Luchadores sociales y activistas en la mira

En menos de quince días, tres importantes luchadores sociales y activistas en contra de la violencia que vive el país, fueron agredidos a mansalva: dos de ellos murieron y uno está gravemente herido.

El 28 de noviembre fue asesinado Nepomuceno Moreno Núñez, en pleno centro de Hermosillo, Sonora. Don Nepomuceno Moreno era uno de los activistas destacados del Movimiento por una Paz con Justicia y Dignidad que encabeza Javier Sicilia, pues tal como al poeta, al comerciante sonorense le desaparecieron y asesinaron a su hijo (en junio de 2010).

El 2 de diciembre cuando salía de su trabajo, Norma Andrade recibió tres tiros, que la mantienen en una situación de salud delicada. Norma Andrade es una de las fundadoras y dirigentes del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa de Ciudad Juárez que denuncia la violencia contra las mujeres en esa ciudad y en el estado de Chihuahua.

El 6 de diciembre fue secuestrado Trinidad de la Cruz, dirigente de la comunidad de Ostula, Michoacán. Al día siguiente fue encontrado muerto. Don Trino, como se le conocía al seno del movimiento indígena independiente, ya había sido amenazado con anterioridad y él, al igual que otros dirigentes de Ostula contaban con supuestas medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) apenas el 21 de septiembre pasado.

El mismo 6 de diciembre, fueron secuestrados Marcial Bautista Valle y Eva Fe Alarcón Ortiz, dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Guerrero mientras viajaban en un autobús de pasajeros de Zihuatanejo a la Ciudad de México.

Todos los mencionados participaban, en mayor o menor medida, en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), que como se sabe apostó por una doble estrategia que consistía en la movilización social y en la recolección de casos de violencia y represión, a la vez que aceptaba el diálogo con el gobierno federal de Felipe Calderón.

Pero tras la reciente oleada de asesinatos y secuestro de luchadores sociales y activistas, al interior del MJPD se abrió un debate sobre la conveniencia de seguir en diálogo con el gobierno, pues ya sea por omisión o comisión, el Estado mexicano es corresponsable de dichos actos de violencia.

Independientemente del debate, los hechos indican que decenas o cientos de activistas del MPJD está en la mira. ¿De quién? De asesinos, secuestradores, policías, militares, alcaldes, gobernantes y servidores públicos federales a quienes han exhibido como responsables de las amenazas, extorsiones, secuestros, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que están ocurriendo por miles a lo largo del país en el contexto o como parte de la guerra contra el crimen organizado que lanzó Felipe Calderón hace cinco años.

Pero no solo los integrantes del MJPD, sino miles de defensores de derechos humanos, dirigentes y luchadores sociales de todo el país.

La gravedad de esta situación de represión política generalizada que viven defensores de derechos humanos fue admitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en informe especial dado a conocer en julio de este año.

“Las violaciones a los derechos (…) en perjuicio de defensores de derechos humanos, son cada vez más comunes y constantes”.

Hay cifras de la gravedad de la situación: el Centro de Comunicación Social (Cencos) tienen registrados 68 casos de agresiones contra defensores de derechos humanos en México en lo que va del año.

Por su parte, el Comité Cerezo ha documentado 15 ejecuciones extrajudiciales de defensores de derechos humanos en 2009 y 2010.

El panorama de conjunto es desolador. Los luchadores sociales y los críticos del estado de violencia que se vive en el país están en la mira y están cayendo con la mayor de las impunidades, como deja ver los asesinatos de don Nepomuceno Moreno y de don Trino de la Cruz, quienes habían denunciando las amenazas en su contra y además habían sido sujetos de medidas cautelares por entidades nacionales e internacionales. De de nada sirvió. En el caso del dirigente comunal de Ostula la situación se agrava porque consta que la patrulla de la policía federal que supuestamente lo iba a resguardar se retiró del lugar justo antes de que fuera secuestrado y asesinado.

Parece que hay un estado de guerra contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos a lo largo del país. Debemos parar esta guerra. La experiencia reciente indica que no se puede confiar ni en el gobierno ni en las medidas cautelares. Parece necesario dar un paso atrás, ocultarse debidamente, no exponerse, repensar la lucha y plantear formas de hacer política que cuiden la vida de todos y terminen con esta masacre inmisericorde.

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