Llevan al Estado mexicano ante tribunal ciudadano

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Héctor Cerezo, integrante del Comité Cerezo México, señaló que entre los casos que se presentarán en la audiencia que se llevará a cabo el próximo 28 de mayo en Ciudad Juárez, están los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco, Estado de México.

México, DF, 9 may 12 (CIMAC).- La masacre de Acteal en 1997, la represión policiaca de Atenco en 2006 y la violencia feminicida en Ciudad Juárez durante los últimos seis años, son algunos de los casos emblemáticos de la represión y de la violencia que ejerce el Estado mexicano contra la población civil, denunciaron activistas.

El asesinato y la tortura sexual son dos políticas implementadas por el Estado para desarticular movimientos sociales, y evitar la organización de los pueblos que se oponen a mega proyectos, como hidroeléctricas, carreteras o aeropuertos, dijeron defensores de Derechos Humanos (DH) en rueda de prensa.

Por ello anunciaron que presentarán estos tres casos ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), un tribunal de carácter ético y moral que aunque no es jurisdiccional juzgará al Estado mexicano por sus acciones u omisiones en materia de DH.

Clemencia Correa, profesora de posgrado de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), recordó que el TTP es un espacio que busca rescatar la voz de las víctimas y develar la impunidad que se vive en el país.

Héctor Cerezo, integrante del Comité Cerezo México, señaló que entre los casos que se presentarán en la audiencia que se llevará a cabo el próximo 28 de mayo en Ciudad Juárez, están los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco, Estado de México.

Según el activista el caso Atenco es un ejemplo de lo que llamó una “guerra de baja intensidad” emprendida por el gobierno federal, para acallar a la población civil organizada que se opone a megaproyectos como el aeropuerto que se pretendía construir en Atenco.

En el caso de esa represión, el activista sostuvo que se hará énfasis en que la tortura sexual contra 26 mujeres, de las cuales 11 presentaron una demanda formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se utiliza como practica recurrente para acallar a las organizaciones.

Asimismo dijo que llevarán ante este tribunal de conciencia la violencia que desde hace seis años se vive en el Valle de Juárez, en Chihuahua, pues afirmó que en este lugar se volvieron comunes los asesinatos y desapariciones en especial de mujeres.

Aseguró que la situación que se vive en la entidad fronteriza es el reflejo de que en nuestro país se ha implementado una estrategia de “terrorismo de Estado” para desplazar a la población.

El activista Camilo Pérez Bustillo señaló que otros dos casos que serán analizados en el TPP son las fosas comunes de San Fernando, Tamaulipas, donde se encontraron los cuerpos de 72 migrantes, un hecho que –dijo– revela el desinterés del Estado por las y los migrantes.

Agregó que un caso más de impunidad es la masacre de Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, cuando un grupo de indígenas tzotziles asesinaron a 45 personas, entre ellas 16 niñas y 18 mujeres, cinco de ellas embarazadas.

Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que también es necesario visibilizar casos de despojo o privatización de los bienes comunitarios por construcciones de hidroeléctricas o minas.

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