La colombianización en México un proceso que camina hacia el terrorismo de Estado.

Ponencia del Comité Cerezo en la Casa Lamm
Martes 7 de diciembre de 2010
por  Comité Cerezo México
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En Junio de 2007 la organización de derechos humanos Comité Cerezo México publicó un artículo que titulaba: Terrorismo de Estado: “La colombianización”; la criminalización de la lucha social como estrategia represiva.”

En ese entonces planteábamos que el Estado mexicano pretendía equiparar a los defensores de derechos humanos con delincuentes o terroristas; convencer de que la defensa de los derechos humanos impulsada por éstos era la fuente de conflictos sociales y que la “lucha o guerra contra el narcotráfico” era un pretexto para sacar al ejército a las calles.

En mayo de 2008 en un artículo titulado “Paramilitarismo mexicano” el Comité Cerezo planteaba que el Estado mexicano estaba “formalizando“ la creación de grupos paramilitares con el objetivo de: crear un tercer actor, supuestamente independiente para evadir responsabilidades y mostrarse como un país democrático. En ese entonces plantamos que el Estado ante la lucha de las organizaciones y defensores se vería obligado a crear una instancia de protección para los mismos como en Colombia… mecanismo que hoy dice el gobierno creará…

¿Qué ha sucedido en nuestro país en los últimos cuatro años de lo que ya percibíamos desde el 2007 como su “colombianización”? Las cifras y los métodos para causar terror en la población y someterla a un férreo control son impactantes:

30 mil muertos de 2006 a la fecha

Entre mil y 3 mil desaparecidos.

35 luchadores sociales y defensores de derechos humanos ejecutados extrajudicialmente.

Un número indeterminado de desplazados forzados por la violencia, como ejemplo nombraremos lo que sucede en dos distritos de Chihuahua: según el “Censo de Poblacion y Vivienda 2010, revelan que Guadalupe Distrito Bravos y Praxedis G .Guerrero bajaron la cantidad de habitantes con relación al 2005 un 30 por ciento en promedio.”[1]

Cientos de decapitados, cientos de descuartizados varios dejados frente a escuelas, cientos de quemados en ácido, decenas de fosas comunes, masacres de jóvenes sin ninguna relación con la delincuencia, masacres de migrantes…

Cientos de civiles asesinados en el marco de operativos por parte de las fuerzas armadas contra la llamada delincuencia organizada, nada más como muestra del abuso y la impunidad se contabilizan 6mil 518 quejas por violar derechos humanos contra la Sedena[2] (4 266) y contra la Policía Federal[3] (1 252) desde que inició el presente sexenio hasta septiembre de 2010, de las cuales sólo 212 de las cometidas por la PF han sido investigadas y 64 se han traducido en recomendaciones de la CNDH a la Sedena.

Si comparamos esas cifras con las cifras de violaciones de derechos humanos en Colombia o con el número de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas (38,235 en los últimos tres años y 250mil en 20 años)[4], de desplazados por el conflicto armado interno ( alrededor de 4,5 millones), con las decenas de fosas comunes, una, la más grande de América Latina con más de 2 mil cuerpos; con los métodos para inmovilizar y controlar a la población por medio del terror: descuartizamiento con motosierras, criaderos de cocodrilos para aventar a los luchadores sociales, hornos crematorios, cientos de casos de “falsos positivos”, es decir jóvenes engañados, secuestrados por el ejército y ejecutados extrajudicialmente para presentarlos como guerrilleros muertos en combate y cobrar por ello…podemos ver a simple vista que lo que nos diferencia de manera evidente es la cantidad de atrocidades cometidas en contra de la población civil y lo que nos asemeja es que allá y aquí una “maquinaria” de muerte funciona y que hay responsables de que ésta funcione así.

Sin embargo, no basta con comparar estas dos realidades en su aspecto cuantitativo es necesario buscar las similitudes de los planteamientos que justifican estos hechos, que los promueven y pretenden ocultarlos.

PLAN COLOMBIA-INICIATIVA MÉRIDA: Dos formas de legalizar y de legitimar la construcción de Estados terroristas.

El Plan Colombia fue suscrito en 1999 la principal justificación de su creación, a decir del Estado colombiano, fue la construcción de una alianza internacional para combatir al narcotráfico, al cual definía como una amenaza trasnacional,[5] pero además porque el Estado colombiano no había sabido consolidar su poder, había falta de confianza en la capacidad de las fuerzas armadas, policía y sistema judicial y porque había una crisis de credibilidad en diversos niveles y varias instancias de gobierno.

La solución que se planeó fue aplicar:

“…reformas en el corazón de nuestras instituciones, especialmente en las fuerzas armadas, con el fin de apoyar la ley y recuperar la confianza y la seguridad para todos los colombianos en todos los rincones del país. Para consolidar y mantener el estado de derecho…”[6]

El Plan Colombia consta de diez “estrategias” fundamentales que abarcan aspectos económicos, militares, sociales y de derechos humanos, por supuesto éstos dos últimos subordinados a los primeros dos aspectos.

De esas diez estrategias, transcribimos dos por su importancia:

“4. Una estrategia para la defensa nacional para reestructurar y modernizar las fuerzas armadas y la Policía, para que estos recuperen el estado de derecho, y proporcionen seguridad en todo el territorio nacional, en contra del delito organizado y los grupos armados y para proteger y promover los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitaria.

5. Una estrategia judicial y de derechos humanos, con el fin de reafirmar el estado de derecho y para asegurar una justicia igualitaria e imparcial para todos, y al mismo tiempo que promueva las reformas ya iniciadas en las fuerzas militares y la Policía para garantizar que éstas cumplan con su papel en la defensa y respeto de los derechos y la dignidad de todos.”[7] (el subrayado es nuestro)

 

¿Por qué son importantes estas dos llamadas estrategias?

Principalmente, porque plantean que son las fuerzas armadas y la policía las encargadas de respetar, proteger y promover los derechos humanos ¿no acaso esta es una tarea del Estado en su conjunto, dónde quedan todas sus demás instituciones civiles? Ah, pero el Estado es débil, “no ha sabido consolidar su poder”…y porque también plantea que una estrategia de derechos humanos debe estar orientada a reafirmar un estado de derecho ¿dónde quedan los derechos humanos como una manera de acotar los abusos que se comenten desde el Estado si éstos se ponen al servicio del mismo que los viola?

Apuntemos dos consecuencias dramáticas de estos planteamientos:

  1. Todas las instituciones civiles quedan subordinadas a las fuerzas armadas y policía, pues son las únicas que respetan, protegen y promueven los DH.
  2. Toda estrategia de DH que no reafirme lo que se ha construido como “estado de derecho” es una estrategia que atenta contra él y por lo tanto;
  3. Todos los defensores de derechos humanos que no trabajen para reafirmar el Estado de derecho establecido, son considerados enemigos del mismo…

Y lo anterior no es una deducción teórica únicamente, las cifras que dimos anteriormente son la consecuencia concreta de este planteamiento.

La iniciativa Mérida se firmó en diciembre de 2008 su razón de ser fundamental, a decir de los dos gobiernos, es elevar el nivel de cooperación entre los dos países para mejorar su lucha contra la “delincuencia organizada transnacional”, que por supuesto participa en negocio ilícito de las drogas, y con el objetivo de crear una mutua frontera segura.

La cooperación en diferentes campos incluye, entre otras materias de colaboración:

“intercambio de información, asistencia técnica y transferencias de equipo, tecnología y capacitación, para fortalecer las capacidades de las dependencias mexicanas encargadas de la seguridad, la procuración y la administración de justicia.”[8]

La Iniciativa Mérida consta de “cuatro áreas estratégicas” de las cuales cito dos:

“2. Apoyo mutuo para la adecuación continua del marco para la seguridad y justicia y el fortalecimiento de las instituciones públicas de ambos países responsables del combate a la delincuencia organizada, incluyendo la promoción de la plena observancia de los derechos humanos y de la participación activa de la sociedad civil.

  1. Fortalecimiento de la cohesión social de las comunidades de los dos países, favoreciendo el desarrollo integral de los individuos. Incluye el apoyo a los esfuerzos para atender las causas de raíz del crimen y la violencia, promover la cultura de la legalidad, reducir el uso de drogas ilícitas…” (el subrayado es nuestro).[9]

¿Qué ha significado “la adecuación continua del marco para la seguridad y la justicia? Entre otras cosas:

“Reformas a las leyes primarias y secundarias que restringen la libertad de expresión, manifestación, asociación y el derecho a la protesta social. La modificación al Código Penal Federal del año 2009 respecto al delito de terrorismo, delincuencia organizada, flagrancia, arraigo, allanamiento y…la creación de…la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el 2009…”[10]

Es decir han construido una legalidad con base en leyes que vulneran y violan los derechos humanos, una legalidad que castiga cualquier acto de protesta que cuestione o ponga en riesgo los intereses económicos o políticos del Estado y de la clase dominante o grupos de poder que lo sostienen.

Y el respeto a esa legalidad que se ha construido con base en la restricción de derechos humanos es la que se pretende consolidar con la promoción de lo que llaman “la nueva cultura de la legalidad” que es a su vez una manera a través de la cual “incorporan” a la sociedad civil a los proyectos del Estado para combatir a la delincuencia organizada.

Lo más peligroso de esta promoción de la “nueva cultura de la legalidad” es que pretenden crear personas que no cuestionen la legalidad sea la que esta sea, y que, por el contrario, la refuercen legitimándola y apoyándola incondicionalmente, incluso en detrimento de los derechos humanos de una parte importante de la población.

¿Qué ha significado “promoción de la plena observancia de los derechos humanos” por parte de las instituciones encargadas de la “guerra contra el narcotráfico”?

Qué ahora las fuerzas armadas cuenten con direcciones o subdirecciones de derechos humanos, que la CNDH capacite a militares por medio de cursos o seminarios de derechos humanos, que la fuerzas armadas lleven un conteo de quejas en su contra por violar derechos humanos… es decir, nada que en realidad signifique un compromiso tangible por no violar los derechos humanos, o a lo más a significado reformas al código militar que son insuficientes para quitar el manto de impunidad que cubre a los militares hoy en día.

Pero sobre todo ha significado la pretensión de legitimar a las fuerzas armadas como la instancia que protege y promueve los derechos humanos en contra de los “criminales”, que a decir del jefe del ejecutivo, son los únicos que los violan.

Legitimar de esta manera a las fuerzas armadas significará lo que plantea el Plan Colombia, que éstas se conviertan en la instancia a la cual se subordinen todas las demás instituciones del Estado, es decir significará el fortalecimiento de un Estado cuyo principal pilar no será el cumplimiento pleno de todos los derechos humanos de la población sino el uso de la fuerza para imponer sus intereses económicos y su política.

A manera de conclusión:

El Plan Colombia es una fase superior del desarrollo de la construcción de un Estado terrorista con respecto a la Iniciativa Mérida. Ambos pretenden legalizar y legitimar lo que en la década de los 70s se le nombraría dictaduras militares, sólo que ahora esas dictaduras son encabezadas formalmente por civiles legalmente elegidos en el cargo y gobiernan con un marco legal que viola los derechos humanos.

Ambos planes oficializan un nivel más amplio de cooperación con los Estados Unidos en materia de seguridad y se subordinan a los planes de seguridad que se construyen desde ese país

Aunque los métodos de terror para lograr el control absoluto de la población y el territorio se parecen y en algunos casos son los mismos, la generalización del terror que vivimos en México es menor, evidentemente que en Colombia, aunque en ciudades como Juárez ya no es así. Sin embargo, Colombia es un indicador de lo que aquí puede pasar.

Las formas en que se aplican y desarrollan los planes para ambos países son distintas porque distinta es su historia, su geografía, nivel de organización social y resistencia organizada y porque en Colombia se busca consolidar un Estado terrorista, aquí construirlo.

Por último: estamos convencidos, a pesar de la adversidad, que sólo la organización de la sociedad podrá detener a mediano plazo este proceso de deterioro permanente de los derechos humanos en el país, dependerá de nosotros de todos y cada una de las personas sensibles y conscientes detener esta “maquinaria de muerte” que se ha echado a andar en nuestro país y cuyo objetivo son proteger intereses económicos y políticos ajenos a los de la gran mayoría de la población.

En nuestras manos queda el futuro.

“Por que ser defensor de derechos humanos no es sinónimo de terrorista”

 Comité Cerezo México. 6 de diciembre de 2010.



[7] Ibid.

[9] Ibid.


Comentarios

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La colombianización en México un proceso que camina hacia el terrorismo de Estado.
Jueves 7 de julio de 2011 con 15h19 - por  Defensora

Me parece discriminatoria y generalizante titular "colombianización" el artículo para hacer alusión a los efectos negativos sobre todo cuando es una institución que se dedica a la defensa de los derechos humanos : S

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La colombianización en México un proceso que camina hacia el terrorismo de Estado.
Sábado 11 de diciembre de 2010 con 00h53 - por  ilove this place

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