Natasha Pitts
Periodista de Adital
Una agremiación formada por cerca de 30 organizaciones, movimientos, frentes y colectivos de derechos humanos de México, junto con profesores universitarios, investigadores, sociólogos y muchos otros ciudadanos y ciudadanas, están movilizados en favor de una Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada. Este delito todavía es una realidad en México y cada día las cifras de personas desaparecidas crecen.
Un llamamiento específico y urgente se hace a los gobernantes de los estados mexicanos que todavía no tipificaron el delito de desaparición forzada, como Nuevo León y varios otros Estados ubicados en el norte del país.
En visita a México, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (ONU) llamó la atención sobre la necesidad de cumplimentar esta iniciativa cuanto antes. El Grupo convocó al Estado Mexicano y a sus gobernantes a trabajar para cumplir con la tipificación. Otro alerta es para que este proceso se realice en forma adecuada y de acuerdo con los tratados internacionales de los cuales México es signatario.
Actualmente, sólo ocho (Aguas Calientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Distrito Federal, Guerrero y Oaxaca) de los 32 Estados ya tipificaron el delito. Aún así, necesitan atención, pues, según la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, la tipificación del delito de desaparición forzada que se señala en ellos –presente en el Artículo 215-A del Código Penal Federal– tiene claras y graves ausencias.
Por estas demandas todavía pendientes es que las organizaciones de familiares de desaparecidos y los movimientos de derechos humanos piden urgencia para cumplimentar las tipificaciones. La Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada solicita en especial que el Congreso del Estado de Nuevo León, en el próximo período Extraordinario de Sesiones, apruebe el parecer que tipifica el delito de desaparición forzada.
Qué es
La desaparición forzada ocurre cuando una persona es privada de su libertad contra su voluntad, es detenida o secuestrada por el Estado o por agentes que actúan en su nombre y cuando los actores se niegan a revelar el paradero de la víctima. En gran parte de los casos las víctimas no son liberadas y su paradero permanece desconocido por tiempo indeterminado.
A pesar de haber sido más común en la segunda mitad del siglo XX, este delito continúa practicándose en varias partes del mundo, violando derechos como: seguridad y dignidad de la persona, derecho a la vida familiar, derecho a la persona jurídica, derecho a juicio justo, a condiciones humanas de reclusión, entre otros.
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com