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Hace 15 años movimientos luchan por aprobación de ley contra desaparición forzada

Lunes 18 de mayo de 2015, por Acompañamiento

"En un informe, la Coordinadora de la Campaña de las Desapariciones Forzadas recomienda que el Estado mexicano abandone la práctica de desaparición forzada, implemente una instancia especializada para buscar a los desaparecidos y establezca un registro público nacional de esos casos. La organización pide también que el Estado promulgue la Ley General contra la Desaparición Forzada, contemplando medidas concretas de protección y reparación a las víctimas y a sus familiares."

Hace 15 años movimientos luchan por aprobación de ley contra desaparición forzada
Cristina Fontenele
Adital
18.05.2015
[ México ]
Organizaciones sociales y familiares luchan desde hace más de 15 años por la creación de una Ley General de prevención y erradicación de la desaparición forzada de personas en México. En 2010, fue creada una Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, exigiendo que el Congreso apruebe la ley, pero el Estado continúa sin aprobarla. Los movimientos enfatizan que la desaparición forzada no es un delito común, sino una violación a los derechos humanos y un delito de lesa humanidad que, en general, es cometido por el propio Estado.

El desaparición forzada ha sido una práctica de gobierno en México. Organizaciones de derechos humanos estiman en 30 mil los casos producidos en los últimos ocho años.

La realidad de las desapariciones forzadas ha sido una práctica de gobierno en México, por lo menos desde la década de 1960, época de la "guerra sucia”, en la cual los opositores políticos eran perseguidos por el Estado. Durante los últimos años, el país ha experimentado un contexto creciente de violencia debido a la llamada "guerra del narcotráfico”, implementada por el gobierno de Felipe Calderón, en 2006. Según datos de las organizaciones de derechos humanos, ocurrieron cerca de 30 mil casos de desapariciones forzadas en el país en los últimos ocho años. Los movimientos denuncian que el gobierno se ha negado a aceptar esas desapariciones, afirmando que se trata de casos aislados y consecuentes de policías "cooptados por el crimen organizado”.

Concepto

Para la Coordinadora de la Campaña, comete el delito de desaparición forzada el agente o servidor público que detenga, aprese, secuestre o prive de libertad a una o más personas, y se niegue a reconocer el acto o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley. También se incluye en el delito aquel que autoriza la desaparición, apoya, permite o tolere que otro lo haga.

Impactos

Familiares de personas desaparecidas enfrentan problemas psicológicos y financieros. No saber si el desaparecido está vivo o muerto genera angustia, depresión, ansiedad, insomnio. Todo el sistema familiar termina siendo afectado. Convivir con la incertidumbre se vuelve un sentimiento permanente.

Surgen también los problemas socioeconómicos. Muchas veces, la víctima era la persona que sustentaba financieramente la casa y la familia, sin acceso a las cuentas ni a la pensión del desaparecido, ésta queda sin recursos. Gastos en la búsqueda del familiar y costos con abogados pueden traer deudas y agotar las economías. El estigma social y el prejuicio de ser familiar de alguien desaparecido también dificultan la búsqueda de trabajo.

La expectativa de rever las desapariciones puede sujetar a los familiares a la condición de "chantaje permanente”. La familia evita protestar por miedo a las represalias y por la idea de que "nada puede contra el Estado”.

El manual "¿Qué hacer en caso de desaparición forzada?”, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos y del Comité Cerezo, explica cómo recurrir a instancias internacionales ante una desaparición forzada. Los familiares de la víctima, el abogado o una organización de derechos humanos pueden presentar la denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), siempre que sean atendidos algunos criterios como, por ejemplo, que se hayan interpuesto y agotados los recursos de la jurisdicción interna.

Recomendaciones

En un informe, la Coordinadora de la Campaña de las Desapariciones Forzadas recomienda que el Estado mexicano abandone la práctica de desaparición forzada, implemente una instancia especializada para buscar a los desaparecidos y establezca un registro público nacional de esos casos. La organización pide también que el Estado promulgue la Ley General contra la Desaparición Forzada, contemplando medidas concretas de protección y reparación a las víctimas y a sus familiares.

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Cristina Fontenele
Estudiante de Periodismo en Faculdades Cearenses (FAC), publicista y Experta en Gestión de Marketing por la Fundação Dom Cabral (FDC/MG).
Correo electrónico
cristina@adital.com.br
crisfonte@hotmail.com


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