Desapariciones forzadas en puebla

Catalogado como un crimen de lesa humanidad por la ONU, la desaparición forzada se ha incrementado de manera desproporcionada, y Puebla ocupa el quinto lugar a nivel nacional.

José Manuel CUATE/Tina ROMERO

La declaración de guerra contra el narcotráfico, que puso en marcha Felipe Calderón, no sólo deja como consecuencia directa más de 80 mil muertos, sino también familias desamparadas, niños huérfanos, y desapariciones forzadas en casi todo el territorio nacional.

De acuerdo con Amnistía Internacional la desaparición forzada se da “Cuando una persona es detenida o secuestrada por el Estado o por agentes que actúan en su nombre, después se niega que la persona se encuentre detenida o, se oculta su paradero, apartándola así de la protección de la ley…Esas personas no se desvanecen sin más. Alguien, en algún lugar, sabe qué fue de ellas, alguien es responsable”.

El pasado nos alcanzó

La desaparición en México data del periodo conocido como la guerra sucia, y comprendió de finales de los 60 a los 80, fueron desaparecidas al menos mil 350 personas; en este periodo nacieron las principales organizaciones de familiares de desaparecidos en México.

Décadas después nos enfrentamos a una realidad distinta, ahora quien comete las desapariciones son el crimen organizado o las autoridades del Estado mexicano.

El crimen organizado ha diversificado su mercado de negocios para no ver limitadas sus ganancias ante la lucha emprendida que “intenta” impedir el tráfico de droga; y encontró actividades lucrativas como: secuestros, extorsiones, trata de personas con fines de explotación, entre otros.

Entonces a los desaparecidos, además de opositores políticos, se suman grupos pertenecientes a los sectores vulnerables como mujeres, niños, migrantes, activistas de derechos humanos, periodistas.

Integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU aseguran tener “información concreta, detallada y verosímil sobre casos de desapariciones forzadas llevados a cabo por autoridades públicas o por grupos criminales”.

El informe destaca “la impunidad que prevalece en muchos casos de desaparición forzada en México, que en vez de ser tratados como tal, son reportados e investigados bajo una figura diferente o ni siquiera son considerados como delitos”.

Puebla no se queda atrás

En entrevista Héctor Cerezo Contreras, coordinador del área de acompañamiento del Comité Cerezo México, organización Defensora de los Derechos Humanos, expresó que Puebla se ubica en el quinto lugar del país con más casos de desapariciones forzadas, antes esta Veracruz, Oaxaca, Michoacán y Chihuahua que ocupa el primer lugar.

Además, refirió que a nivel nacional este año se han reportado más de 7 mil peticiones ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ante el Ejército Mexicano, dependencia que también cuenta con un área especializada para el apoyo de localización de personas desaparecidas; y en esta última se han presentando más de 11 mil casos de personas desaparecidas.

Cerezo Contreras, agregó, que del total que se han reportado apenas el cinco por ciento representa la localización de la persona y, que los casos más frecuentes ante las desapariciones se presenta en jóvenes de entre 18 a 27 años de edad, después adultos y niños.

En lo que va del año la Comisión de Derechos Humanos Estatal, ha recibido un total de 129 reportes de personas “perdidas”, lo anterior lo confirmó, Omar Siddharterha Martínez Báez, quien es primer visitador general de la dependencia.

Además, expresó que del total de las peticiones que han llegado en manos de la dependencia sólo dos personas, se han localizado.

Sin embargo, la información contrasta con la recabada por la Red de Defensa de los Derechos Humanos (RDDH), pues tienen conocimiento que al menos 1500 personas, han desaparecido en tan sólo dos años.

Según, Israel Sampedro Morales, coordinador general de la RDDH, la periodista Kara Castillo del Diario Puntual solicitó al IFAI que la PGJ diera información sobre los casos de desaparición que existen en la entidad, y la respuesta fue tácita, son 1 500 casos; sin embargo, la información no ha sido sistematizada, este es el primer obstáculo al que se enfrentan los familiares de una persona desaparecida.

A lo anterior se añade que para dar seguimiento a un caso de desaparición la familia debe de tener no sólo el respaldo de su mismo núcleo, sino también la capacidad monetaria para enfrentar los gastos que implica dar seguimiento a su denuncia; entonces las malas condiciones monetarias de la población hacen casi inexistente el acto de hacer público la desaparición.

Para Sampedro Morales “El problema de la no localización de las personas comienza con el cómo reciben la información de la persona desaparecida, cómo la procesan, cómo integran la averiguación previa, cómo hacen los peritajes; entonces estamos en presencia de un problema estructural dentro de las instancias de procuración de justicia”.

Fermín Mariano Matías

Desaparece el 18 de junio de 2009, estudiante de maestría en Geofísica en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además era defensor de los derechos indígenas.

Después de un mes entregan el cuerpo de Mariano Matías, sin vida, el cadáver fue hallado con seis impactos de bala en un paraje conocido como La Macabrona, en San Juan Totoltepec, Tlaxcala.

Lo primero que hizo la familia con el área de acompañamiento de la RDDH, es acudir a diversas instancias para buscar a su familiar, pues consideraban que estaban en presencia de una desaparición forzada.

Sampedro Morales, relata “la familia recibió una llamada del teléfono celular de Mariano Matías, diciendo que dicho teléfono se lo había encontrado en Tlaxcala; así que la búsqueda se traslada a ese estado; y de acuerdo con la información ya habían cruzado datos con las dependencias de Puebla para dar a conocer el hallazgo del cadáver, sin embargo, las instituciones poblanas desconocieron el caso. Lo que significa que por comisión u omisión, hubo inconsistencia en el procedimiento, porque Puebla ya tenía conocimiento del caso, y se cayó”.

Los 14 artesanos

Desaparecen el 15 de julio de 2011, salen de Yehualtepec, Tecamachalco, y se dirigía a Tamaulipas; donde ofertarían sus productos. El 3 de agosto se sabe por última vez de ellos.

El 23 de noviembre del mismo año, localizan el camión en el que viajaban los 14 artesanos entre ellos tres menores de edad, y lo demás no rebasaban los 40 años.

El hijo de uno de los pasajeros en el que viajaban los artesanos, externó su preocupación en torno a las declaraciones de Rubén Darío Ríos, vocero de la Procuraduría de Tamaulipas, en el sentido que no existía denuncia formal sobre la desaparición de los originarios de Yehualtepec.

Además, agregó que la PGJ de Puebla les pidió las pruebas de ADN y demás requisitos para conformar la averiguación, por lo que dijo tener conocimiento de que la denuncia fue canalizada a Tamaulipas.

Chignahuapan

Andrés Ascensión Téllez González, desapareció junto con su amigo Braulio Hernández Bravo, cuando viajaban de Puebla a Tamaulipas.

Su madre María Ignacia González Vela, tuvo contacto por última vez con él vía celular, un día después de que partió a Tamaulipas.

Otras dos personas más dedicadas a la venta de madera, desaparecieron cuando se dirigían al estado de Tamaulipas a vender su mercancía, a bordo de un camión Dina Torton de tres toneladas.

Amando Mendoza Velázquez

Desaparece el 10 de abril de 2012 , la familia denuncia pública y jurídicamente la desaparición detienen a tres implicados, quienes declaran que Mendoza Velázquez estaba muerto, y quien lo mató está prófugo; sin embargo, hasta la fecha no han encontrado el cuerpo.

El rasgo característico de este caso es que se las autoridades pidieron el apoyo de la 25 Zona Militar para realizar la búsqueda del cuerpo; además a esto sumamos que la PGJ pide a los familiares se reserven la información para no entorpecer el proceso; sin embargo la dependencia, vía red social twitter publicó documentos de la investigación; lo que causó extrañeza a los familiares, pues eso generaría el entorpecimiento del caso.

El reflejo de la criminalidad

En diciembre de 2011 el gobierno del estado envió al Congreso un paquete de iniciativas para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código de Defensa Social, con lo cual se tipifican varios delitos entre ellos la desaparición forzada de personas.

Sin embargo, por qué tipificar como delito, un delito que desde la perspectiva de las autoridades, no existe, o no se ha dado, al menos es lo que expresó Martínez Báez, visitador de derechos humanos en la entidad, quien aseguró que hasta el momento no se tiene ningún reporte de desapariciones forzadas en Puebla.

El 4 de enero del año en curso se adicionó por decretó al Código de Defensa Social del estado de Puebla, el artículo 304 bis. Que a la letra dice lo siguiente: “Al servidor público que con motivo de sus atribuciones sin causa legítima, detenga a una o varias personas con la finalidad de ocultarlo, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero (…).

Es precisamente en el concepto de causa legítima lo que provoca escozor, pues entonces el funcionario puede llevar a cabo la desaparición forzada de una persona siempre y cuando tenga una causa legítima, pero ¿quién establece los criterios de esta causa legítima?.

Además, estamos en presencia de una contraposición de leyes no sólo nacionales e internacionales, que el gobierno mexicano ha reconocido, como por ejemplo la Constitución Política, en su artículo 16, que expresa: “(…) La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad (…)”.

La gravedad de haber tipificado el delito de desaparición forzada recae no sólo en el no reconocimiento de este en el estado, además agregamos que el gobierno se exime de su responsabilidad, lo que ahonda y pueden llegar a incrementar los casos de desaparición forzada pues el Estado actúa por omisión y comisión, según se le presente el caso.

“Supongamos que el Estado no está involucrado, pero sí es responsable de la no presentación de los desaparecidos”, sentenció Sampedro Morales.