene el objetivo de aniquilar al enemigo, uno que, como ya hemos descrito en este informe, se encuentra inmerso en el tejido social, que no tiene rostro y nada lo distingue de los ciudadanos comunes y corrientes; es decir, un enemigo interno que además, ante los ojos de la estrategia paramilitar y contrainsurgente del Estado, pierde su categoría de humano, justificación de corte fascista, propia del Estado y su base social. Al igual que hace más de 50 años lo hicieron los creadores modernos de esta estrategia, las violaciones a los derechos humanos se desvalorizan al reducir la humanidad del enemigo a la categoría de delincuente y construirlo como una amenaza omnipotente a fuerza de repetir el argumento de que es preferible eliminar a un inocente que dejar libre a un subversivo y que todo sospechoso es un muerto con la ejecución aplazada.