Las fuerzas del Estado, la “guerra contra las drogas” y los defensores de derechos humanos.

Aunque es un argumento que se utiliza de manera permanente por parte de los funcionarios del Estado mexicano para explicar el aumento de la violencia en nuestro país consideramos importante iniciar nuestra participación haciendo mención de este argumento.

Según los funcionarios del Estado mexicano la causa del aumento de la violencia en general en nuestro país se debe a la disputa sangrienta que sostienen los cárteles que se dedican a la producción y tráfico de droga ilegal hacia los Estados Unidos por controlar territorios y rutas necesarias para trasegar sus productos o controlar nuevas ramas de la economía criminal, como el tráfico de personas, la prostitución, entre otras y en su oposición violenta a un Estado que desde finales de 2006 decidió declararles la guerra en un primer momento para llamarle solamente lucha después.

Sin embargo, para nosotros es imposible comprender el discurso y la supuesta estrategia contra las drogas del gobierno mexicano si no partimos de una realidad económica actual: una gran parte de los países, incluyendo a los Estados Unidos de Norteamérica, se encuentran en una grave crisis económica y en su mayoría están buscando la salida a la misma con la profundización de las políticas neoliberales, en México éstas llevan el nombre de Reformas estructurales.

Este contexto de crisis económica y de aplicación de reformas que legalizan la mayor explotación de los trabajadores y el continuo despojo de tierras, de ríos, de costas y de otros recursos naturales en beneficio de grupos empresariales nacionales y extranjeros ha generado en nuestro país inconformidad social, descontento, protestas y búsquedas de alternativas de desarrollo económico y social diferentes al neoliberalismo e incluso al capitalismo.

Ésta respuesta organizada y no organizada de una parte de la sociedad mexicana ha generado la necesidad en el Estado mexicano de desarrollar una estrategia de control social y de contrainsurgencia que le garantice la aplicación del modelo económico que nos siguen imponiendo.

El narcotráfico y la supuesta guerra contra éste se han convertido en el pretexto y en la cortina de humo perfectos. Reiteramos, bajo la estrategia de “lucha contra la delincuencia” se oculta premeditadamente una estrategia de control social y de contrainsurgencia.

Desde nuestro trabajo de investigación del contexto económico, político y social en el que dan las violaciones de derechos humanos y de documentación de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y prisión por motivos políticos en contra de defensores de derechos humanos, podemos afirmar que el discurso de “guerra contra las drogas” o de lucha contra la delincuencia le ha permitido al Estado mexicano entre otras cosas, lo siguiente:

1. Ha construido un enemigo interno que va desde el pequeño consumidor y el gran capo hasta cualquier persona que se sospeche pueda tener vínculos con la delincuencia organizada y como estas personas pueden ser cualquier persona, el enemigo se torna difuso y amplio, cualquiera puede ser y por tanto las fuerzas armadas siempre deben estar en disposición de entrar en combate.
2. Le ha permitido militarizar la vida social y con esto modernizar sus fuerzas armadas en el aspecto técnico, tecnológico y operativo y dotar de mayor poder político a estructuras policiacas y militares.
3. Le ha permitido criminalizar la protesta social, sobre todo si es en contra de los abusos de las fuerzas armadas, si alguna organización o defensor protesta contra la presencia militar en su territorio es sujeto de sospecha de estar en contra del Estado por hacerlo y a favor de grupos de la llamada delincuencia organizada.
4. Le ha permitido ahondar la polarización social entre “buenos” y “malos”. Eres bueno si aceptas incondicionalmente las estrategias de seguridad del Estado y los llamados “daños colaterales” que éstas generan y eres “malo” si las cuestionas y te opones a ellas.
5. Le ha permitido ocultar las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, amenazas y otros ataques contra defensores de derechos humanos y población en general que comenten miembros de las fuerzas armadas o de grupos paramilitares haciéndolos pasar como crímenes de la delincuencia y en este sentido;
6. El Estado mexicano ha podido renunciar en los hechos a su obligación de garantizar y promover los derechos humanos, de proteger a los defensores de derechos humanos y de castigar las graves violaciones de derechos humanos que sufren en su contra. Incluso funcionarios del Estado han llegado a declarar que el hecho de que sólo el Estado viole los derechos humanos es un mito que la violencia extrema de la “delincuencia” se ha encargado de destruir. Lo dicen como si lo que se le llama delincuencia tuviera la responsabilidad de garantizar y promover los derechos humanos en toda la población y proteger a la misma de las violaciones de los derechos humanos que puedan sufrir y castigar a los responsables de las violaciones.
7. El Estado ha implantado un clima de Impunidad, pues no se castigan las violaciones de derechos humanos cometidas contra la población civil en general y en especial contra los defensores de derechos humanos. Según la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU en nuestro país la impunidad es del 98%.

Estos 7 hechos que enunciamos anteriormente se aplican siempre acompañados de dos elementos clave para el control social y la contrainsurgencia:

• La implantación del Terror en la población y;
• La creación, consolidación y crecimiento de grupos paramilitares.
• El disciplinamiento social y la reorganización de la propiedad del territorio por medio del terror que implanta el Estado a través de las fuerzas legalmente constituidas y de las fuerzas ilegales como el paramilitarismo es el verdadero objetivo fundamental de lo que hoy nombran lucha contra la delincuencia organizada.

Lo que se está construyendo en México es una suerte de dictadura disfrazada de democracia que sirve a intereses económicos de una minoría. Todo en nombre y bajo el disfraz de la supuesta guerra contra las drogas.

Un ejemplo de la afirmación anterior para nosotros es lo que se vive en la zona conocida como el Valle de Juárez en Chihuahua, en esa región lo beneficiarios últimos de la violencia “desatada” entre bandas rivales y por los operativos conjuntos encabezados por el ejército mexicano que comenzaron desde 2008 fueron los empresarios, he aquí algunos de los proyectos económicos que están realizando:

“En el municipio de Juárez y Valle de Juárez (Práxedis G. Guerrero y Guadalupe):

• La conectividad vial para Cd. Juárez. De acuerdo a este proyecto “serán pavimentadas 16 vialidades, en dicho proyecto participarán el Banco de Desarrollo de América del Norte (bdan) y la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef), quienes financiaran las licitaciones de las empresas. [1] Esta última perteneciente al grupo promotor en el Pacto por Juárez. [2]
• El proyecto urbano Cd. Juárez. Tal proyecto incluye la construcción de un corredor turístico, un parque industrial, carreteras, infraestructura de inmobiliarias y el desarrollo de agronegocios en cultivos de uva y algodón. Desde 2008, justo al inicio de la disputa del narcotráfico por esta frontera, dos empresas serán las responsables de implementar el proyecto, Industrial Global Solutions (igs) y Prudential Real EstáteInvestors (prel). [3]
  Actualmente ya comenzó la construcción de un Puente Internacional Guadalupe- El Tomillo, que será utilizado como el de mayor tránsito para carga en el país. [4] Este corredor es uno de los proyectos que se presume más ambicioso, por lo cual otros empresarios de la región buscarán participar en él.
• El Cereso Productivo en Cd. Juárez
  A partir de 2009 se constituyó este proyecto productivo en el que participarán 14 maquiladoras que pretenden generar empleo para los internos. Dicho penal se construye al sur de Juárez y tendrá la capacidad de albergar a mil reos como obreros.
  Entre las empresas que participan en el proyecto se encuentran Manufacturas y Servicios Internacionales en Ciudad Juárez, que se dedica a la industria textil y electrónica, cuya matriz (FMI Internacional) opera en la vecina ciudad, El Paso, Texas. [5] Para este desarrollo se constituyó una asociación civil que “esta integrada por el alcalde José Reyes Ferriz, el secretario del Ayuntamiento, Guillermo Dowell Delgado, el comisionado de Derechos Humanos en el Estado, José Luis Armendáriz González, la Asociación de Maquiladoras (AMAC) -parte del grupo promotor del Pacto por Juárez [6], la Confederación Patronal del Norte, entre otras instituciones, dando fe de la constitución el notario público número 28, Oscar Cayetano Becerra Tucker.” [7] Esta asociación pretende que el penal funcione como un pequeño parque industrial, y, por lo tanto, la asociación estará a cargo de operar la parte productiva del nuevo Cereso.” Informe de violaciones de derechos humanos cometidas contra personas defensoras de los derechos humanos en el periodo 2011-Primer trimestre de 2012. Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos. A.C. México 2012. Página 81.

Lo que está pasando en Chihuahua es lo mismo que está pasando en otros estados de nuestro país, por ejemplo con las concesiones mineras que se han otorgado a empresas nacionales y extranjeras para la explotación a cielo abierto, tan sólo en el estado de Puebla se concesionaron 59 mil hectáreas de tierra en el año 2011 y el primer semestre de 2012, afectando los recursos materiales y el territorio de decenas de pueblos indígenas y mestizos, pasa así con los proyectos eólicos, de construcción de termoeléctricas, de presas, de construcción de vialidades y otros más. Y en todos los lugares donde existe oposición a este tipo de proyectos las fuerzas legales del Estado y los grupos paramilitares son responsables de ataques e intimidación contra las poblaciones que se organizan para defender sus derechos humanos.

En conclusión.

Desde nuestra perspectiva y con base en nuestras investigaciones y documentación de casos de graves violaciones a los derechos humanos de defensores de derechos humanos la política de supuesto combate a las drogas no se va a modificar con la llegada al gobierno de Enrique Peña Nieto ni a mediano plazo, pues la forma en que se plantea y se propagandiza ha servido de manera efectiva para ocultar los intereses económicos y políticos de una minoría que además se beneficia de las ganancias del narcotráfico y de sus métodos ilegales para producirlas. Basta leer las declaraciones del exgobernador del Estado de Coahuila con respecto a la relación de narcotraficantes con los mineros legales del carbón en el estado que dice gobernó.

¡ Porque ser defensor de derechos humanos no es sinónimo de terrorista!

Antonio Cerezo Contreras.
México D.F. a 31 de octubre de 2012

Ponencia presentada en el evento: