EXCLUSIVA.- Falta voluntad política por parte del Estado de implementar políticas que permitan erradicar la desaparición forzada, esclarecer los casos, impartir justicia y reparar el daño a las víctimas de desaparición forzada de la Guerra Sucia y las de la actual lucha contra el crimen organizado.
Al señalar lo anterior, Héctor Cerezo, dirigente de la organización de Derechos Humanos Comité Cerezo México, dijo que de 2005 a la fecha han documentado 28 casos de desaparición forzada en contra de defensores de derechos humanos, 2 casos de integrantes de grupos insurgentes y en seguimiento de medios al menos 3000 personas víctimas de esta violación a los derechos humanos.
Destacó que diversas organizaciones exigen que el Estado presente con vida a todas y a todos los detenidos desaparecidos de ayer y de hoy.
Expuso, en entrevista a la agencia de Noticias Imagen del Golfo, que han llevado a cabo diversas campañas para sumar voluntades y revertir esa tendencia, por lo que se han realizado múltiples actividades como la presentación del manual ¿Qué hacer en caso de desaparición forzada? En agosto de 2010, la presentación del Informe sobre desaparición forzada en México, en 2011en marzo de este año, marchas, talleres de derechos humanos y documentación, encuentros con familiares de víctimas de desaparición forzada, eventos culturales, foros y conferencias sobre la desaparición forzada en México.
Resaltó el luchador social que hacen responsable al Estado mexicano por cualquier acto de represión en contra de los familiares y organizaciones de derechos humanos y sociales que se sumen a las actividades de protesta que realizan.
Dijo que sigue la campaña y actualmente, está integrada por 63 organizaciones a nivel nacional, 24 personas a título individual y 13 organizaciones internacionales. Recalcó que entre sus principales logros está: el manual ¿Qué hacer en caso de desaparición forzada?, el Informe sobre desaparición forzada en México 2011, dos encuentros nacionales de familiares de víctimas de desaparición forzada, organizaciones de derechos humanos y sociales y talleres de documentación, foros, conferencias, eventos culturales y movilizaciones en el marco de la Semana Internacional del detenido desaparecido (23 al 30 de mayo).
Y entre otras demandas, pidió que el Estado, con participación activa de la sociedad, promulgue una Ley General contra la Desaparición Forzada de Personas, a fin de que se garanticen la prevención, sanción y erradicación de la práctica de la desaparición forzada de personas y contemple, asimismo, medidas concretas y eficaces de protección, derecho a la verdad, justicia y reparación integral del daño a las víctimas de esta grave violación a los derechos humanos, incluyendo a las víctimas indirectas;
También que el Estado reforme el Código Penal Federal y los códigos penales estatales para armonizar el tipo penal de desaparición forzada a lo que dicta la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la ONU.
Además que el Estado reforme la Ley de Amparo para que el Estado garantice a toda persona la disponibilidad de un recurso judicial efectivo de protección y acceso a la justicia en casos de desaparición forzada;
Asimismo, que el Estado asuma sus obligaciones en materia de investigación de los hechos, sanción de los responsables y reparación integral del daño para las víctimas de desapariciones forzadas y otras violaciones graves de los derechos humanos durante el período llamado “guerra sucia”, adoptando medidas simbólicas, jurídicas, económicas y políticas para garantizar la satisfacción de las expectativas de justicia transicional en el país y el combate a la impunidad.
De igual modo, que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de investigación, persecución y sanción de casos de desaparición forzada de cualquier persona a fin de combatir efectivamente la impunidad que priva en estos casos;
Entre otros puntos, que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de investigación, persecución y sanción de casos de desaparición forzada de las defensoras y defensores de derechos humanos, así como las amenazas, hostigamiento y ataques contra defensoras y defensores de personas desaparecidas, a fin de combatir efectivamente la impunidad que priva en estos casos.